Los senadores Mario Delgado, Mariana Gómez del Campo y María Lucero Saldaña Pérez propusieron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Educación, y a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en situaciones de acoso escolar.
La iniciativa plantea que tratándose de bullying o acoso escolar, ante la negligencia de las autoridades educativas, se deberá atribuir la responsabilidad directamente al Estado, incluso cuando se trate de escuelas particulares.
La razón es que en todo momento el menor tiene derecho a un servicio de calidad, con estándares que le aseguren contar con ambientes libres de violencia, y si ésta no se garantiza por negligencia, tiene derecho a una indemnización no importando si es escuela pública o privada, detalló Mario Delgado.
La propuesta fue motivada por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mayo pasado, que otorgó la protección constitucional a un menor víctima de acoso escolar. También ordenó al juez que conoció el asunto emitir una sentencia para que la institución educativa en la que el alumno sufrió acoso escolar o bullying pagara los daños que le fueron ocasionados.
Ante ello “los senadores debemos asumir nuestra responsabilidad y armonizar los criterios que determinó la Suprema Corte” para proteger los derechos de los niños, dijo Delgado y añadió “es momento de cumplir con nuestra responsabilidad de crear un marco jurídico efectivo para la protección de los derechos e intereses de los menores en edad escolar”.
La sentencia de la SCJN define el acoso escolar como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, verbal, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente. Para Delgado se trata de una medida de reparación, con perspectiva de derechos humanos a favor de la niñez. De esta manera, el deslinde de responsabilidades evitaría la doble victimización a la que se sujeta a los niños y niñas víctimas de acoso escolar.
