Uno de los mayores desafíos ante procesos de cambio, que implican transformaciones institucionales y culturales profundas, es lograr que los actores involucrados comprendan los cambios y se apropien de ellos. No es sencillo comunicar efectivamente lo que se pretende lograr y cómo es que un cambio en las prácticas enraizadas beneficiará a los involucrados y a la sociedad. Es también perfectamente comprensible que la incertidumbre genere resistencias. La reforma educativa no es la excepción; entre otras cosas, porque incluye entre sus puntos más controvertidos la instauración de un servicio profesional que asegure que el ingreso a la docencia y la promoción a cargos directivos, así como la permanencia en la carrera docente en la educación obligatoria se lleve a cabo mediante concursos de oposición y evaluaciones de desempeño que garanticen la idoneidad de quienes realizan dichas funciones.
Los sistemas de cuerpos profesionales para garantizar administraciones públicas competentes acordes con las exigencias de los servicios ofrecidos no son una novedad. Estos sistemas contemplan procesos relativos a la organización del trabajo, la gestión del empleo, del rendimiento, de la compensación e incentivos, así como del desarrollo profesional. La instauración de un Servicio Profesional Docente (SPD) en México claramente va en esa dirección. Algunas resistencias son explicables, dada la opacidad de los mecanismos prevalecientes hasta 2013 para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de servidores públicos en el Sistema Educativo Nacional. Pero también debemos identificar las ventajas en el nuevo arreglo institucional. Destaco sólo algunas de ellas:
1) La instalación del mérito como principio rector para el ingreso y desarrollo de la carrera docente, que implica que el reclutamiento sea de carácter abierto para todos los que reúnan los requisitos exigidos, aparejado con procedimientos para evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o clientelismo; igualmente, demanda de las autoridades la operación de mecanismos para garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación.
2) El reconocimiento efectivo de los docentes como sujetos de derecho (corresponsables) en el marco del SPD; y la aplicación de la norma de total transparencia en relación con los criterios de evaluación. Uno de los derechos más importantes es, sin duda, el de que la evaluación se efectúe bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.
3) El combate a la opacidad y la discrecionalidad en relación con “la vara” con la cual serán medidas tanto las cualidades de los aspirantes como el desempeño de quienes están ahora en el servicio. Específicamente, los participantes tienen el derecho de conocer, con por lo menos tres meses de anticipación a la evaluación, toda la información acerca de qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y todo lo relacionado con el proceso, requisitos y consecuencias de las evaluaciones, entre otras.
4) Finalmente, y de manera destacada a mi juicio, el desarrollo profesional docente tiene que ir aparejado de sistemas de formación pertinentes, a la altura de las nuevas demandas constitucionales.
Estamos ante una reforma que refiere a un cambio cultural de las prácticas educativas de docentes, directivos escolares y de mandos medios y superiores, en donde gobiernos, sociedad civil y el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tendrán que definir de manera innovadora las formas como el sistema tiene que reorganizarse para alcanzar su misión en el marco de la ley.
En breve, no se trata de una reforma para “administrar plazas”, ni para “echar a los docentes”, ni para “golpear” a las organizaciones gremiales en su legítima función de defensa de los derechos de sus agremiados. Se trata claramente de buscar el desarrollo de la carrera docente de tal manera que se garantice no sólo el desarrollo profesional de nuestros maestros, sino ante todo de contribuir a garantizar la calidad de la educación obligatoria para todos.
Consejera de la Junta de Gobierno del INEE
