El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, imagina una solución para enfrentar y resolver el clima de inestabilidad educativa que prevalece en las entidades en que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, mantiene fuerza de presión para obstaculizar o impedir las medidas asociadas a la reforma educativa, en particular los procesos de evaluación previstos. ¿Cuál es esa solución? Reformular el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) publicado en el Diario Oficial el 19 de mayo de 1992.
El ANMEB fue suscrito por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en calidad de testigo de honor, el secretario del ramo, Ernesto Zedillo Ponce de León, la secretaria general del SNTE, Elba Esther Gordillo, y por cada uno de los gobernadores. El Acuerdo establecía el marco de referencia en torno al cual se firmaron convenios entre la SEP y los gobiernos estatales para distribuir responsabilidades de conducción y operación del sistema de educación básica y educación normal. Señalaba el ANMEB: “de conformidad con dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública ha venido prestando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y la educación especial.”
Así, el ANMEB decretaba el traspaso a los gobiernos estatales de los establecimientos escolares “con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones”, así como los bienes muebles e inmuebles que previamente la SEP administraba, incluso la nómina del magisterio y su distribución. No obstante el carácter federalista del Acuerdo la SEP retenía atribuciones centrales en materia de estructura, organización y orientación de los contenidos educativos del sistema. En particular, la formulación de planes y programas para la educación básica y normal, los materiales educativos y libros de texto gratuitos, así como los programas de actualización del magisterio en servicio.
El ANMEB también contemplaba mantener una relación de orden bilateral con el SNTE. Según la formulación del Acuerdo, “los gobiernos de los estados reconocen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de base que prestan sus servicios en los establecimientos y unidades administrativas que se incorporan al sistema educativo estatal.”
A partir del Acuerdo de 1992 se fueron desarrollando diversas tendencias y pautas de carácter federalista: la aprobación de leyes educativas en los estados, el diseño de programas estatales para el fortalecimiento de las actividades docentes, y la gradual operación de estructuras federalizadas en los niveles de educación media superior y educación superior tecnológica. En el ambiente federalista se integraron, incluso, organismos de evaluación educativas de jurisdicción estatal.
Pero en el federalismo educativo se gestaron también prácticas políticas que minaron la autoridad central de la SEP. Por ejemplo la llamada “doble negociación” de las secciones estatales del SNTE con la Federación y los gobiernos de las entidades. Asimismo el manejo clientelar de los gobernadores y otros poderes estatales de la base magisterial.
En octubre de 2013, en concordancia con el espíritu de la reforma educativa iniciada en 2012, el Senado de la República decretó el reemplazo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), creado en 1992, por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), bajo control centralizado de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP). Con la medida la SEP recuperó la función de distribuir el salario magisterial, pero los gobiernos estatales conservaron la de remitir a las instancias federales la nómina a cubrir.
A raíz de la movilización del magisterio contra la implementación de la reforma y de las nuevas reglas de evaluación docente, el secretario Chuayffet ha manifestado, en varias ocasiones, la necesidad de revisar el marco federalista. En enero de 2015 comunicó en entrevista con Carlos Puig: “hemos elevado al presidente de la República la petición para que en algunas de las reuniones de la CONAGO se pueda ventilar un nuevo acuerdo de federalización o modernización de la organización federal de la educación en México.” (Milenio, 27 de enero 2015). El 26 de marzo, en entrevista con Adela Micha, reiteró: “No tengo esperanza de que las cosas se resuelvan simplemente por el recurso del tiempo, la presión social o la presión de la autoridad. Yo creo que debemos cambiar reglas del juego y debemos cambiar algunas reglas clave” Más recientemente, el 10 de junio, el titular de la SEP, entrevistado por Carlos Marín, apuntó un plazo: “No pasará más de un semestre en que empiecen a darse medidas” (Milenio, 11 de junio).
Para modificar las reglas de juego instauradas por el ANMEB se requiere el consenso de los gobernadores. La duda para transitar ese camino radica en si el Ejecutivo Federal tiene hoy capacidad política suficiente para articular tal consenso. O no.
