Proyecto: La reforma educativa en el marco del derecho a la educación y el cosmopolitismo.
Mercedes Ruiz
Leonardo Oliver
Marco Contreras
Universidad Iberoamericana
Ciudad de México
La recuperación de la rectoría de la educación fue el motivo fundacional que dio origen a la reforma educativa y también fue la carta de presentación del acuerdo político con el que inició el sexenio: el Pacto por México. Si bien existe una línea tenue para distinguir si el SNTE acaparó cada vez más prerrogativas dentro del sistema educativo o si el mismo Estado se las cedió, lo cierto es que esa fuerza se fue robusteciendo a lo largo de las últimas décadas, desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) de 1992 hasta la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) de 2008, sin olvidar el paso del yerno de la exlideresa Elba Esther Gordillo por la subsecretaría de educación básica de la SEP, en el sexenio calderonista.
Durante 20 años, el SNTE se arraigó y situó como poder fáctico dentro del sistema educativo. Con ese escenario, las fuerzas políticas ponderadas actuaron, más que el mismo Emilio Chuayffet como secretario de educación fue Miguel Ángel Osorio en su calidad de secretario de gobernación, quien llamó a una confrontación con los poderes fácticos que impiden al Estado desempeñar sus tareas con normalidad (Herrera & Urrutia, La Jornada, 3/12/12). En ese tenor, Chuayffet enfatizó la necesidad de reposicionar a la SEP en su papel de máxima autoridad educativa, por su prevaleciente estado de “archipiélago”, esa dispersión constituía un impedimento para anteponer los mandatos constitucionales sobre esos poderes fácticos. Estos antagonismos encontraban otra voz demandante: Mexicanos Primero urgía la creación de un nuevo reglamento general de trabajo de la SEP y la integración de un sistema de certificación inicial y periódica de los maestros de educación básica (Valle, Reforma, 15/10/12).
Hasta aquí la enumeración de actores y discursos por la rectoría de la educación mediante la reforma, el elemento clave debía de ser la autonomía del INEE, considerado indispensable por los recursos legislativos que se le asignaron en las leyes secundarias. Al INEE se le facultó para coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, atribución que le autoriza ser la máxima autoridad a nivel nacional en la materia; le corresponde diseñar y realizar evaluaciones de los procesos, actores y programas educativos en educación básica y educación media superior. Se trata de una tarea permanente, amplia y trascendente, al mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y resultados de evaluaciones, sustento para el diseño de directrices para mejorar la calidad de la educación, señalar lineamientos a las autoridades educativas en materia de evaluación y generar políticas en materia de evaluación.
Posturas vacilantes
De acuerdo con la Ley General de Educación, corresponde a la SEP seguir los lineamientos del INEE, dar seguimiento a las demandas de la comunidad con respecto al servicio educativo, participar en las evaluaciones y en la aplicación de evaluaciones de desempeño de los docentes. Esta atribución le faculta certificar a los maestros idóneos o a capacitar a quienes estén fuera de este parámetro, y supone dos resultados: la consolidación de la institucionalidad en materia educativa y la recuperación de la rectoría de la educación, ante la exclusión del SNTE en tanto poder fáctico en estos acuerdos.
¿Qué repercusiones pueden advertirse ante las posturas vacilantes de cancelación y reactivación del calendario de la evaluación por parte de la SEP, en el marco de las elecciones intermedias y en un contexto de crisis social? La llama ha reavivado el debate de los poderes fácticos y la recuperación de la rectoría en educación. Algunos actores señalan a la CNTE como un poder fáctico que influyó en la decisión apresurada de la SEP por su amenaza de boicotear las elecciones. Sin embargo, pronunciamientos previos al 1º de Mayo por parte de la misma CNTE ya manifestaban la exigencia de cancelar la evaluación de docentes y el 1º de Junio del año en curso su resistencia se concretó en un paro indefinido. Otro actor fue la SEGOB con su injerencia en negociaciones con la Coordinadora a espaldas de la SEP así como el atropello de ésta a las atribuciones del INEE. En suma, la institucionalidad hipotéticamente planteada en las leyes secundarias se ha violentado. Cabe preguntarse si el desapego a las normas que los mismos promotores de la reforma impulsaron, se instituirá como una práctica continua hasta convertirse en una fórmula sujeta a coyunturas.
Tal parece que las instituciones de Estado creadas para coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, con las características con las que se dotó al INEE, no están preparadas para colocarse bajo esa normatividad asentada en las leyes. Así, reaparece el autoritarismo del operador político, figura que se sitúa por encima de toda institución autónoma y se auto-autoriza a tomar decisiones determinantes. Sólo así se puede estar en posibilidades de ubicar la “suspensión indefinida” del calendario de evaluación de los docentes en el terreno político post-electoral del 7 de junio, refugiándose en argumentos de razones técnicas y de “extrema prudencia”.
Con los comunicados de la SEP se transitó de la incredulidad a la insatisfacción, con el pronunciamiento del INEE y el amparo tramitado por Mexicanos Primero de por medio. En todo esta maniobra hay un dejo de despotismo en la manera en que las instituciones de Estado se autorizan a cancelar y reactivar sus propias medidas, cual soberano que toma decisiones por el pueblo, pero sin el pueblo. Se advierte que en el transcurso y al término de la jornada electoral, la CNTE continuó con su programa de boicot de las elecciones, sobre todo en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Ante esto, Chuayffet indicó a la CNTE plegarse a la evaluación, para disipar las críticas externas sobre la imposición a su agenda. Lo que resulta evidente es que el manejo de las negociaciones con la CNTE se prolongó y estalló en la cancelación de la evaluación como última medida disuasoria. En suma, aparece una práctica de la rectoría que no se sujeta a los lineamientos establecidos y responde a las coyunturas, en ese sentido, ¿en pleno siglo XXI, nos situamos frente a una rectoría confundida con despotismo?
