Excélsior informó el domingo 11 que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda seguirán pagando los salarios a los maestros paristas y a todos aquellos que falten a clases mientras no haya una solicitud de los gobiernos de los estados para que esas dependencias procedan a hacer descuentos.
Parece que a final de cuentas llegaron a ninguna parte las jornadas que comenzaron con desplantes de académicos y periodistas que pedían mayor vigilancia de los fondos que el gobierno federal transfería a los estados para pagar a los trabajadores de la educación. Buena parte de las reformas que comenzaron con las enmiendas al artículo 3 de la Constitución se deben a exigencias de organizaciones civiles que, desde hace décadas, pugnan por transparencia y rendición de cuentas. Recuerdo que en algún foro en Guadalajara, poco después de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de mayo de 1992, el hoy coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, y yo coincidimos en la exigencia de una “auditoría general de plazas”.
Aquellos reclamos y los que hacían colegas en artículos y ponencias no tuvieron ninguna consecuencia práctica. Pero a mediados de la primera década de este siglo asociaciones civiles, bien organizadas, con financiamiento sólido y capacidad de hacerse escuchar en los medios, comenzaron también a presionar. Mexicanos Primero obtuvo que la Cámara de Diputados exigiera a la SEP que publicara el número de maestros y cuánto cobraban; que la información se rindiera escuela por escuela. Se trató del famoso Padrón de maestros.
Fue un éxito parcial. La SEP, entonces bajo el mando de Alonso Lujambio, no pudo forzar a todos los estados a que le entregaran la información. Unos se la dieron como quisieron otros ni siquiera acusaron recibo de la petición. De cualquier manera, algo se logró. Durante la campaña por la Presidencia en 2012, aquélla y otras organizaciones civiles pleiteaban por poner en la agenda pública las reformas a la educación. Si no los candidatos, cuadros importantes de los partidos políticos prestaron oídos.
Eso se reflejó en el Pacto por México. El Acuerdo 7 señaló la necesidad de contar con un Sistema de Información y Gestión Educativa: “Se creará el Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos, que le permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo”.
Aunque ciertos diputados impugnaron el asunto, en el artículo quinto transitorio quedó plasmada la integración de dicho sistema y ordenó que durante 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizara el censo.
Costó mucho. El gobierno invirtió recursos y capital político, pero el censo se realizó. A pesar de que —como era previsible— en Oaxaca, Guerrero y Michoacán los maestros disidentes lo boicotearon, se logró empadronar a 90% del personal y escuelas. Los resultados causaron desazón. Luego vinieron las conciliaciones entre las plantillas y las nóminas, un tiempo de espera que el grupo dominante en el sindicato aprovechó para ablandar a los gobernadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para doblegar a la Secretaría de Gobernación.
Las concesiones a la CNTE, las chapuzas en los estados y la falta de transparencia desesperaban a los defensores de la reforma. No obstante, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, alegró a ciertos oídos cuando el 20 de diciembre de 2013, al presentar los resultados del Cierre del Levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, sentenció que hubo: “Escuelas de Oaxaca, Michoacán y Chiapas que se negaron a ser encuestadas, pero el 1 de enero de 2015 los trabajadores que no participaron estarán fuera de la nómina y ahí ‘se sentirán las consecuencias’, porque no recibirán sus sueldos” (Excélsior, 21/XII/2013). Ésa y otras declaraciones, como dicen los críticos, corren el riego de quedar en baladronadas.
Lo digo porque quedará intacto el salario de quienes no den clases, puesto que las decisiones corresponden a los estados. Vivimos en una política esquizofrénica: centralista cuando se puede, federalista cuando no.
*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
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