El comunicado de prensa, a través del cual la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la suspensión de la evaluación docente, “en sí mismo no constituye un acto jurídico, en el momento en que se incumplan las disposiciones establecidas en la ley, en los calendarios, en ese momento se incurrirá en una responsabilidad por omisión”, explicó en entrevista, para Educación Futura, Marco Fernández.
Si el día 9 de junio no se publican las sedes de aplicación de los Instrumentos de Evaluación, tal y como lo estableció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en su calendario, entonces habrá una omisión.
Marco Fernández investigador asociado de México Evalúa y Profesor de la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, explica: “si persiste la decisión y no se cumple con los calendarios, entonces hay una omisión de la autoridad y los funcionarios serían sujetos de responsabilidades, según la Ley de Servidores Públicos, además de que se violaría la Ley de la Administración Pública Federal, porque se están ejerciendo facultades que no se tienen en la ley”.
Si bien el comunicado de prensa no tiene validez jurídica, si da pie a una controversia constitucional, porque “a través de un comunicado anuncian una medida que va en contra de las facultades de otra autoridad. Además, el hecho de que no se cumpla con lo que establece la Constitución en su artículo 3ro, fracción 9, respecto al sistema de evaluación, da lugar a una controversia por omisión”.
La reacción del INEE
Marco Fernández considera que la reacción del INEE no es suficiente, pues “no basta con la condena”, hay que emprender acciones.
“La autonomía no es de adorno, es una facultad jurídica que se tiene que ejercer, a la brevedad debe hacerlo, porque es una muy mala señal que emulen comportamientos contrarios a la democracia, de evadir responder preguntas ante la prensa”, afirma enfático Fernández.
A decir del investigador, el INEE debe convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Evaluación, con base en los artículos 19 y 20 del INEE, lo cual no ha ocurrido.
“A la Comisión Coordinadora la integran las autoridades federales y estatales, eso obligaría a que tuvieran que dar una explicación de por qué la decisión, por parte de la autoridad, incluso si llegasen a echarse para atrás en la decisión, me parece que esa convocatoria es de todas maneras necesarias y sería muy lamentable que el INEE no ejerciera sus facultades y su autonomía”, advierte el investigador.
Sobre el posible escenario que se presentará la próxima semana, Marco Fernández duda: “hay incertidumbre, dependerá de cómo se desarrolló la jornada electoral, depende de que tan radicalizados están estos señores y si persiste la decisión de pasar sobre la autonomía del INEE. Hay quien dice que todo va a ser como antes, no lo se, porque incluso, aunque se restablezca la evaluación, el golpe que se le da a la legalidad en el país, el golpe dado, nadie lo quita como dice el dicho”.
