La reforma educativa es un hecho. En estos días toca al poder legislativo decidir si se aceptan las iniciativas de ley aprobadas y turnadas al Senado. Desde ayer, 21 de agosto, y hasta el 23 próximo, nuestros representantes tenían en su agenda, discutir y votar las iniciativas de reformas a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
De ambas, la única que tiene que estar lista antes de que finalice agosto es la Ley General del INEE y es también la menos controvertida, lo que garantiza su aprobación sin contratiempos.
Ayer, durante el cerco que realizó la CNTE al Palacio Legislativo, hubo dos momentos clave: el primero, que por la presión de la Coordinadora, salió de la orden del día la discusión de la Ley de Servicios de Profesional Docente (LSPD) , que es la más controvertida por el sistema que plantea para evaluar a los profesores de México. El segundo fue cuando en la madrugada del jueves, los diputados aprobaron, en la sede alterna en el Centro Banamex, las otras dos iniciativas en una discusión que apenas duró unos minutos.
Para entender bien por qué hay tanta inconformidad con la LSPD, hay que desmenuzarla. Leticia Robles de la Rosa en Excelsior del 15 de agosto aclara que esta ley dispone que ninguno de los maestros que ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación sí serán despedidos; quienes ocupan una plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres oportunidades de evaluación para obtener un contrato estable.
En opinión de Jorge Javier Romero, investigador de la UAM e integrante de la Coalición Mexicana por la Educación, esta ley “muestra un trasfondo de falta de discusión, de participación de la sociedad, profesores y especialistas en el tema que llevan muchos años trabajando para mejorar la calidad de la educación en el país”. Además, apunta que la evaluación “debería generar incentivos, no correr profesores”, lo cual generaría mejoras en el sistema educativo con un mecanismo de promoción que resultaría más eficaz. Afirma, Romero, que es increíble que un profesor pueda “pasar de panzazo” y aún así obtener su base. El avance en las reformas tiene que continuar y ve con buenos ojos la suspensión de la aprobación de la LSPD en este periodo extraordinario, para que mejore a través de una discusión integral que permita, para el próximo periodo ordinario, llegar con una iniciativa mejor preparada.
Para Manuel Gil Antón, hay puntos clave dentro de las iniciativas que tienen que ser analizados con cautela. A partir de las modificaciones a la Constitución para la reforma educativa y que incorporan al artículo tercero los temas de calidad, evaluación para ingreso, promoción y permanencia, ha provocado inquietud en el magisterio. A su juicio, la parte más delicada es que ahora el Congreso tiene una nueva facultad en el artículo 73 fracción 25: Organizar el Servicio Profesional Docente.
La Ley Federal del Trabajo cuenta con dos apartados. El apartado A incluye a todos los trabajadores salvo a los que prestan sus servicios al Estado, que están incluidos en el apartado B. El último fue establecido durante la segunda guerra mundial para que los trabajadores no ejercieran su derecho a huelga en momentos bélicos o cuando peligrase la seguridad nacional. La LSPD plantea que adicionalmente a esta diferencia, los trabajadores de la educación en México, tengan un “régimen especial” distinto a los demás trabajadores del Estado. En opinión del investigador del Colegio de México, es explicable que la CNTE de manera abierta y en la calle junto con muchos integrantes del magisterio que no lo expresan, estén preocupados y “pidan que se revise, pues sienten amenazados sus derechos laborales”.
La ya aceptada ley del INEE, estipula que el Instituto generará los criterios de evaluación y que la SEP los aplicará. También señala que se prepararán “evaluadores certificados”. Esto es muy peligroso, señala, pues “en un régimen profesional, los que valoran a sus colegas son profesionales de gran prestigio, esto es, se forman comisiones dictaminadoras, en las que puede estar la autoridad, e incluso otros actores, pero, si es concurso de oposición, la mayoría dentro del grupo de evaluadores deben ser en este caso profesores distinguidos por su experiencia y calidad. Es decir, los que cada día se ‘rajan la madre’ en las aulas a pesar de condiciones muy adversas. Son los más indicados para detectar tanto a los buenos profesores como sus necesidades”.
En cuanto a la Ley General de Educación, este investigador insiste en el respeto a la noción de gratuidad dado que en este aspecto reina una cantidad de desinformación abrumadora. La ley dice que la escuela será gratuita, que están prohibidas cualquier tipo de cuotas si se consideran un pago por el servicio, pero permiten las llamadas cuotas voluntarias. La sensación de inequidad resalta en esta ley: ¿qué pasa si una madre no tiene para dar la cuota?¿A la madre no le interesa la educación de sus hijos? Claro que le importa y debería ser tarea del Estado el cuidado de las instalaciones. Actualmente “los más pobres darán más para sus escuelas, dado que son las que tienen más carencias. Enfatiza que la gratuidad no es para que puedan ir los pobres sino un derecho humano a recibir una educación de calidad con independencia de la clase social: no una dádiva del gobierno”.
Resulta claro que hay mucho que analizar sobre estas leyes y ya que si no confundimos la prisa con la importancia, en las próximas semanas se podrían organizar distintos foros por parte del Legislativo, donde se podrían discutir estos temas. De este modo se podría llenar el gran abismo que hay entre el gobierno y los partidos en las alturas por una parte y el magisterio y la sociedad en el aula y en las calles para hacer más amplia y democrática la discusión. El gran vacío y la falta de debate que hay existen entre estos sectores han provocado que se tenga que salir a las calles a frenar decisiones. Se puede criticar la la forma en que ha actuado la CNTE pero es notorio que ha logrado detener la aprobación de una ley que no estaba bien preparada, quedando esto aceptado por los legisladores. Esto lo han aceptado los propios legisladores.
No debemos tolerar como sociedad que las leyes no hayan sido discutidas a profundidad antes de llegar a las cámaras porque entonces el panorama es muy sombrío: Serán las calles y los bloqueos los únicos recursos para mostrar una falla grande en el sistema que nos representa como ciudadanos.
