El presidente Enrique Peña Nieto no las trae todas consigo. Su popularidad y calificación en la plaza pública van a la baja a partir de comienzos de octubre pasado, cuando los hechos de Iguala y Tlatlaya, junto con los escándalos de las casas de las Lomas y Malinalco, lo pusieron como al blanco perfecto. El Presidente hizo poco, lento y mal para quitarse de la mira.
Para muchos analistas el Presidente perdió momentum, sugieren —y acaso lo dicen con la ilusión de que así sea— que ya no lo recuperará, que para fines prácticos su sexenio duró dos años, que las reformas estructurales se quedarán en las leyes y que el gobierno no gobernará. Tal vez haya algo de eso, pero el poder —aun sin que el poderoso lo perciba— seduce y es contagioso, diría Michel Foucault.
Pienso que Peña Nieto no ha construido una tecnología del poder eficaz entre otras razones porque manda mensajes cruzados y contradictorios. Una comunicación discursiva que pone el énfasis en las reformas y el imperio de la ley (o el Estado de derecho). El otro, el de los hechos concretos, que se basa en negociaciones turbias y rutinas perversas.
Las señales que el Presidente envía sobre la Reforma Educativa servirán para ilustrar el punto.
El primero tiene que ver con una oratoria que indica voluntad política, elaborada con base en las reformas legales, en la descripción de ciertos hechos que muestran progreso y en reclamos a quienes nadan de muertito. El vocero principal de este mensaje es el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, quien incluso demanda más reformas a la Ley General de Educación para permitir la intervención del gobierno de la República en los estados y en fijar sanciones para gobernantes y funcionarios que no cumplan. Este recado fue el que rescató la prensa de la sesión de la Conago la semana pasada en Durango.
En contraste con esas trazas legalistas y voluntaristas, el gobierno realiza acciones que las refutan. Las más visibles son las negociaciones que realiza el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes les dispensa violaciones a la ley y recompensa con plazas y prebendas.
Hay otros hechos no tan sonados, pero igual de ominosos. La prensa ya dejó de citar las cifras de la cuenta pública 2013 respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación hace dos semanas. Son terribles. Los estados gastaron más de 759 millones de dólares para pagar casi 135 mil plazas a personas que no laboran, la mayoría aviadores y un porcentaje elevado de comisionados sindicales. Claro, una buena porción va a los estados donde domina la CNTE, pero la mayor parte va para los subordinados de Juan Díaz de la Torre.
Ese dispendio se acordó en los estados donde las secciones del SNTE negociaron durante 2014 la inclusión de aviadores, comisionados y “conciliar” las plantillas para que quienes tengan más de dos plazas aparezcan con una sola percepción. Pero también hay abusos en el Distrito Federal, donde la SEP tiene jurisdicción. Aquí ni siquiera se dan a conocer los rubros de prestaciones.
La retórica no sirve si no se acompaña de acciones consecuentes. El “ya dejen de nadar de muertito” no cala en los gobernadores porque el gobierno central pone el mal ejemplo. Los gobernadores no tienen incentivos para castigar los excesos del SNTE cuando el gobierno federal lo consiente y, además, apapacha a la CNTE. La retórica no los seduce, pero el proceder es contagioso.
La voluntad política no se demuestra con elocuencia, sino con hechos. Cuando el Presidente manda señales discordantes su popularidad y credibilidad decrecen y, en consecuencia, disminuye su legitimidad. Lo peor no es que él pierda en legitimidad. El verdadero desastre es que la educación no se compondrá con mensajes cruzados y una precaria tecnología del poder.
El sexenio aún no se acaba. El secretario Chuayffet leyó otra vez la cartilla a las autoridades estatales; y Sylvia Schmelkes, presidente de la junta de gobierno del INEE, condenó al gobierno de Oaxaca por otorgar ascensos a maestros mediante suma de puntos por actividad sindical. Parecería una vuelta de tuerca, pero en la Segob se negocia la ley. ¡La confusión continúa!
