El 17 de julio de este año Alejandra Barrales Magdaleno tomó posesión como titular de la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEDU), para desarrollar nuevas políticas educativas en lo que resta del periodo de Miguel Ángel Mancera. Desde sus primeras expresiones públicas la nueva secretaria hizo énfasis en la necesidad de brindar apoyos a los jóvenes que no consiguen ingresar a las instituciones públicas de educación superior de mayor demanda: la UNAM, el IPN y la UAM. Los estudiantes rechazados.
A tal efecto, en agosto pasado se anunció la estrategia para generar nuevas oportunidades de acceso a la educación superior: la ampliación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la apertura de lugares en los sistemas a distancia de la UNAM y el Politécnico, así como la posibilidad de un convenio con universidades particulares para que, a cambio de generar lugares y becas a los rechazados del sistema público de universidades capitalinas, obtengan beneficios fiscales. Una fórmula de subsidio al sector privado bajo tales principios se llama, en todo el mundo, esquema de voucher, y generalmente ha sido aplicado por regímenes de corte neoliberal.
Que un gobierno de izquierda, como suponemos es el caso del Distrito Federal, se disponga a implantar un modelo de voucher universitario no deja de llamar la atención. Más aún, si como ha trascendido, las universidades privadas con las que se pretende convenirlo son el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Valle de México ¿hay que recordar que la UVM es propiedad de un consorcio transnacional, esto es Laureate International Universities?
Según declaraciones recientes de Barrales, la intención es generar novecientos lugares en las instituciones privadas mencionadas. Dijo que “en los primeros en los que pensamos es en nuestros jóvenes del Instituto de Educación Media Superior (el sistema de preparatorias a cargo del gobierno de la ciudad) porque en muchos casos ellos son los que no encontraron alternativas cuando las buscaron en otro lado”. Además agregó que “el acceso a las becas estará condicionado al promedio, pues sólo podrán ser otorgadas a alumnos con calificaciones de egreso entre 9.5 y 10.” (El Universal, 28 de agosto de 2015).
Lo más delicado del asunto, al margen de la incongruencia de asociarse con la iniciativa privada para proveer educación superior, radica en los antecedentes del caso. A principios de 2011 la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó la creación del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal, el FIJOV. A través de esta figura, promovida por la actual titular de la SEDU en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, se dispusieron fondos públicos financiar el pago de un 40 por ciento de los costos de colegiaturas de estudiantes que fueran admitidos en las IES privadas que le entraron al convenio. Éstas fueron: Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría y Administración; Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss-Jordan; Instituto Mexicano de Educación Profesional; Universidad Centro Universitario Grupo Sol; Universidad de la República Mexicana; Universidad Insurgentes, e Instituto Leonardo Bravo.
El FIJOV no solo no funcionó bien, sino que fue un auténtico desastre. Al inicio de la VI Legislatura de la ALDF el escándalo se destapó: los fondos autorizados fueron, probablemente, malversados. La prensa de ese entonces destacaba: “Diputados becados, sobrarán 100 millones de pesos que serán repartidos entre los legisladores” (Reporte Índigo, 09/09/2013); “Fideicomiso desaparecido: ALDF becó a 17 mil alumnos fantasma” (Excélsior, 22/10/2013); “Falsifican firmas de diputados de la ALDF, desvían 11 millones de pesos” (Animal Político, 28/10/2013); “Fideicomiso de ALDF: se evapora dinero para aulas virtuales” (El Universal, 28/10/2013); “Callan universidades ligadas al desvío” (Reforma, 29/10/2013); “Cruzan acusaciones por desvío en ALDF” (Reforma 30/10/2013); “Piden becas con protesta en Av. Tláhuac” (Reforma, 4/11/2013).
En julio de 2014, “Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, señaló que los resultados obtenidos (por la Auditoría Superior del DF) coinciden con los hallazgos que ya habían realizado, de los cuales derivaron dos averiguaciones ante la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), una por falsificación del documento en el que supuestamente la VI Legislatura recibía y avalaba el FIJOV, y otra, presentada a principios de 2014, por la emisión de un recurso a una persona moral inexistente.” (Excélsior, 17 de julio de 2014, nota de Kenya Ramírez).
Aún no se han terminado de solventar las irregularidades y responsabilidades por el manejo de los fondos del fideicomiso y ya se intenta un modelo recargado del mismo. No dudo que el rector de la UACM, Hugo Aboites Aguilar, quien invariablemente ha criticado los modelos de incentivo a la inversión privada en el sector universitario, más si involucran a proveedores transnacionales, esté inconforme con la medida. ¿Causará ello una tensión entre el gobierno de la ciudad y el de la UACM o bien ocurrirá una convivencia pacífica entre dos maneras de ver las cosas?
Por lo pronto, como dijo José Alfredo: nada me han enseñado los años…
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
