Rogelio Gómez Hermosillo
A Tere, Pili, Ricardo y Jorge Javier
Hay quienes no celebramos los avances que contiene el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente (SPD) aprobado ayer por la Cámara de Diputados en su sesión nocturna e inédita del 1º de septiembre. Si ninguna Ley es perfecta ¿porqué insistir en enfatizar lo negativo?
La razón de fondo es que se perdió una gran oportunidad para mejorar la educación. Había una alternativa pero se adoptó un modelo centrado en exámenes y que confunde el servicio profesional con la gestión de plazas. Y que ahora, gracias a la adenda mezcló la dimensión laboral con la profesional. Se perdió el camino para generar estímulos y reconocimientos para docentes dedicados a promover la mejora educativa.
Quizá lo más triste y lo más grave es que se perdió la posibilidad de crear un Colegio de profesionales de la educación. Se omitió el medio para el surgimiento de un actor colectivo docente comprometido con la agenda educativa, una voz seria desde la “primera línea” del reto educativo. Y con ello, se pospuso la generación del sujeto educativo que sustituya la voraz y corrupta representación sindical que pretende hablar por los maestros y que se erige en su representante en materia educativa.
Por eso no celebramos. Y la respuesta puede ser muy sencilla, aunque su explicación pueda ser compleja: Porque la iniciativa aprobada no es una Ley para profesionalizar la función docente. Porque pese a su nombre, se aprobó una ley para evaluar maestros, como elocuentemente unánimes dicen los medios y muchos opinadores. Y aunque la evaluación sea una acción benéfica, no basta y no sirve para lograr el objetivo de la profesionalización docente y la finalidad de mejorar la educación.
El objetivo deseado es mejorar el desempeño de los docentes, porque son el factor central –no único- del proceso complejo de la educación. Porque sin esa mejora no hay forma de mejorar el resultado de la educación.
La Ley del SPD aprobada por los Diputados no cumple con la Constitución. Esta Ley surge como legislación reglamentaria de la Reforma al 3º constitucional de diciembre de 2012. Por cierto, esa reforma no fue strictu sensu una reforma educativa, sino una reforma política a la gestión de la educación. Por eso descansa en dos piezas fundamentales: un Instituto independiente responsable de los procesos de evaluación: el INEE y un Servicio Profesional Docente para regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes.
¿Por qué entonces se habla tanto de la reforma educativa, si es una reforma política y administrativa? La mercadotecnia gubernamental debería explicar esa narrativa grandilocuente y de altísimas expectativas. Lo importante para la educación es que la Constitución abrió la posibilidad de romper el control de la cúpula sindical sobre las decisiones en la educación y en especial, sobre la carrera de más de un millón de docentes. Pero no por la vía de castigarlos, no por la vía de culparlos del desastre educativo, como parecen sugerir algunos. Sino por la única vía que puede generar impactos positivos en el logro educativo y en el desempeño docente: la profesionalización.
Dicho en simple: profesionalizar mediante un servicio civil de carrera que prestigie el gremio y que estimule a los maestros, directores y supervisores que quieren enseñar y ayudan a aprender a los estudiantes. Para ello, el SPD debe ofrecerles una carrera atractiva, con caminos claros de promoción y reconocimiento, de prestigio y de incentivos económicos, basados en su desempeño. Y ahí es donde entraba la evaluación. Para recibir promociones, las evaluaciones son la forma de acreditar la capacidad y el desempeño en el ejercicio de la profesión. Y se trata de evaluaciones en plural y de ninguna manera a través de pruebas estandarizadas.
Me gusta mucho la alegoría que plantea Manuel Gil Antón, no es culpando a los choferes como se arreglará el autobús destartalado y el camino de terracería abandonado por décadas.
Su alegoría me recuerda una historia que ilustra que es profesionalizar: Recuerdo los autobuses foráneos y los choferes que los manejaban, en tiempos de la Flecha Roja y de la Flecha Amarilla en los 60s y 70s. Autobuses en mal estado y choferes sin dignidad profesional, que ocasionaban accidentes a cual más. Impuntualidad, desviaciones de ruta, paradas a discreción. (Como son hoy los microbuses en esta metrópoli). Llegaron poco a poco nuevas líneas, nuevos autobuses, pero también lo que yo interpreto como la profesionalización y “dignificación” de los choferes: desde el uniforme como imagen, pero sobretodo, los pagos, los perfiles, la acreditación, nuevos incentivos y sobretodo, un ambiente distinto para el ejercicio de su función, que antes era sinónimo de maleante y fracasado.
Así que no podemos festejar el “avance”. Quienes quieren castigar a los malos maestros quizá tengan algo que festejar. Quizá porque no han leído los transitorios y las salvedades que se agregaron en la “adenda” que mágicamente apareció firmada por integrantes de una comisión que no se reunió. Salvedades que estoy seguro tienen más que ver con la cúpula del SNTE, que con la CNTE, aunque en esas salvedades, por desgracia comparten perspectiva.
Con la nueva Ley, habrá evaluación de maestros. Muy probablemente un examen tipo “Enlace” en versión docente, con su potencial secuela de exámenes en venta y memorización de respuestas. Habrá concursos de oposición para algunas plazas, por lo pronto estos dos años, sólo para egresados de las Normales. Habrá estados que generen buenos estímulos y reconocimientos. Dudo que esos estados sean los de mayores índices de pobreza.
Pero no habrá camino de profesionalización. El Servicio Profesional Docente creado en la Constitución requería, al menos:
- Una entidad rectora de carácter federal, con funciones normativas y de autoridad coordinando las acciones de las autoridades locales, con autonomía técnica y de gestión y mecanismos de participación ciudadana y de actores educativos.
- Un servicio profesional centrado en certificar a los docentes y desvinculado totalmente de implicaciones laborales, con un fuerte componente de formación, actualización y desarrollo en la práctica.
- La asignación de plazas docentes únicamente para docentes certificados y mediante concursos de oposición para el ingreso y la promoción a nuevas plazas (directores, supervisores).
- Evaluaciones de diversos tipos, centradas en la práctica de la docencia, para ascender en las promociones vía categorías y niveles asociados a responsabilidades, desempeño y por supuesto, a incentivos, remuneración y prestigio.
- Y muy especialmente: la construcción de Colegios Profesionales de docentes maestros (no es pleonasmo). Colegios en zonas, en estados e incluso a nivel nacional, formados por los mejores docentes, integrados por los docentes certificados como “Máster” en su desempeño profesional. Colegios que asignan a los tutores de los nuevos maestros, que tienen voz con autoridad en recomendaciones sobre mejora educativa, que crean comunidad de buenas prácticas.
Este último “detalle” ausente en la Ley priva a México del actor para la transformación educativa. Nos priva de contar con un número creciente de docentes capaces y motivados para impulsar un ciclo virtuoso de profesionalización y mejora continua del desempeño educativo.
Ninguno de estos cinco puntos está incluido en la flamante minuta aprobada por los diputados el 1º de septiembre. No tenemos nada que celebrar.
