Durante la mesa de discusión “Evaluación de la educación superior”, realizada dentro del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, expertos señalaron que en México no existe un auténtico sistema de evaluación de la calidad educativa, tampoco hay pruebas suficientes para demostrar que algún tipo de evaluación han mejorado a la educación superior.
En este sentido, Germán Álvarez, investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav y miembro del Consejo Editorial de Educación Futura, señaló que apoco más de 25 años de la instauración de políticas evaluativas de la educación superior, no existe un proyecto integral al respecto.
Esto se debe a que el gobierno ha estado directamente ligado a los procesos de evaluación, al mismo tiempo que ha intervenido en la vida académica de las universidades “gracias al poder de la chequera”. Por lo cual propone que la evaluación debe ser totalmente reconceptualizada y adaptada a las necesidades actuales de la educación superior.
Por su parte, Adrián Acosta, académico de la Universidad de Guadalajara, insistió en que en México, la evaluación es un mero acto político ligado a condicionantes económicos, principalmente.
“La evaluación es la continuación de la política que se realiza fuera de los congresos. Se ha concebido como un ejercicio político porque ha estado ligada a generar condiciones y decisiones económicas hacia las universidades, e incluso de decisiones partidistas”.
El investigador explicó que la modernización de la evaluación se ha convertido en meros procesos burocráticos; y las universidades se han adaptado a que este es un mecanismo de búsqueda de recursos económicos.
“Desafortunadamente, estas prácticas demuestran que las instituciones y los individuos sólo cambian a partir de incentivos, recompensas y restricciones”.
En su turno, Vicente López-Portillo Tostado, Director General del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, reconoció que los actuales sistemas de acreditación de las universidades son opacos y técnicamente agotados.
Por ello, propone una mayor transparencia en estos procesos, mayor control sobre los organismos evaluadores y la creación de sistemas de información abiertos y confiables.
“Debe prevalecer el espíritu académico, y tener mejores sistemas de evaluación y recolección de datos”.
Por último, Ángel Díaz Barriga, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, señaló que no existe la suficiente retroalimentaición entre los evaluadores y los sistemas universitarios.
Coincidió en que la evaluación se ha convertido en procesos administrativos que no tienen rigor académico, pedagógico o científico.
Bajo este esquema, advierte que ya no existen proyectos educativos ni de investigación que sean novedosos y propongan nuevas perspectivas, pues todos se han adaptado a ciertos modelos que coincidan con los parámetros de evaluación, los cuales les otorgan los recursos a las instituciones.
