El pasado 9 de febrero el ministro José Fernando Franco González-Salas pidió una disculpa pública por haber dicho que los niños con discapacidad deberían tener una “ubicación especial y separada” de otros menores, porque “pueden perjudicarlos y eso está documentado”.
La disculpa del ministro marca un hito, sin duda. Sin embargo ahí queda que sus reflejos iniciales fueron la discriminación, la segregación, la exclusión. Y 13, 946 cartas pidiendo retirar sus palabras y ofrecer una disculpa pública, que lo hicieron recordar que existen leyes y convenios internacionales, y una recientemente aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede olvidar.
Las palabras del ministro Franco González-Salas, como se dice en la carta, “parecen inconcebibles para alguien de su responsabilidad social y formación intelectual. Nos da vergüenza. Señor ministro, ¿de dónde saca que los niños sin discapacidad se “perjudican”, “impactan” o “les puede afectar” el trato con niños con discapacidad?”
Cuando veo que un ministro de la SCJN tiene ingresos netos por más de 4 millones de pesos anuales, sólo me queda pensar que la “responsabilidad social” y la “formación intelectual” del ministro nos sale muy cara. Bastaba acogerse al artículo 1º constitucional para tener una buena participación durante el Pleno del pasado 5 de febrero.
“No traslade sus prejuicios a nuevas generaciones”
Pero no fue así, por lo que en la carta pública, “le pedimos que no traslade a nuevas generaciones los prejuicios que usted arrastra de otros tiempos, y que todos nos demos a la tarea de combatirlos para lograr una sociedad inclusiva, igualitaria y sin discriminación. Como parte del Estado Mexicano lo anterior es su obligación” (Subrayado del autor).
Nuestro país, dice el documento, “debe cambiar el modelo de guarderías (de segregación y exclusión), por uno donde estén capacitadas para recibir a cualquier niño o niña, independiente de su condición. Todos los niños deben estar juntos en las mismas guarderías que posteriormente serán las mismas escuelas, los mismos lugares de trabajo, el mismo México. No contribuya a la segregación.”
Rectificar ennoblece, sin duda, pero constatar que incluso un ministro puede derrapar así, hace pensar que mentalidades similares cuentan a la hora de constatar que la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad sigue siendo una tarea pendiente desde la educación inicial, hasta la educación básica y media superior.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, revela que del total de niños de 2 a 9 años el “29% está en riesgo de tener alguna discapacidad, lo cual implica que 5, 346 600 niños y niñas necesitan una evaluación y diagnóstico para determinar el tratamiento o acción a realizar para prevenir o disminuir la discapacidad.”
En este marco se antoja una cifra conservadora que en México, de acuerdo con el Censo 2010, 165,412 niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años no asistan a la escuela, superior al tamaño de la población total del municipio de Zacatecas, que era de 129,011 habitantes en ese año. Estamos hablando de un mundo de personas.
Discapacidad: dosis de exclusión adicional
Si bien la exclusión educativa es profunda entre la población en general, la discapacidad añade una dosis de exclusión adicional. Mientras que entre la población de 3 a 17 años la exclusión de la escuela es de 18.38% (no llega a dos de cada diez), entre la población con discapacidad en ese mismo grupo de edad alcanza el 31.27% (tres de cada diez).
El estado más excluyente, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, es Chiapas, donde prácticamente la mitad permanecen fuera de la escuela (47.71%). Le siguen en esta lista Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, donde alrededor de cuatro de cada diez están fuera de las aulas.
El estado con menor proporción de exclusión es el Distrito Federal, con 21.48% de niños y niñas con discapacidad que no asisten a la escuela, lo que significa 8,127 casos. Enseguida aparecen Baja California Sur, Yucatán, Sonora y Coahuila, donde prácticamente la cuarta parte de esta población no asiste a la escuela.
La lupa del Semáforo nos permite decir que en 1,461 municipios del país (de un total de 2,456) se supera el promedio nacional de exclusión de 31.27% Esto es, que en seis de cada diez municipios (59.48%) se supera el promedio del país en el indicador.
En todos los grupos de edad opera, con eficiencia, la segregación. Por ejemplo, no cuenta con escolaridad sólo el 1% de los adolescentes de 15 a 17 años sin discapacidad, mientras que entre la población con discapacidad el porcentaje alcanza el 17%
En el marco de este diagnóstico, y después de la disculpa, el ministro Franco González Salas ya debe tener en cuenta, de acuerdo con el Estado Mundial de la Infancia 2013, de UNICEF, que: “La discriminación sobre la base de la discapacidad es una forma de opresión (…) Allí donde no haya una legislación que prohíba la discriminación sobre la base de la discapacidad, las organizaciones de las personas con discapacidad y la sociedad civil en su conjunto tendrán que seguir desempeñando una función fundamental ejerciendo presión en favor de este tipo de leyes.”
Su disculpa puede indicar que ya considera, como dice ese mismo informe, que “Los gobiernos desempeñan un papel decisivo en la incorporación y puesta en práctica de las medidas legislativas, administrativas y educativas necesarias para proteger a los niños y niñas con discapacidad contra todas las formas de explotación, violencia y abuso. No es apropiado crear sistemas separados para los niños y niñas con discapacidad, ya que la meta debe ser establecer mecanismos de protección incluyentes de alta calidad que sean accesibles y estén adaptados a todos los niños y niñas.”
Esa disculpa puede significar que el ministro hará mejor su trabajo, si considera los derechos de los ciudadanos, antes de seguir una corazonada o su fuero interno. Trabajar para lograr una sociedad inclusiva, igualitaria y sin discriminación es su “obligación”. En este caso, significa asegurar que niños, niñas y adolescentes con discapacidad disfruten en condiciones de igualdad sus derechos con otros niños y niñas, cosa que nos “educa” a todos.
La disculpa es importante porque falta mucho por entender que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, antes que un problema, son “hermanas, hermanos, amigas o amigos que tienen una canción, un juego o un plato favoritos; una hija o un hijo con sueños y el deseo de verlos cumplidos; un niño o una niña que sufre de alguna discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier niña o niño.”
Felicito a Katia D´Artigues y a los impulsores de esa importante solicitud de rectificación porque los niños y niñas con discapacidad están sometidos a múltiples violaciones de derechos. También al ministro Franco González Salas porque su disculpa pública es un ejemplo. En México necesitamos muchas rectificaciones en los altos niveles del estado mexicano y de nuestra vida pública.
@LuisBarquera
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