A la política educativa se le puede definir como un curso de acciones —implícitas y explícitas— que surge primordialmente desde el gobierno, pero que es recreado de manera constante por los diversos actores sociales y políticos. Esto con el propósito de cumplir con las finalidades que el Estado se va fijando.
Bajo esta noción, se podrían formular algunas preguntas: ¿Cómo se relaciona el Estado con la sociedad para distribuir de manera justa la calidad educativa? ¿Cómo analizar las políticas educativas en un país en donde ya no existe el régimen de partido único y el funcionamiento de las diversas élites es complejo? ¿Cómo interpretar el cambio educativo en un ambiente de creciente pluralidad? ¿Qué pensar de las iniciativas del gobierno en turno cuando la alternacia partidista no se ha traducido en eficiencia? “¿Por qué surge una política y no otras?” (Krawcsyk) ¿Qué papel ha desempeñado la oposición y la intelligentsia en el avance educativo de México en los últimos 20 años?
Para poder responder a estas preguntas, los analistas de políticas tendrán que elegir métodos, teorías y enfoques de las ciencias sociales y políticas y sobre todo, de las políticas (policy sciences), que al aplicarlos, tendrán que renovarse. Éste ha sido otro objetivo primordial de la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa (RELEPE), que organizó el primer encuentro de profesores de política educativa hace unos días.
En este encuentro, fue evidente que una de las definiciones más utilizadas al hablar de política educativa es la de Estado. Pese a ello, su uso también fue demasiado laxo. ¿Qué es el Estado? ¿Un conjunto de instituciones de gobierno? ¿O es la conjunción entre gobierno, población y territorio? ¿Cómo concebimos al Estado los analistas latinoamericanos de política educativa? ¿Hemos rebasado, en nuestras investigaciones el “modelo estatocéntrico” que identificaron Aurora Loyo y Francisco Miranda (1993) para analizar la política educativa?
El desarrollo de las políticas educativas a la luz de las transformaciones del Estado en cada país latinoamericano es un tema pendiente de análisis. Este análisis, a mi juicio, tendría que superar la dicotomía entre el estado que algunos llaman “neoliberal” y el “nacionalista-revolucionario”. Es importante que, en vez de ello, indaguemos si algunas naciones del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay), las cuales iniciaron sus procesos de democratización hace más tiempo que México, han podido formular e implementar políticas públicas más eficaces para elevar la calidad para todos y reducir la desigualdad educativa. Es decir, ¿hay relación entre la democracia y la eficiencia de las políticas? Al menos algunos teóricos de las políticas públicas eso asumen.
Otro punto relacionado con la función del Estado es indagar en qué niveles opera éste; ¿nacional, global o ambos? Por ello, un acierto del encuentro de la RELEPE fue haber invitado a Juan Luis Rubio y Cristóbal Torres de la Universidad de Sevilla, en España, quienes mostraron cómo se construyen agendas educativas en la Comunidad Europea, es decir a nivel supra nacional, qué peso tiene la legislación en ello (“si se habla de leyes, se habla de políticas”), y sobre todo, qué papel tienen los órganos judiciales en el cumplimiento de estas leyes.
Ante esto, no faltará quien acuse a esta posición de ser “eurocentrista”. Pero poner etiquetas es un atajo del pensamiento que ojalá vaya desapareciendo entre los maestros que enseñamos política educativa en latinoamérica. Es más fácil descalificar por razones ajenas a la obra que refutarla. A quienes no queremos entender o no sentimos “cerca del corazón”, inmediatamente los clasificamos como “neoliberales” o “conservadores”. Y esto atora la razón.
El avance del campo de política educativa, entonces, tendría que basarse en la confrontación intelectual constante, en la pluralidad de enfoques y en el continuo diálogo. Esto es precisamente lo que ha tratado de promover la RELEPE en sus encuentros académicos.
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS)
Twitter: @flores_crespo
