Seminario de Historia y Política de la Universidad Iberoamericana
Osiris Martínez, Noel Martínez, Carolina Bodewig, Miguel Cedeño, Casandra Guajardo, Paulina García, Tanía Díaz, Porfirio González, Mateo Guayasamín, Anabel González, Engracia Vázquez, Irvin Guerrero, Steffania Quezada, Mónica Medina, Romina Lozada y Carlos Montesinos.
A pocos meses de que Aurelio Nuño asumiera el cargo de Secretario de Educación Públca, es posible identificar tres momentos en su narrativa discursiva sobre la implementación de la Reforma Educativa. En un primer momento, correspondiente al inicio de su mandato, el secretario manifestaba un tono conciliador, invitaba a la participación y denotaba apertura al diálogo con los maestros, autoridades y otros actores educativos, afirmando que “la reforma educativa debe hacerse con los maestros de México, escuchándolos y dialogando con ellos” (Guerrero, Claudia, Reforma, “Pide Nuño ayuda para reforma educativa”, 27 agosto 2015).
En un segundo momento, ubicado entre mediados de septiembre y finales de octubre, el discurso de Nuño tomó un tono menos abierto y más impositivo, sus declaraciones eran legitimadas bajo la necesidad de dar cumplimiento a la ley. Así, expresaba “quienes no se presenten [a la evaluación] y no tengan una justificación, la ley nos obliga a separarlos del servicio, y voy a aplicar la ley” (Martínez Carballo, Nurit, El Universal, “Nuño: Maestro que no se evalúe queda fuera”, 8 de octubre de 2015). Ese tono impositivo del discurso se acompañó con una serie de acciones coercitivas tanto en el marco legal como en lo administrativo, por ejemplo, la separación de 291 maestros de sus funciones, amenazas de descuentos para quienes no cumplieran con su día de trabajo en las aulas, amenazas de despidos y el encarcelamiento de cuatro dirigentes de la CNTE a finales de octubre.
En estos meses, el discurso del secretario transitó del diálogo a la imposición y, en un tercer momento, situado en el mes de noviembre, pasó de la imposición a la confrontación con los maestros disidentes y con quienes se oponen a la evaluación. Este mes se caracterizó por el inicio de las evaluaciones docentes de Educación Básica y movimientos de resistencia de la CNTE para boicotear la evaluación. “Los que van a ir (a la evaluación) les decimos: resistan, cancelen su examen, sálganse, no lo contesten. Demostremos que podemos seguir avanzando en la unidad con todos” (Arcelia, Maya, Reforma “Acuerda CNTE redoblar esfuerzo de boicot” 11 de noviembre de 2015). Al respecto, Nuño ofrece dos opciones: aceptar la Reforma o rechazarla y atenerse a las consecuencias (a la ley): “Hay dos caminos y ellos tienen la opción de escoger por cuál quieren transitar: el de seguir rechazando la Reforma Educativa, seguir dejando a los niños sin clase, no irse a evaluar y querer presionar a los maestros que sí se evalúan, en cuyo caso van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley, o el de aceptar la Reforma Educativa y caminar juntos en su implementación” (Miranda, Juan Carlos y González, Susana, La Jornada, “Diálogo o confrontación”, los maestros disidentes deben escoger, advierte Nuño, 27 de noviembre de 2015).
El tono discursivo del Secretario de Educación Pública se ve reforzado con decisiones de carácter coercitivo y confrontativo, entre ellas, el despido de cinco delegados estatales de la SEP (Durango, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas y Morelos), tras el balance del secretario, luego de que se aplicara la evaluación de desempeño en esos estados, los delegados “no advirtieron a la SEP sobre las condiciones en que iba a aplicar la Evaluación de Desempeño y las dificultades de la misma; así como sobre la inconformidad magisterial por la reforma educativa y la evaluación docente” (Del Valle, Sonia. Reforma. Remueve la SEP a 5 delegados, 18 de noviembre de 2015).
Blindaje de las evaluaciones
Otra de las acciones Nuño en el mes de noviembre fue la coordinación con los gobiernos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y el Comisionado General de la Policía Federal para blindar las evaluaciones, con el objetivo de garantizar seguridad y vigilancia. En estos estados la estrategia fue diferenciada, pues se tuvo especial cuidado de aplicar la evaluación estado por estado. Al respecto, el secretario externó “en las sedes para la evaluación de los docentes se tendrá la protección debida con el número suficiente de elementos de la policía federal y local para permitir el acceso a los maestros y llevar a cabo la evaluación” (Notimex, El universal, “SEP: lista, estrategia para evaluación en cuatro estados”, 19 de noviembre de 2015). Por ejemplo, en la aplicación de la evaluación en Oaxaca, Nuño aseguró que llegaron alrededor de 8 mil y 10 mil policías federales (Baranda, Antonio y Salazar, Claudia, Reforma, “Vigilarán 10 mil PFs examen en Oaxaca”, 25 de noviembre de 2015). Esto deja clara la intención y legitimación del uso de la fuerza pública como recurso para garantizar que la evaluación de los maestros se lleve a cabo.
El derecho de los maestros a la evaluación
Recientemente el discurso del Secretario de Educación Pública agregó un nuevo elemento, el cual sugiere un pequeño giro. Si bien, se mantiene la insistencia e imposición en la evaluación magisterial como un proceso clave para asegurar el derecho de los niños y las niñas mexicanas a una educación de calidad, ahora se hace presente el derecho de los maestros a ser evaluados: “Cualquier maestro o grupo de cualquier tipo o clase que quiera violentar el derecho de los maestros a la evaluación, que quiera seguir protegiendo a los líderes que no quieren perder sus privilegios (…), se van a enfrentar a la fuerza pública” (Olivares, Emir, La Jornada, “Advierte Nuño que se usará la fuerza contra quienes violenten la evaluación”, 24 de noviembre de 2015). Con este nuevo componente, el secretario invita a que los maestros que deseen evaluarse, pero que se encuentren presionados por la CNTE y otras organizaciones magisteriales que han emergido en contra de la reforma, lo comuniquen a la SEP, recurriendo a frases como “liberar del yugo de los liderazgos” magisteriales. Nuño señaló en el marco de su participación en la 57º Semana Nacional de Radio y Televisión, “que con la reforma educativa los maestros “ya no tendrán que marchar más con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” (Posada, Miriam, La Jornada, “Nuño: 10 mil policías vigilarán evaluación en Oaxaca”, 24 de noviembre de 2015).
¿Qué educación queremos?
Es imposible pensar que un discurso cargado de amenazas, coerción y confrontación abonará a la participación del magisterio en la implementación de la evaluación docente. Vale la pena arriesgarse a establecer un diálogo con los docentes para reflexionar y definir la educación que se quiere. Un ejercicio de esta naturaleza se realizó en la Ibero a través de una discusión participativa con académicos, directivos, personal técnico, estudiantes y personal administrativo para construir la universidad que queremos: “Trazando Rumbo”. Esta práctica colaborativa y participativa deja ver que trazar un rumbo común sí es posible.
