La suspensión inició el primero de junio contra el proyecto de ley Nueva Política Nacional Docente. La iniciativa se oficializó el 20 de abril por la presidenta Michelle Bachelet y el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre y fue remitida al Congreso para su deliberación. Un mes antes, el 20 de mayo, el gobierno chileno había comunicado que tal proyecto formaba parte de la agenda inmediata de la reforma educativa del régimen y que se había emprendido un proceso de consulta con representantes del gremio docente para recoger el punto de vista de la base magisterial.
En el anuncio de la iniciativa, la presidenta Bachelet señaló que “con el Colegio de Profesores desarrollamos mesas de trabajo, ese trabajo comenzó a dar frutos de inmediato”. No obstante, un día antes del anuncio público, el 19 de mayo, los representes de la organización gremial aludida entregaron en el Palacio de la Moneda una carta dirigida a la mandataria chilena en que expresaban su inconformidad con el procedimiento de consulta así como una serie de críticas puntuales al proyecto.
En la carta los representantes hacen notar que el borrador del proyecto fue sometido a una consulta nacional con la base magisterial y que el 96% de las respuestas se manifestaron en contra del mismo. También se indica que el calendario y los temas de discusión propuestos por el Ministerio de Educación para la consulta no fueron respetados. En el mismo documento se apuntan dos vertientes de crítica sobre la nueva política docente.
La primera es que el diseño de la norma, que prevé una política continua de evaluación del magisterio a lo largo de la carrera docente, está basado en la desconfianza. “Se pretende alejar al profesor del aula, obligándolo a certificarse cada cierto número de años, comenzando con la primera al cabo de dos años de ejercicio. Si le va mal, será despedido y si le va bien la desconfianza persiste, porque dentro de 4 años y sucesivamente deberá seguirse certificando y permanentemente tendrá que demostrar sus conocimientos pedagógicos y disciplinares.” Según el Colegio de Profesores la evaluación continua introduce un modo de gestión educativa centrado en el desempeño y la competitividad individual, lo que desvaloriza y resta significado al trabajo magisterial colectivo en el entorno escolar.
La segunda vertiente crítica es que el proyecto omite fórmulas y recursos para la formación continua del magisterio en ejercicio, lo que, a juicio del organismo gremial, es inaceptable en cualquier propuesta de carrera docente. Además no se toman en cuenta las propuestas y demandas del magisterio en materia de estructura salarial y soluciones al retiro y pensión de los maestros en condición de jubilación.
Pero, lo principal, el Colegio de Profesores se ha quejado de que ni en el diseño de la norma ni en la deliberación general de la nueva política docente se involucró al profesorado en calidad de agente protagonista de los cambios que se pretende introducir en el sistema. Con esa posición, el paro se convocó a partir del primero de junio con una demanda central: el retiro del proyecto de ley enviado al Congreso, y su nuevo diseño en concertación con el gremio docente.
La respuesta del gobierno ha sido, hasta el momento, negativa a la demanda de los profesores. El ministro Eyzaguirre se expresó, en todo momento, contrario a esa posibilidad aduciendo que los legisladores están en posibilidad de convocar a los representantes magisteriales para la deliberación de la norma. El 20 de junio, en plena huelga magisterial, Eyzaguirre renunció al cargo y en su lugar fue designada Adriana Delpiano, militante del Partido por la Democracia (PPD). Delpiano es principalmente reconocida por su trabajo con organizaciones civiles involucradas en temas educativos, en particular Educación 2020 que, durante el gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014) jugó un papel de contrapeso sobre las propuestas educativas de ese régimen.
La ministra Delpiano ha mantenido la misma línea política de Bachelet e Eyzaguirre, la de no ceder a la demanda de retirar el proyecto del ley, pero ha alentado, al igual que los legisladores de los partidos del centro y la izquierda en el Congreso, la operación de una mesa tripartita de diálogo, en la que participan el Colegio de Profesores, el ministerio de Educación y los integrantes de la Comisión Educativa del Congreso, para buscar una solución que sea satisfactoria para las partes y se derive en la reanudación de actividades.
Hasta el momento se han celebrado dos sesiones de la mesa tripartita. No se han alcanzado acuerdos, pero hay algunos avances. Entre ellos, que el gobierno está dispuesto a eliminar el examen de ingreso a la carrera docente, dejando en firme el criterio según el cual sólo egresados de carreras acreditadas de pedagogía pueden optar por un puesto de profesor. También se recoge la posibilidad de que se reformule la estructura de las evaluaciones, en materia de plazos y contenidos, y que se puedan contemplar las demandas de formación continua y de programas de jubilación en que el Colegio ha insistido.
En este proceso el tiempo corre en contra. Transcurrido más de un mes de paro, en que los profesores no reciben su sueldo, la continuación del mismo resulta problemática. Aunque las movilizaciones se mantienen han ocurrido incidentes de enfrentamiento con la fuerza pública. La imagen de Bachelet se deteriora en sectores relevantes de la opinión pública, y los diputados que asumieron posiciones relevantes en el Congreso tras haber participado en el movimiento universitario de 2011 están frente al grave dilema de apoyar incondicionalmente las políticas de Bachelet o favorecer el movimiento magisterial.
