Ninguna autoridad puede basar su capacidad para influir en sus subalternos en la aplicación de la normatividad pertinente o, en casos extremos, en el ejercicio de la violencia, ya sea ésta física o “institucional” (aplicación discrecional e inclusive arbitraria de la normatividad). Si una organización ha de funcionar adecuadamente sus autoridades deben poseer un mínimo de legitimidad.
La legitimidad, o el reconocimiento de que la persona que ocupa un cierto cargo merece ser escuchada, respetada y atendida en sus instrucciones u órdenes, sin que tenga que recurrir a la coerción o a la violencia, es todavía más importante cuando la autoridad no está en condiciones de supervisar estrechamente a cada uno de sus subalternos para asegurarse que sus instrucciones son implementadas. La legitimidad, además, está asociada con la creencia de que la autoridad tiene como prioridad el bien de la organización, y no el suyo, aunque los intereses personales pueden considerarse aceptables en tanto no entren en conflicto con el bien de la organización.
En el caso de una universidad, el que sus autoridades cuenten con una legitimidad adecuada (no es lo mismo ser coordinador de una carrera que director de una facultad, o coordinador de una función a nivel institucional que, en última instancia, rector) es particularmente importante, ya que el núcleo de sus integrantes son personas con un alto nivel educativo y, se asume, con una alta capacidad crítica. En el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, sin embargo, se ha dado durante los últimos tiempos un proceso en el que sus autoridades y sus estructuras de gobierno, han perdido legitimidad ante los ojos de diferentes sectores de su comunidad, del gobierno estatal y de la población en general.
Durante la última sucesión rectoral se presentaron una serie de situaciones en las que fue evidente la existencia de al menos dos grupos dentro de la UABC. Independientemente de los méritos académicos de cada uno de ellos, la dinámica al interior de la Junta de Gobierno llevó a la separación de la misma del Dr. Leonel Cota, y a la cuestionada designación como rector del Dr. Felipe Cuamea Velázquez por una mayoría construida facciosamente. Todo ello ocasionó que las autoridades que asumieron el control de la universidad lo hicieran con una legitimidad muy limitada. El nombramiento de algunos colaboradores del rector, por otro lado, no hizo sino disminuir aún más dicha legitimidad.
A un nivel más específico, a partir de la última sucesión rectoral se ha extendido la imagen de que la UABC ha estado transitando por un proceso de padillización (en referencia al papel que Raúl Padilla López ha jugado en el control de la Universidad de Guadalajara) en el que el Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, a la cabeza de un grupo, ha ocupado el espacio clave para controlar la universidad, la Junta de Gobierno. Con la Junta de Gobierno bajo su influencia, en el contexto de la normatividad vigente, este grupo ha ido creando un monopolio en cuanto a su visión de la universidad y, particularmente, en cuanto a su conducción.
Pero como todo monopolio, empieza por servir y acaba por servirse, que no es lo mismo. Y para servirse adecuadamente es necesario hacer a un lado a los críticos (ahí está el caso del Mtro. Daniel Solorio como caso paradigmático), ubicar a las personas cercanas en puestos de autoridad (revísense los antecedentes de los funcionarios de primer nivel) y hacer caso omiso de toda visión alternativa (hoy en día el portal del Observatorio Académico Universitario tiene enormes dificultades para ser consultado dentro de las instalaciones de la universidad).
No es posible, sin embargo, ejercer la autoridad de las anteriores maneras por mucho tiempo sin que se genere la imagen de una autoridad basada en una especie de violencia institucional y no en el poder que produce la autoridad moral, la argumentación y, en el caso que nos ocupa, el mérito académico de las alternativas de acción contempladas. Ante esta situación la autoridad puede verse “obligada” a construir legitimidad para mantener el poder y, al mismo tiempo, seguir sirviéndose del mismo para sus propios intereses.
En el contexto de la anterior lógica las últimas acciones de la administración rectoral del Dr. Felipe Cuamea Velázquez, incluida una impresionante y costosa campaña publicitaria para hacer ver a la población en general que la UABC es un modelo de universidad pública, cobran un nuevo sentido. En particular, podemos considerar ahora que las últimos acciones emprendidas por la Junta de Gobierno (páneles sobre transparencia y gobierno institucional, consultas para el proceso de designación de rector) tienen como propósito central promover la imagen de que ella es un cuerpo neutral que solamente busca el bien de la universidad. Se trata, entonces, de construir legitimidad para que dicha instancia de gobierno pueda designar al próximo rector sin grandes aspavientos y sin que se le cuestione su decisión, sea quien sea la persona designada, y llámese como se llame.
Ahora bien, ¿es el caso que la autoridad universitaria y el grupo detrás de ella, buscan legitimarse frente a los ojos del personal académico y de sus estudiantes para proseguir con sus proyectos paralelos de servir y servirse? Puesto que en ninguno de los dos casos hay señales de que se pueda originar una competencia por los puestos de poder, nos parece más razonable la hipótesis que varios analistas han expresado: el gobierno del estado está interesado en que las personas asociadas con la conducción de la UABC cambien, y eso sí que, en el contexto político mexicano, es una amenaza (considérense las últimas declaraciones del Congreso del Estado sobre las presuntas inversiones bursátiles ilegales por parte de la universidad). Dada esta suposición, el grupo que ha detentado el poder en la universidad está haciendo todo lo posible para construirse la imagen de una autoridad legítima. El mensaje que se quiere mandar es que la UABC es una familia feliz, que la autoridad está haciendo su trabajo con un nivel de excelencia inmejorable, y que lo mejor que puede hacer el gobierno del estado es no meterse y dejar a este grupo seguir haciendo su trabajo.
Así, se ha lanzado una convocatoria para una consulta dentro del proceso de designación de rector para el periodo 2015-2019. La iniciativa recuerda mucho las consultas populares de las campañas y gobiernos priístas, en las cuales se creaba la expectativa de cambio, la gente participaba y al final, luego de que todo había cambiado, todo seguía igual. ¿Se ajustará la consulta universitaria convocada a este modelo priísta? ¿Será esta consulta parte de una estrategia de batalla para ganar legitimidad y, con ello, permitir que el Grupo Mungaray y la Junta de Gobierno adjunta pueda enfrentarse a un poder externo a la universidad, el gobierno del estado más específicamente, que da señales de “interesarse” en ella?
Algunos sectores de la comunidad universitaria observamos con atención la dinámica que hemos descrito. Indudablemente, no todos interpretamos los hechos mencionados de la misma manera, pero los eventos se están sucediendo y el esfuerzo por comprenderlos es, de la misma manera, indiscutiblemente necesario. ¿No será posible que de esta dinámica resulte fortalecida la comunidad universitaria y, con ello, la sociedad bajacaliforniana en su conjunto?, ¿Qué sería necesario hacer para que la comunidad universitaria tuviera un papel significativo en este proceso de sucesión rectoral que se aproxima?, ¿O será suficiente con ser consultados?
