Es ridículo que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) digan que el programa de Bonos de Infraestructura Educativa no es deuda, señaló en entrevista Alma Maldonado.
En entrevista con Educación Futura, la investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, detalló que se trata de deuda porque van a tomar dinero que no existe y que, eventualmente, se estará cubriendo con dinero de los inversionistas y del presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33.
Explicó que esta herramienta es muy frecuente en inversiones de capital privado como la construcción de hoteles y condominios, donde los inversionistas tienen mucha claridad y seguridad de su dinero, sin embargo, en el sector público, esto es una práctica poco común que aún no ha dado las garantías necesarias para tener un panorama completo de lo que pretende.
Cabe recordar que el FAM es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33, mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
En términos de gasto, el FAM sólo representa cerca del 2% de todo el presupuesto que se ejerce del Ramo 33, porque más del 80% se la lleva el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que paga los salarios de los maestros.
Las interrogantes sobre estos certificados deben considerar al menos a tres actores diferentes: los futuros inversionistas, los usuarios de los servicios educativos y los involucrados en la política educativa.
Ante esta situación, hay varias preguntas sobre el uso de estos recursos: ¿Qué tasas de interés pagarán, qué activos quedarán afectos al fideicomiso, habrá algún régimen fiscal preferente en la compra de estos certificados, qué derechos se adquirirían, cómo va a ser el repago de estos certificados? Entre otras.
Las escasas declaraciones de funcionarios respecto a estos certificados niegan rotundamente que se trate de instrumentos de deuda, pero se puede suponer que tampoco se trata de la emisión de capital nuevo.
La especialistas recuerda que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha dicho que lo que se hace con esta iniciativa, es traer recursos del futuro al presente. Entonces, en lugar de tardarnos 20 años en gastarlos, lo hacemos en tres años.
Si con estas declaraciones, dice, no se refiere a una especie de hipoteca donde se adelanta un capital que luego se irá pagando, no denominarlo deuda se antoja imposible por más que el dinero provenga de un fondo “seguro”.
Señaló que esta herramienta financiera es una salida rápida e inmediata al problema de la infraestructura escolar, sin embargo, esta deuda va a trascender más allá de la gestión del actual gobierno, comprometiendo los recursos de las administraciones venideras.
Existen dos preocupaciones principales: la transparencia de los recursos y el uso político de los mismos.
Sobre el primero, explica,es importante tener una buena estructura de transparencia y rendición de cuentas, a fin de evitar acciones de discrecionalidad y opacidad.
Dada la cantidad de dinero invertido, es fundamental que la sociedad e inversionistas tengan claro el rumbo del dinero y que llegue correctamente a las escuelas que lo necesiten, aunque aún existen casos como Oaxaca, donde el Censo Escolar no llegó a la totalidad de los centros educativos, hay 41% de escuelas en lugares de gran marginación y con graves problemas de infraestructura.
Finalmente, indica, se debe de cuidar que a esto no se le de un uso político, castigando o beneficiando a las comunidades y regiones, teniendo en cuenta que se aproximan procesos electorales en nuestro país. “Ya me imagino a los políticos presumiendo las obras escolares realizadas con el dinero de los bonos, en tiempos de elección”, concluye.
