La desigualdad social es una constante en todas las sociedades. A las escuelas asisten alumnos con diferentes características, que los impulsan u obstaculizan para lograr el aprendizaje esperado de cada nivel educativo. Estas condiciones socioeconómicas desiguales se corresponden con los resultados educativos.
Esta noción la trabajaron Bourdieu y Passeron (2008), para considerar que dentro de las prácticas educativas hay miembros que difieren, tanto por su pasado social, como por su futuro profesional. El aprendizaje que logren, está fuertemente condicionado por las cualidades de sus familias de procedencia, ya que los niños son herederos de ese capital cultural.
Ese bagaje diverso (o conocimientos previos, o curriculum oculto), es el punto de partida de la práctica escolar. Los profesores diagnostican a sus alumnos en los primeros días de clase, o al inicio de cada tema, y se dan cuenta de que hay una disparidad tan amplia, como el número de alumnos que se atiende. Y sobre ese terreno, que tiene tantos desniveles, se tienen que trabajar los planes de educación básica.
Para el caso de México, desde la década de los 70, Carlos Muñoz Izquierdo coordinó un equipo de investigadores para analizar el origen y consecuencias de las desigualdades educativas (que luego se publicaría en 1996). En el modelo de análisis contemplaron cuatro factores que intervienen en el aprovechamiento escolar: Características de los alumnos, Insumos físicos, Características del maestro, y Actividades del maestro y del grupo.
Poco después del mencionado análisis, sobre la relación entre las desigualdades sociales y las desigualdades educativas, se perfiló una política que abarcara los puntos medulares del desarrollo social. En el sexenio de Carlos Salinas, se inauguró el Programa Nacional de Solidaridad, como política de atención focalizada en millones de pobres. Luego surgió el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), que continuó esa inversión en capital humano de las regiones más pobres durante el mandato de Ernesto Zedillo.
Con el cambio de sexenio, en el 2000, esta política social permaneció, pero cambió su nombre por Programa Oportunidades (PO), y prácticamente se trabajó en la gestión de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Incluso tuvo duración hasta comienzos del sexenio de Enrique Peña, pero ahora la política se llama Programa de Inclusión Social (PROSPERA).
Hira de Gortari y Alicia Ziccardi, (1996) han clasificado estas acciones de gobierno como políticas de estado neoliberal de carácter residual, que se caracterizan por generar una transferencia directa de recursos a las familias para coadyuvar a satisfacer su necesidades. Estas generaciones de programas, han centrado sus objetivos en Salud, Alimentación y Educación, por ello han tenido tanta cercanía con el ámbito educativo.
Estas políticas sociales, parecieran refundar el contrato entre el Gobierno y la Sociedad. En donde la sociedad otorga el reconocimiento y los recursos a una entidad política que se encargará (o debería encargarse) de aplicar la ley y satisfacer las necesidades públicas. Sin embargo lo que ha ocurrido no ha sido el efecto esperado.
Aún en la última versión del Programa Oportunidades, se registraron ciertos ‘vacíos’ que se ubican directamente en el sector educativo. Una de las condiciones imprescindibles para que una familia reciba el apoyo es: que su(s) hijo(s) esté(n) matriculado(s) en una institución educativa. Y a pesar de que se reportan las inasistencias, los alumnos siguen en el padrón del programa, y si regresan meses después, pueden salvar el ciclo y seguir como beneficiarios.
También ocurre que cualquier nivel de desempeño equivale al mismo monto de apoyo. Es decir, si un(a) alumno(a) se esmera y obtiene los mejores puntajes, recibe lo mismo que aquél que apenas logró ser promovido al siguiente nivel. Si bien, este programa se basa en un esquema de corresponsabilidad, no estaría de más el contemplar el rendimiento académico de los estudiantes.
Cronología del último programa.
-El 4 de septiembre de 2014 Rosario Robles presentó el programa PROSPERA, como otra muestra de la “política social de nueva generación”. Expuso el programa como un eje de trabajo de combate a la pobreza, que significa mayores ingresos, empleo, salud, educación y alimentación.
Esta nueva política tiene por cometido la inclusión social, productiva y la incorporación a los servicios financieros de las familias en pobreza. Según la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el programa deja atrás el asistencialismo y busca que las familias salgan adelante con su propio esfuerzo, mediante mayor crecimiento y distribución de la riqueza.
-El 13 de noviembre de este año, fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2015. En el Capítulo II. De los criterios específicos para la operación de los programas, establecen los programas de subsidios del Ramo 20, correspondiente al Desarrollo Social. La población objetivo es aquella que se encuentra en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación.
En el Artículo 28 de ese Decreto se exponen las características de PROSPERA Programa de Inclusión Social. El objeto de este programa será “articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud”. Cabe resaltar que este programa vincula su padrón de estudiantes de educación, básica, con el Programa Nacional de Becas para medio superior y superior.
-El pasado 19 de noviembre, en Washington, se firmó un Programa de cooperación entre el Banco Mundial y el gobierno federal mexicano, por 350 millones de dólares, para impulsar el programa PROSPERA y beneficiar a cerca de 6 millones de familias que viven en zonas marginadas y pobres de México.
En el comunicado del Banco Mundial, se menciona que el gobierno mexicano persigue una nueva estrategia para fortalecer el sistema de protección social, hacerlo más integral e impulsar la movilidad social, y busca vincular las “transferencias condicionadas de efectivo” con actividades productivas y de inclusión financiera. Según el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, “México tiene mucho de qué estar orgulloso en lo que se refiere a protección social”.
¿Va a prosperar?
Aunque haya modificaciones en la política y en la economía, las necesidades sociales y educativas son legítimas y, además de permanecer, se agudizan; la atención de ellas tiene que ser un imperativo ineludible de la agenda pública mexicana.
En la presentación del programa, Rosario Robles puntualizó que “gracias a la Reforma Educativa los niñas y niños de PROSPERA recibirán una educación de excelencia y los colocará en condiciones de igualdad”. Con esto parece, o que le está echando la bolita a Emilio Chuayffet, o que en realidad sí servirá la reforma educativa. Esperemos que sea lo segundo.
La declaración del presidente del Banco Mundial genera una deuda. Entonces, los mexicanos tendremos que sentirnos orgullosos de la protección social, o él tiene que darse una vuelta por México para conocer nuestra realidad social y educativa. Otra vez, esperaremos lo segundo.
Muchos estaremos al pendiente para ver si PROSPERA se convierte en un programa que realmente apunte hacia la mejora de las condiciones sociales y se convierte en un elemento que ayude a cerrar la brecha de las desigualdades en nuestro país.
Lo deseable sería que, con estos apoyos, las desigualdades sociales y educativas no se transfieran intergeneracionalmente, y que los beneficios se reporten en los estudiantes, de modo que las escuelas se conviertan (cada vez más) en canales de movilidad social.
Ya veremos si el programa prospera y rompe con el mito del asistencialismo. No lo quisiéramos ver como capital político, ni tampoco que se convierta en otro capítulo más, de lo mismo.
