Desde el retorno a las actividades ordinarias del Instituto Politécnico Nacional (7 de enero de 2015), luego de la firma de los acuerdos entre la Asamblea General Politécnica (AGP) y los representantes del gobierno federal que participaron en el diálogo público (4 de noviembre a 5 de diciembre de 2014), la dinámica del conflicto se abrió en dos vertientes. Por una parte, la gradual implementación de los más de setenta compromisos reconocidos por la dirección del IPN como resultado del diálogo, y por otra la presión del movimiento estudiantil para renovar la planta de directores académicos del Politécnico, en particular el conjunto de directores de escuelas, centros y planteles que, por distintas razones, el movimiento calificaba como no deseables.
Una tercera pista de interlocución entre la AGP y la dirección del Politécnico se abrió a partir de la discusión acerca de la composición de la comisión organizadora del congreso politécnico pactado en las mesas de diálogo. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre estudiantes y autoridades y se ve difícil el acceso a una posición consensuada en virtud de la significativa diferencia entre las posturas respectivas.
En materia de implementación de los acuerdos, desde las primeras semanas de enero del año, es decir, inmediatamente después de la reanudación de actividades, el nuevo director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, procedió a la emisión de circulares dirigidas al cuerpo directivo del Politécnico y a los funcionarios de la institución con el objetivo de instrumentar algunos procedimientos contemplados en los acuerdos, entre otros: prohibir a los directivos que otorguen cualquier recurso o privilegio a “personas o grupos que violenten y transgredan los derechos de la comunidad politécnica, que lesionen a las organizaciones de estudiantes que trabajan en beneficio del Instituto y de la sociedad, o que dañen la infraestructura de esta casa de estudios”.
En las circulares también se insta a las autoridades politécnicas del nivel medio superior a que “respeten la disposición de que el nivel medio superior no está incorporado al Sistema Nacional de Bachillerato ni a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, por lo que cualquier cambio en planes y programas de estudio requiere la opinión de la comunidad académica antes de ser ejecutado.” Del mismo modo, una tercera circular, igualmente emitida en enero de 2015, indica que “se evite todo tipo de injerencia o intervención que limite o impida la libre expresión, posicionamiento o votación de los integrantes de los consejos técnicos consultivos escolares.”
El 10 de febrero de 2015 Fernández Fassnacht informó, en rueda de prensa, que hasta ese momento se había cumplido ya 36 de los 73 acuerdos firmados, que una decena más correspondían a las autoridades públicas federales, y que el resto de los acuerdos, bajo competencia del IPN, estaban en proceso de instrumentación. Posteriormente, el 23 de marzo, el director del IPN comunicó que la gran mayoría de los acuerdos específicos se habían cumplido satisfactoriamente aunque restaban algunos de importancia, en particular la integración de la comisión organizadora del congreso, así como la integración de la Defensoría Politécnica de los derechos individuales y colectivos de la comunidad.
La segunda pista del conflicto, consistente en la renovación del cuerpo directivo señalado por la AGP procedió en dos etapas. La primera se cumplió en enero de 2015 con la renuncia “voluntaria” de 24 directivos, entre los cuales la mayoría de los titulares de los centros de bachillerato del IPN.
El 15 de enero el director del IPN informó que había aceptado la renuncia de las autoridades académicas de ESIME, ESIA, UPIITA, UPII, ENCB, ENMH, CICS, ESCA y EST, es decir la mayoría de las unidades profesionales del Politécnico. Asimismo se aceptó renuncia de los directores de los CECYT número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 y 16.
También el 15 de enero estudiantes de otras escuelas profesionales (ESIT, UPIBI, ESIQIEI) y del bachillerato marcharon exigiendo que el programa de destituciones se aplicara también a los directivos de sus centros escolares. En abril se informó que con la renuncia de un total de treinta directivos prácticamente se había cumplido la demanda estudiantil respectiva, aunque aún quedaban casos por revisar y evaluar.
En la dinámica de renovación destacan dos elementos adicionales. Primero, que la movilización del estudiantado politécnico se ha concentrado en ese ángulo de la problemática. Segundo, que la AGP ha aprovechado la coyuntura para incidir, en cierta medida, en la designación de nuevas autoridades. Fernández Fassnacht ha insistido en que, formalmente, la elección de nuevas autoridades ha procedido con apego estricto a la normatividad del Politécnico, lo que seguramente es el caso, no obstante la AGP ha brindado foro a la presentación de proyectos de los candidatos, y en algunos casos manifestado apoyo o rechazo a los nuevos nombramientos.
En estos días continúa el debate sobre la integración de la comisión organizadora del futuro congreso politécnico. La postura de las autoridades es la conformación de un grupo representativo de las comunidades pero de un tamaño razonable para facilitar su operatividad: 15 alumnos, 15 docentes, seis miembros del personal de apoyo y asistencia a la educación y 15 autoridades. Los estudiantes han propuesto también una integración representativa aunque con un número significativamente superior de representantes. Hasta el momento no se ha conseguido acuerdo. Ha estado sobre la mesa la opción de un referéndum que decida si es la propuesta de las autoridades o la de AGP la que debe prevalecer. Esta salida implica riesgos para ambas partes. Ya se verá.
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales
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