Suspender indefinidamente los procesos de evaluación es ilegal, porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) está usurpando la autoridad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), lo cual implica un rompimiento del orden legal y una invasión de esferas de decisión, pues la Coordinación del Servicio Profesional Docente, que es una oficina menor, hace una comunicación unilateral, sin respaldo del órgano constitucional autónomo, señaló en entrevista David Calderón, Director de Mexicanos Primero.
Advirtió que en este sentido, aún sigue vigente el calendario de evaluaciones que presentó el INEE el pasado 26 de febrero de 2015, el cual cumple con lo que marca la ley emanada de la reforma educativa.
No tiene en sí mismo fundamento legal y rompe el proceso definido, quita certeza y afecta gravemente a los casi 250 mil docentes y directivos que ya están inscritos para los procesos de ingreso y promoción.
Reconoció que esta suspensión pareciera un logro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que evidencia la poca capacidad del gobierno para resolver las presiones y chantajes que lanzan los grupos que no se quieren alinear a la legislación en materia educativa.
En este sentido, Mexicanos Primero externó mediante un comunicado (texto completo aquí), que la educación nacional vuelve a quedar en condición de rehén, por el cálculo político y por la ineptitud de las autoridades para asegurar el orden público y la implementación de la ley.
Es una nueva escena de ataque a la reforma, la más grave hasta el momento, pues en este caso es la misma autoridad la que sabotea el proceso, señaló la agrupación.
También afirmó que la suspensión es una afrenta directa al Artículo 3º Constitucional, con un mensaje que no tiene firma de autoridad responsable, ni documento alguno de sustento.
Suspender indefinidamente los procesos de evaluación docente manda un mensaje negativo: el maestro que se capacita y actualiza para presentar el examen debe esperar, mientras que las actitudes antisociales y antieducativas son premiadas. No hay motivo técnico alguno para esta suspensión y se desenmascara así como una peligrosa e ilegal cesión de soberanía ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Provoca una grave falla de credibilidad en el gobierno, y los ciudadanos rechazamos de manera categórica una incongruencia de esta magnitud.
Finalmente, exigió al Presidente de la República que dé marcha atrás a esta decisión que daña la tan necesaria reforma educativa, y que muestre congruencia en implementar lo que la ley manda.
