“Las autoridades escolares requieren elementos para administrar los conflictos que se presentan en las unidades escolares”, advirtió el Centro de Investigación y de Docencia Económicas (CIDE) como parte de las 20 propuestas generales para mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia cotidiana.
Para que los directivos tengan esos elementos “es necesario generar y distribuir manuales con protocolos de actuación que sirvan de apoyo a las estructuras institucionales que les permitan canalizar los conflictos más graves y frecuentes en las escuelas”, menciona el documento entregado por Sergio López Ayllón, Director del CIDE, al presidente Peña Nieto, el 27 de abril, y que integra el Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México.
El centro de investigación señala que aunque la Secretaría de Educación Pública “puede ser la responsable del proyecto, deberá realizarlo en conjunto con las entidades de educación pública estatales”.
Adicionalmente a las 20 propuestas generales para mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia cotidiana, el CIDE presentó 217 propuestas puntuales, elaboradas a partir de la encomienda de Peña Nieto de realizar foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar propuestas y recomendaciones.
En el informe presentado en el Museo Nacional de Antropología se define a la justicia cotidiana como “los procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática”.
El CIDE señala que la consulta realizada permitió poner en el debate público uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad mexicana
“la notoria ausencia de incentivos y condiciones para el cumplimiento regular de los acuerdos entre las personas, para la reivindicación efectiva de sus derechos, y para que quienes los violenten o incumplan sus obligaciones, tengan consecuencias por su comportamiento”.
Las 217 propuesta fueron elaboradas por expertos, a partir de los testimonios presentados por ciudadanos en los foros realizados en diferentes estados del país. El CIDE señala que las propuestas “son un programa de acción que puede servir de base para elaborar una política pública de acceso a la justicia de corto, mediano y largo plazo”, en el cual se deben involucrar todos los poderes e instancias de gobierno, así como convocar la participación de la academia y de la sociedad civil.
Entre los problemas mas graves –que requieren de atención urgente– destacan que los procesos de justicia son: largos, costosos y poco flexibles; existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia y para que el resultado solucione los problemas de los ciudadanos; la justicia se percibe como lejana, lo que incrementa la desigualdad social; se privilegia la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y las personas que enfrentan un conflicto no saben adonde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.
El informe puede ser consultado en la página de justicia cotidiana.
