El arraigo de la reforma educativa en la sociedad mexicana nos reclama voluntad y compromiso. Nos convoca a trabajar juntos, a todos, con prisa sin antagonismos, con perseverancia; con apertura no con aislamiento; con tolerancia no con cerrazón; con acuerdo y con disensos pero no con espectacularidad; con la precisión —sin ruido— de la crítica dura y propositiva que siempre será bienvenida; con debate pero no con aniquilamiento; con limpieza y sin trampas.
La reforma es la confirmación del compromiso del gobierno de México con la educación pública, laica, gratuita, incluyente y de calidad.
Vasconcelos decía: “toda reforma pedagógica demanda tiempo, humildad, paciencia y voluntad de cooperación”. Estamos en tiempo, vamos juntos a perseverar y a seguir convocando a todos para que la autoridad siga siendo la rectora en materia educativa y que esa rectoría no se traicione, no se vuelva autócrata, no se empantane ni sea motivo de chantaje ni mucho menos, como ha sido algunas veces, de frivolidad.
La reforma educativa no es un hecho consumado situado en la fecha en que se publicó, en que se promulgó; es un proceso permanente y vivo que apenas estamos construyendo en las aulas de México, con todas las decisiones, con el diario empeño de hacerla una realidad.
El derecho a la educación como derecho social se garantiza, materialmente, a través de una actividad prestacional cuyo último responsable y garante es el Estado. En este sentido, rectoría estatal no es sinónimo de monopolio estatal. Mientras que el monopolio supone la prestación exclusiva, la rectoría implica el gobierno y la toma de decisiones fundamentales sobre la forma del qué, del cómo y del cuándo de las prestaciones de un servicio público.
De este modo, rectoría estatal de la educación debe significar la posibilidad de establecer normas, tanto legislativas como administrativas, que tengan vigencia efectiva en la realidad educativa.
Como ha sostenido el jurista Manuel Góngora, los derechos fundamentales de carácter prestacional se componen de un núcleo esencial mínimo, no negociable en el debate democrático, sino que implique derechos subjetivos directamente exigibles mediante la acción de tutela.
En el caso del derecho a la educación, su contenido se puede desprender del llamado bloque de constitucionalidad; es decir, el conjunto de normas de referencia para la validez de las leyes federales y locales compuestos por la propia Constitución y por los tratados internacionales.
La evaluación, si queremos mejorar al sistema educativo de México, necesita ofrecernos con objetividad cuáles son sus puntos débiles para que, con base en valoraciones puntuales, puedan tomarse decisiones inteligentes y precisas para corregir. Para este propósito se constituyó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, existente desde el año 2002, que primero fue ley después decreto.
Se transformó ahora en un organismo autónomo constitucional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, compuesto por una junta de gobierno cuyos integrantes fueron nombrados por ustedes, por una abrumadora mayoría, entre una terna que al efecto remitió el titular del Ejecutivo para cada una de las cinco posiciones que integran la junta de gobierno.
No puede soslayarse que el Senado de la República abrió sus puertas a una elección casi unánime, porque se trata de integrantes que son extraordinarios y honorables, conocedores de la realidad educativa de México.
En el informe del seguimiento de la educación para todos en el mundo 2013‐2014, laborado por la UNESCO, se concluye que los sistemas formativos más exitosos son los que establecen mecanismos para dar mejores resultados en cuanto a la selección de quienes deben dar clase En esa perspectiva, la reforma es ruptura con las viejas prácticas que deterioraron los procedimientos de ingreso y promoción del docente; la evaluación establece un proceso de valoración claro y transparente en su desarrollo profesional. La reforma por la evaluación se proyecta al futuro. Hoy es necesario hacer un esfuerzo para coincidir en que los grupos que se oponen a la reforma no odian el progreso, simplemente quieren ser llevados por la inercia.
* Secretario de Educación Pública
Publicado originalmente en El Universal
