Si no somos capaces de rebasar las posiciones extremas, e irreductibles, en cuanto a la reforma educativa, que se agotan en el estéril dilema de estar a favor o en contra de la evaluación de los profesores, corremos el riesgo de fracasar en lo que importa: abrir cauces a procesos que mejoren la educación en el país.
Lo que está en juego es eso.
El tema más álgido es el de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es una iniciativa que involucra a muchos actores en un nuevo contexto. Otro escenario. Se proponen cambios de fondo en los procedimientos, reglas y participantes que evaluarán las condiciones para el ingreso, avance, consolidación y permanencia en el trabajo docente y directivo del sistema escolar. El proyecto asigna ciertas funciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): emisión de criterios, parámetros y modalidades adecuadas para cada caso; otras a la SEP federal y a las estatales: llevar a cabo los procesos con eficiencia y claridad. Para ello, le pide al INEE que como responsable del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, expida los lineamientos para seleccionar y capacitar a los evaluadores. La autoridad educativa, se prevé, administrará la asignación de plazas según los resultados de los concursos, diseñará programas de reconocimiento al mérito y para la formación continua del personal. Le manda organizar y operar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. Advierte que ya no habrá asignación de plaza al terminar los estudios, sino concursos. Luego, durante dos años, quien obtenga la oportunidad estará en un proceso de inducción con un tutor. De ser bien juzgado, se sigue un contrato estable. En caso contrario, se da por terminado su nombramiento provisional. Para los docentes actuales, si no se aprueban las evaluaciones, se propone que pasen a retiro o se les ubique en otro espacio del servicio público. Habrá un sistema de formación continua pertinente. La SEP conformará grupos de trabajo para delinear los perfiles, y en ellos habrá maestros, autoridades, expertos y organizaciones civiles.
La parte más delicada, creo, es que la iniciativa de ley señala que con base en la reforma constitucional, habrá un “régimen jurídico especializado” para el personal docente, directivo y de supervisión en la educación básica y media públicas, diferente al de los demás trabajadores del Estado.
El cambio de la situación actual a la que indica la ley es profundo. El éxito de una reforma no sólo depende de lo adecuada que sea, sino de la calidad de la argumentación de sus características. Eso no ha ocurrido. ¿Régimen especial? ¿Evaluadores certificados? ¿Inducción? ¿Grupos de trabajo? ¿Perfiles, parámetros, indicadores? Hay preguntas: ¿qué es eso, de qué se trata, cómo se conforman, quién los decide? Preguntar no es oponerse, es necesario. Discrepar no es negarse a todo, es posible otro sendero. Por su propia importancia, esta iniciativa no merece el desaseo de la prisa. Tampoco la descalificación a golpes. Abramos espacio, y tiempo, para enriquecerla. Eso sí urge.
* Profesor del Colmex
Publicado en El Universal
