La primera reforma estructural del Pacto por México (la educativa) corre el riesgo de diluirse y quedar en buenas intenciones. A ello han contribuido factores diversos, entre los que destacan: los obstáculos políticos, los burocráticos y los relativos a la ausencia de definiciones puntuales sobre sus objetivos propiamente educativos –contenidos y pedagogías.
Encabezan la lista de problemas que han venido y siguen obstaculizando la instrumentación exitosa de la reforma educativa los factores políticos. Al respecto, los cuatro temas más importantes son: las exigencias sin límite de los segmentos más radicales y politizados del magisterio (la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación); la falta de coordinación en la respuesta gubernamental frente a esas exigencias (por ejemplo: INEE trabajando por cumplir la ley en materia de evaluación docente y la Secretaría de Gobernación negociando con los opositores exenciones a la norma); la falta de cooperación de diversos gobiernos estatales (especialmente en lo relativo a la depuración de la nómina docente); y la incapacidad de los impulsores de la reforma educativa para obtener el apoyo a la misma por parte de, al menos, una masa crítica de docentes, así como del amplio espectro de grupos y actores sociales que pudiesen beneficiarse de ella.
A los obstáculos políticos mencionados, habría que añadir los muy serios problemas que enfrenta la propia burocracia educativa encargada de operarla en los hechos –tanto la federal como las estatales–, en términos de estructuras funcionales y recursos humanos idóneos. Finalmente, habría que agregar los obstáculos derivados de la falta de definiciones claras en lo que hace a los contenidos y pedagogías que tendrían que orientar la reforma. Lo primero plantea retos mayúsculos, pues limita gravemente la capacidad organizacional de las autoridades educativas para sacar adelante la reforma. Lo segundo resulta grave, pues priva a la reforma de un norte capaz de inspirar, dar rumbo y movilizar voluntades a favor del cambio.
En términos de economía política, el mayor desafío general que enfrenta la instrumentación de la reforma educativa en el momento presente es el desbalance entre la capacidad organizativa y movilizadora de sus opositores, por un lado, y de sus impulsores, por otro. En resumen, lo que nos tiene donde estamos es que, hasta el momento, pareciera que van ganando los primeros y no queda claro cuál es el plan de los segundos para retomar la delantera.
Para salir del impasse, conviene, en primerísimo término, reconocer que los intereses afectados adversamente por esta reforma son muchos y muy poderosos. Por ello y a fin de limitar el costo en materia de gobernabilidad que pudiese implicar su aplicación a rajatabla (en un contexto, por lo demás, enormemente complejo en esa materia), habría que enfocar los esfuerzos y definir un conjunto limitado de prioridades para el corto plazo.
A fin de revertir la posición dominante de los opositores/perdedores de la reforma y robustecer la capacidad de sus impulsores y beneficiarios para retomar la delantera, propongo concentrar la atención en las siguientes prioridades. Primero, revisar la distribución de competencias y facultades entre gobierno federal y gobiernos estatales en el sentido de dotar al primero de las facultades indispensables para sacar adelante la reforma y gobernar el sistema educativo en su conjunto. Segundo, repensar el esquema del Servicio Profesional Docente con miras a establecer una verdadera carrera profesional que ofrezca a los maestros perspectivas de crecimiento profesional con base en resultados, sirva para recompensar conductas deseables, y les genere incentivos para apoyar el cambio. Tercero, transparentar al máximo posible los números de dicho sistema y definir un conjunto acotado de objetivos propiamente educativos para, con ello, inspirar y dotar de instrumentos a sus impulsores, así como ampliar su base social de apoyo.
Twitter: @BlancaHerediaR
