Por Alejandra Galván
Casi 30 % de la nómina magisterial presenta alguna anomalía, aseguró Marco Fernández, investigador de México Evalúa, y autor del “Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal” al destacar que en 27 de las 32 entidades federativas, más de 10 por ciento de la nómina docente-administrativa de educación básica, presenta algún tipo de irregularidad.
Edna Jaime, directora general de México Evalúa hizo un llamado a las autoridades estatales y federales, a que corrijan las anomalías detectadas en la nómina docente-administrativa, a cuatro meses de la realización del Censo Educativo a nivel nacional, cuyo costo superó los 700 millones de pesos.
Edna Jaime calificó el censo educativo como “oculto”, y que todavía ‘tiene tela de donde cortar’. Señaló que es muy importante reflexionar sobre dónde nos encontrábamos todos mientras se acumulaban estas irregularidades.
“Han pasado 148 días y no tenemos respuesta de la federación y estados. Hay que llamar a los estados y ponerlos a cuenta”, dijo.
En presencia de Claudio X. González, titular de Mexicanos Primero; y del profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carlos Elizondo, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y autor del estudio, indicó que una de las convicciones que lo llevó a realizar la radiografía, es el problema de la infraestructura educativa.
Además, este estudio evidencia resistencias para transparentar el manejo de los recursos en el sistema educativo y retrata carencias estructurales en las escuelas.
Lo bueno, lo malo y lo feo…
Claudio X. González dividió sus comentarios en tres rubros, en relación con el análisis de México Evalúa, a cuatro meses del censo educativo.
Como bueno, González destacó la reunión de ciudadanos para rendir cuentas sobre el uso de los recursos de los mexicanos. También dentro de esta categoría, colocó a la seriedad y profesionalismo del estudio de Marco Fernández, y el hecho de contar con el primer censo educativo en la historia de México.
Conocer sólo una parte del censo, y la dimensión del problema que hay en términos educativos en el país, están en la categoría de lo malo.
En lo feo, señaló a los estados que tuvieron un alto porcentaje de maestros que no permitieron ser censados, la completa disfunción de organismos de control de los estados, la total impunidad para que los involucrados sigan en un círculo vicioso, y la dejadez de los ciudadanos por décadas.
Carlos Elizondo del CIDE enfatizó que es importante recordar estas irregularidades lo más que podamos, es decir, agotar los escándalos y presionar lo más que se pueda. Y señaló que este estudio debería incluir en su título las palabras “caro” y “parcial”.
Indicó que es caro, porque se tuvo que hacer un gasto de 700 millones de pesos para el censo educativo, con el objetivo de tratar de resolver el desorden. Y parcial, porque no sabemos si el censo es la respuesta, es decir, no sabemos cuántos de los censados, mintieron.
Los 10 estados con mayor porcentaje de irregularidades en su nómina de educación básica son:
| Estado | Porcentaje |
| Querétaro | 23.46 |
| Yucatán | 21.53 |
| Zacatecas | 20.96 |
| Chiapas | 20.57 |
| Colima | 20.46 |
| Guerrero | 18.36 |
| San Luis Potosí | 17.91 |
| Sinaloa | 17.47 |
| Nayarit | 16.20 |
| Tabasco | 15.98 |
El Estudio presentado identifica numerosas anomalías en la nómina magisterial:
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Sobresale la existencia de 30 mil 965 plazas destinadas a personal comisionado o con licencia. Yucatán (5.27 por ciento) y Campeche (4.6 por ciento) son los estados con la mayor proporción de su nómina docente-administrativa en esta condición laboral anómala.
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El Censo comprueba que en las aulas públicas del país persiste el problema de los llamados “aviadores”, ya que 39 mil 222 individuos están asignados a un centro de trabajo donde nadie los conoce. Chiapas es el estado con un porcentaje mayor de su nómina con esta problemática (al menos el 9.44 por ciento de su nómina, aunque este porcentaje podría ser mayor dado el alto número de planteles que no pudieron ser censados debido a las resistencias magisteriales en dicha entidad).
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Existen 114 mil 998 personas que mantienen una plaza docente- administrativa, a pesar de haberse jubilado, haber renunciado e incluso haber fallecido. Los estados con una problemática mayor en este rubro son Morelos con el 8.42 por ciento del total de su nómina docente- administrativa del sector de educación básica; Yucatán (7.93 por ciento), Chihuahua (7.96 por ciento) y Querétaro (6.99 por ciento).
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La autoridad no ha dado a conocer cuántos individuos deberían estar laborando en los 426 planteles “fantasma” que no fueron censados debido a que el personal del INEGI no pudo localizarlos.
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Se detectaron 36 mil 046 individuos que recibieron los cuestionarios del INEGI y se negaron a contestarlos. Además, aproximadamente 158 mil 765 personas no fueron censadas porque se rehusaron a recibir al personal que levantó el Censo educativo.5
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En total, en 27 de 32 entidades federativas, más del 10 por ciento de la nómina educativa recae en alguna de las irregularidades anteriormente descritas. A nivel nacional estas irregularidades representan en promedio el 13.27 por ciento de la nómina de educación básica. Chiapas, Michoacán y Oaxaca son las entidades con la mayor resistencia del personal a ser censado y, por ende, de las que se tiene información más incompleta. Dejando al lado estas entidades, los estados con el mayor número de irregularidades son: Querétaro (23.46 por ciento de su nómina presenta alguna anomalía), Yucatán (21.53 por ciento), Zacatecas (20.96 por ciento) y Colima (20.46 por ciento).
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Destacan 17 mil 859 personas que tienen tres plazas y 5 mil 671 con cuatro o más plazas. Los estados con el mayor número de estos casos son Colima (5.54 por ciento de su nómina tiene estas características) y Aguascalientes con 4.56 por ciento.
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Estuvieron ausentes cuando se realizó el levantamiento del Censo 98 mil 576 maestros y trabajadores administrativos. Destacan tres estados con porcentajes muy elevados de ausencias durante el levantamiento del Censo: Nayarit (9.74 por ciento), Aguascalientes (7.66 por ciento) y Coahuila (7.14).
Finalmente, Marco Fernández recordó que el Censo detectó 426 escuelas fantasma, sin que hasta ahora la autoridad haya informado si destinó presupuestos a estos planteles y qué plazas supuestamente estaban asignadas a dichas escuelas. El estado donde se detectó el mayor número de estas escuelas es Durango, con 148.
Las deficiencias en la infraestructura de los planteles reveladas por el Censo son otro elemento de preocupación, señaló el investigador. En este ámbito, Chiapas lidera en su proporción de escuelas sin agua corriente (59.9 por ciento), con techo inadecuado (57.9 por ciento), con piso de tierra (12.7 por ciento) o con paredes frágiles (6.8 por ciento), mientras que Oaxaca registra el mayor porcentaje de escuelas sin drenaje (82.4 por ciento). “Parte de estas deficiencias podrían ser atendidas si las autoridades dejaran de realizar los pagos indebidos correspondientes a las anomalías detectadas, las cuales representan un costo al erario que oscila entre los 16 mil millones de pesos y los 51 mil millones de pesos”, destacó Marco Fernández.
“Hace una semana, el Presidente anunció un programa de 7 mil 500 millones de pesos para corregir problemas estructurales en 20 mil escuelas”, agregó. “Esta cantidad podría por lo menos duplicarse si las autoridades terminaran con las anomalías en la nómina magisterial y administrativa de educación básica”.
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