En América Latina, los jóvenes de entre 10 y 29 años son los más propensos a verse envueltos en problemas ligados a la violencia en diversos ámbitos. El más preocupante es el escolar, donde no se ha podido establecer con claridad una opción viable para escapar de situaciones de riesgo que aquejan a las comunidades.
Señaló Arturo Alvarado, Director del Centro de Estudios Sociológicos (CES) de El Colegio de México, quien afirmó que, actualmente la escuela es concebida como un punto para poder prepararse y mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, pero que no representa seguridad para el futuro, pues actualmente los jóvenes consideran que asistir a los centros escolares, no es garantía de encontrar mejores trabajos y oportunidades de desarrollo.
Durante su conferencia “Violencia juvenil y violencia escolar. Cuatro estudios de caso”, realizada en el marco del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, Alvarado afirmó que aunque existen muchos factores de la violencia entre los jóvenes, es importante la participación de la sociedad, el estado y las escuelas en la erradicación de la misma.
En el estudio, donde se analizó a diversos grupos de jóvenes de México, Brasil, Colombia y Guatemala; Alvarado señala que las condiciones económicas afectan sustancialmente el desarrollo educativo de los jóvenes y su interacción con la violencia.
Explicó que los adolescentes que viven en barrios de niveles socioeconómicos más integrados, con mejores servicios, que asisten a escuelas o incluso universidades, que trabajan, con acceso a servicios de salud, sobre todo privados y transporte, tienen mayores oportunidades y espacios urbanos públicos y privados para recrearse, al tiempo que:
Expresan mayor conocimiento y conciencia de sus derechos, presentan mejores experiencias y formas de solucionar los episodios de violencia, que suelen ser menores, y tienen una mejor forma de ver su futuro y de construirlo.
En contraste, indica, quienes habitan en barrios en donde está concentrada la pobreza y los servicios precarios, tienen menos conciencia de sus derechos; presentan mayores episodios de violencia y menos alternativas para resarcirse de sus consecuencias; quizá tuvieron experiencias traumáticas (de enfrentamiento) con la policía; algunos han sido detenidos y procesados, judicialmente, tienen menor acceso a servicios y al mundo de consumo de baja calidad; y muchos narraron experiencias de privación y de discriminación.
“Algunos de ellos han tenido contacto con grupos delictivos y han trabajado en ese mundo; muchos de ellos viven amedrentados por esta situación en sus barrios, escuelas y en la ciudad. La policía los persigue, maltrata, extorsiona y mata”, aseguró el investigador.
En la Ciudad de México, recalca que las mujeres tienen una mayor desventaja y vulnerabilidad a la violencia y acceso a la educación
La exposición a la violencia que viven los jóvenes tiene diferencias de género y también hace más vulnerables a las mujeres. Ellas viven muchas ocasiones hasta una situación de triple vulnerabilidad debido a su condición de jóvenes, de mujeres y por pertenecer a una clase económicamente baja.
Esta situación, señala, se ve agravada porque la mayoría de las jóvenes, principalmente aquellas con una instrucción escolar baja, no conocen sus derechos.
Estos derechos, finaliza, no son sólo violados por particulares, sino también por el Estado.
Por último señala que, si bien las condiciones estructurales en las que viven la población y los jóvenes son el marco de numerosas conductas criminales, habría que establecer si la violencia es generadora o conductora de estas condiciones.
“En este sentido, consideramos que los distintos espacios de la ciudad, tomando en cuenta su localización en la misma y su composición social, presentan diversos tipos de violencia e inseguridad y, en especial, que los espacios más segregados de la pobreza concentran la falta de satisfactores básicos y conductas violentas. En estos lugares la violencia es común en la vida cotidiana, y además en los últimos años ha ido en aumento junto con el crecimiento de la economía ilegal, la disponibilidad de armas de fuego, la impunidad, el clientelismo, la corrupción y la inexistencia de políticas públicas de prevención”, concluye.
