Los nuevos cauces del esfuerzo para mejorar la educación en nuestra tierra están por definirse. El eje de lo realizado en 2013 ha sido la evaluación como recurso imprescindible en la coordinación del desconocido conglomerado, que no sistema, de escuelas, alumnos y maestros. La Reforma finca en la valoración (¿aplicación de exámenes a mansalva?) del conocimiento enciclopédico de los docentes el problema fundamental a resolver para conseguir la calidad educativa. Los medios de comunicación han insistido en esto, reduciendo a la capacidad de los profesores la causa del retraso en la materia. Las modificaciones tienen como eje al mentor, no al aprendizaje ni a los estudiantes, tampoco a la infraestructura deplorable de un gran número de instalaciones ni los programas de estudio. Si se revisan los decretos, podrá verse que las palabras que menos aparecen son aprender y alumnos.
Con esta perspectiva, el común denominador de los cambios en la Constitución es que la evaluación de los profesores y las maestras, en funciones o por formar, basta y sobra para impulsar la calidad medida por PISA, ya que ENLACE y EXCALE, las pruebas oriundas, están siendo revisadas, pues tal vez no medían bien, ni valoraban, lo que era importante.
La Ley del Servicio Profesional Docente se agota en la evaluación como medio para ingresar y permanecer en el trabajo: no generó, y es una pena, las líneas para contar con una carrera pautada y clara dedicada a la docencia en la escuela básica. En su Consejo sólo hay autoridades educativas. ¿Jueces y parte?
Con respecto al INEE primero se eligieron a los integrantes de la Junta Directiva y luego a la institución y sus funciones. Extraño proceder. Ya era autónomo y con autoridades, ¿no le correspondía participar, e incluso diseñar, su estructura orgánica? Según se sabe, los cinco consejeros intentaron incidir, pero donde mandaban Pacto y SEP, no gobernó la experiencia en la complejidad del proceso de aprender. Sin embargo, en esa institución se juega parte del nuevo conjunto de disposiciones. El dilema es claro: el INEE puede ser el órgano que legitime las acciones de las autoridades educativas, federales y locales, o será el recurso institucional de la sociedad para exigir que sea transparente la acción gubernamental y adecuada la manera en que se realiza la evaluación tanto de maestros, programas de estudio e infraestructura, y comunicar el estado real que guarda la educación en México. La segunda opción es vital.
La Ley General de Educación, también reformada, entre otras cosas dice que no se permitirán cuotas como condicionamiento para otorgar el servicio. ¿Por qué no prohibirlas de plano? Sabemos que son “disque voluntarias”, y eso vulnera la gratuidad. La capacidad de la escuela para decidir el empleo de recursos públicos es en principio buena, pero hay que supervisar que no se apropien de esas decisiones grupos reducidos…
Ha sido un año intenso. El gobierno dice ya contar con instrumentos para conducir el proceso. Destrabar viejas complicidades está resultando difícil. Una vez definido el horizonte en 2014, podrá iniciar la reforma educativa. Ojalá. En la tele y la radio se dice que ya existe y arribó la calidad a los salones: falso. Los spot no reparan pupitres ni grietas didácticas.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y director Académico de Educación Futura
