Los riesgos de que el gobierno ceda ante los perdedores de las reformas aprobadas en los últimos meses –en particular la educativa y la fiscal– para recuperar margen de maniobra y capacidad de gobierno tras la crisis de credibilidad en la que se encuentra inmerso son considerables y muy preocupantes. Más dramático aún sería que, dentro de las altas esferas del poder político, llegasen a dominar las voces que reclaman mano dura frente a la movilización y la protesta social.
Dados estos riesgos, resulta crucial mantenerse alerta y generar contextos de exigencia social que eleven los costos de decisiones que pudiesen llevar a la materialización de dichos escenarios. En el mismo sentido, sin embargo, y a fin de abonar a una resolución de la crisis actual que, en lugar de llevarnos derechito de regreso al pasado, ofrezca perspectivas para un futuro menos violento, menos injusto y menos mediocre, conviene visibilizar y reconocer aquellos actos y decisiones públicos que pudiesen constituir indicios de que, al menos en parte de la élite gobernante, sigue vivo un ánimo dialogante y reformista.
Al respecto y en lo que hace al ámbito educativo, dos sucesos recientes aportan evidencia de que no todo está perdido y de que sigue habiendo dentro y fuera del gobierno actores dispuestos a no ceder frente la tentación de la cerrazón y la polarización al infinito. Me refiero, en concreto, a la negociación del acuerdo entre la SEP y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, así como a la decisión de esa misma dependencia de acatar la resolución del IFAI en el sentido de hacer pública la información del Censo de Escuelas, Alumnos y Maestros, levantado por el Inegi el año pasado.
Del primero habría que destacar como logros, en primerísimo lugar, el ánimo dialogante de las partes y la capacidad para concretar acuerdos. Lo destaco, en medio de un ambiente tan crispado, pues resulta notable que haya prevalecido entre los estudiantes del Poli y las autoridades de la SEP la prudencia. Por otra parte, entre los acuerdos concretos alcanzados, querría resaltar tres de ellos: la creación de la Defensoría de los Derechos de los Alumnos del IPN; la investigación y erradicación de grupos violentos (porriles) dentro de la institución; y la cancelación de las pensiones vitalicias para los exdirectores generales del IPN, práctica, esta última, que convendría replicar en muchas otras instituciones públicas.
En relación a la publicación, por parte de la SEP, de más información del censo educativo, conviene señalar que si bien se da después de una resolución del IFAI que así le obligó, constituye una buena noticia. Ello, sobre todo, pues dicho acatamiento se produce en un entorno marcado por el fortalecimiento y amplificación de las presiones de grupos del magisterio en contra de la reforma educativa en su conjunto. Esto último debe subrayarse, pues haber diferido la publicación de la información como medio para contener las presiones del magisterio pudiera haber sido una tentación importante en el contexto presente.
En términos sustantivos, la información hecha pública por la SEP amplía el acceso fácil y expedito a información fundamental sobre el sistema educativo. En especial, toda la contenida en el denominado formato 911 –antes sólo disponible por medio de una solicitud específica–, así como la relativa a los perfiles y trayectorias académicas de los maestros.
No se trata de transformaciones de gran envergadura, pero sí son avances. Y conviene reconocerlos. Entre otras cosas, para que siga habiendo más de ese tipo de decisiones y menos de las que ponen en riesgo el cambio, nuestros derechos y nuestras libertades.
Twitter: @BlancaHerediaR
