Como parte de las medidas para construir un “pleno Estado de derecho”, el presidente Peña Nieto dijo: “Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda”.
Con estas palabras el discurso presidencial reconoció, por primera vez en décadas, uno de los problemas más graves y críticos que tiene la sociedad mexicana y que resulta indispensable enfrentar para poder reconstruir un entorno de confianza y certidumbre en el país. El “Estado de derecho”, término equívoco y con múltiples significados como lo muestra ampliamente el reciente debate público sobre el tema, no es una abstracción. Al menos en uno de sus sentidos, se concreta en los incentivos institucionales para que los acuerdos se cumplan, para que las personas puedan reivindicar sus derechos de manera efectiva y para que quienes los violenten, o no cumplan con sus obligaciones, sufran alguna consecuencia. Esto se dice fácil, pero implica contar con un entramado institucional y jurídico muy distinto al que tenemos ahora.
Todos nos hemos encontrado en alguna situación en la que el costo de reivindicar un derecho a través de un litigio o simplemente concluir un trámite para hacer una actividad lícita resulta tan alto que el más básico cálculo racional aconseja dejar las cosas como están. A veces ni siquiera el refranero que augura “más vale un mal arreglo que un buen pleito” resulta aplicable pues no existen las condiciones para llegar al mal arreglo.
¿Qué hacer si los vecinos tiran la basura en la calle frente a mi casa? ¿Qué alternativas tengo si la única es respuesta es “si no le gusta, váyase”? ¿Llamar a la policía? ¿Contratar a un abogado? La simple idea asusta. La vivencia de desprotección, injusticia y frustración en enorme. La situación de los menos favorecidos es aún más dramática. En el fondo, el Estado mexicano no está cumpliendo con una de sus funciones más básicas, que es la de proveer un entorno institucional que permita procesar y resolver los conflictos sociales. Esta ausencia abre la puerta a las soluciones basadas en la justicia por propia mano o, peor aún, a la intervención de la delincuencia organizada en algunas zonas del territorio nacional. Carecemos de un sistema capaz de procesar muchos de los conflictos, o bien hacerlo a un costo muy alto. El efecto neto es dejar a muchos miles de mexicanos en virtual estado de desprotección.
El Presidente de la República le solicitó al CIDE que encabezara una amplia consulta sobre el tema y que elaborara recomendaciones para enfrentar esta crítica situación. La iniciativa es bienvenida y el reto enorme. A partir de enero comenzaremos por escuchar a los ciudadanos para convocar después a los expertos que seguramente podrán ofrecer alternativas realistas, viables e innovadoras. Se trata de crear un auténtico espacio público de diálogo que permita transitar del agravio a las soluciones.
A pocos días de iniciar esta tarea hemos recibido múltiples testimonios personales que relatan historias que nunca debieron pasar. Sabemos que no existen soluciones mágicas que permitan cambiar el estado de cosas de la noche a la mañana y que las recomendaciones constituirán, en el mejor de los casos, las bases para generar una nueva política pública de acceso a la justicia que sea una puerta de entrada a la reconstrucción de la solidaridad y confianza comunitarias. El asunto está en comenzar una transformación institucional que, bien entendida, implica sentar nuevas bases para asegurar que se cumplan las reglas más básicas de convivencia democrática en una sociedad plural y compleja, como la nuestra.
Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
