La celebración el 12 de junio del Día Mundial contra el Trabajo Infantil obliga una pregunta: ¿Por qué persiste este grave problema que atenta contra el interés superior del niño y las oportunidades para que desarrolle su máximo potencial, en particular su derecho a la educación?
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) establece que los estados tienen la responsabilidad de asegurar al niño protección y cuidado para su bienestar (arts. 3 y 4), en particular contra la explotación económica y el trabajo que sea peligroso o pueda perjudicar su salud o su educación (art. 32).
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, subraya que la inequidad educativa es el principal problema del sistema educativo nacional. Por eso recomienda atender prioritaria y focalizadamente a los sectores con evidente desventaja, como los niños que trabajan.
Sin embargo, pese a que sabemos claramente lo anterior, en México existen aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad que realizan alguna actividad económica. No asiste a la escuela 41.6% de los hombres y 33.7% de las mujeres (Inegi/STPS, 2011)
El Censo 2010 registra un millón 656 mil 449 niños de 12 a 17 años que trabajan, de los cuales no asiste a la escuela un millón 384 mil 183. Esto significa que cuatro de cada cinco niños que trabaja permanece fuera de las aulas (83.6%). La no asistencia es 86.25% mayor entre los que trabajan que entre los que no tienen actividad económica (83.61% frente a 11.5%).
Evidentemente trabajar es una desventaja para que un niño, niña o adolescente pueda ejercer el derecho a la educación. Sin embargo, pese a las dimensiones del problema, el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, del SNDIF, en 2012 apenas entregó 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores en las 28 entidades federativas donde opera (Coneval, evaluación 2012-2013). En este marco no deja de sorprender que el SEDIF Zacatecas, con 26 mil 82 casos de niños de 12 a 17 años que trabajany lugar 25 del país en el indicador, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia www.odisea.org.mx, haya entregado sólo 329 becas este año http://tinyurl.com/nmygz3v
¿Qué está pasando?
Rescataría tres elementos que se relacionan con la mala gestión del problema.
El primero lo aporta Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU (Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, 2010), cuando dice que el principal problema del sistema educativo mexicano “es que la oferta escolar no atiende las desigualdades sociales que en primer lugar perjudican a las poblaciones marginadas, ni introduce acciones estructurales que atiendan con mayor eficiencia sus necesidades, ni tampoco invierte recursos suficientes para su atención (…) pareciera que el sistema reproduce esas desigualdades o avanza muy lentamente en su eliminación”.
En este sentido el INEE señala que en la inequidad anida el descuido, el desinterés, la indolencia: “la mayoría de los programas públicos en educación han sido inerciales y su diseño dista de lo necesario para atender las causas y las consecuencias de dicho problema”. Esto es lo que pasa con los niños que trabajan: no hay políticas que aseguren su atención y garanticen su buen tránsito por la escuela. Los presupuestos de los programas para atender a los niños trabajadores, como ya vimos, son ínfimos.
El segundo, ligado íntimamente al anterior, es que la escuela no funciona al margen del contexto que la rodea. El mismo informe del INEE destaca quemuchos de los problemas que causan la inequidad en educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector. Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos. Por esa razón, el combate a la inequidad educativa necesariamente requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población”.
En tercer lugar añadiría, para cerrar el triángulo, que de acuerdo con Isabel Crowley, representante de Unicef en México, sólo 16% de los niños, niñas y adolescentes ejercen todos sus derechos.
Estamos ante una grave debilidad programática, presupuestal e institucional. Además, las autoridades no están viendo que el combate a la inequidad educativa necesariamente requiere de la construcción de un Sistema Integral de Garantía de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Si asumimos que no llega a dos de cada diez niños, niñas y adolescentes que ejerzan todos sus derechos, podemos entender que la exclusión y el rezago educativo no se pueden aislar de la violación de otros derechos. Estamos frente una realimentación amplia de factores de riego relacionados con la desigualdad de trato y la inequidad económica, que rebasa el ámbito educativo y exige la operación urgente de un Sistema Integral de Garantías, del que deberían participar la Secretaría de Educación Pública y los servicios educativos de los estados.
No atender las desigualdades sociales, reincidir en políticas y presupuestos irrelevantes y desconocer que la inmensa mayoría de los niños no ejercen sus derechos, son elementos imprescindibles para entender por qué persiste el trabajo infantil y por qué los niños trabajadores están excluidos de las oportunidades educativas.
Requerimos una nueva mirada y otro nivel de compromiso. No es posible esperar mejores resultados si año con año hacemos lo mismo: sumarle la inflación al presupuesto anterior, operar irreflexivamente el programa vigente, presentar pobres resultados como éxitos rotundos y tirarnos en la hamaca, a ver si la equidad educativa se produce por arte de magia. ■
Publicado en La Jornada Zacatecas
