¿Qué tiene que ver la película inglesa (2005), con base en una novela de John Le Carre, y la evaluación del desempeño docente que llevó a cabo la SEP en 2015 a más de cien mil docentes en el país? Salvando las enormes distancias, hay un hilo que las une.
El film: gracias a la indagación de quien ha perdido a su esposa, asesinada con el móvil aparente de razones pasionales, se desvela la verdad: indagaba el uso de una medicina, contra la tuberculosis, que se estaba probando sin seguir los protocolos adecuados, en una población de Kenia: si de todos modos, argumentaba la empresa, debido a su pobreza iban a morir, ¿para qué llevar a cabo estudios previos, experimentos controlados, con el fin de asegurar la idoneidad de la medicina en cuestión? De una vez, ahorrando millones de dólares, se podían saltar las molestas “trabas” técnicas y éticas para obtener resultados. Como ella iba a denunciar este hecho atroz, la mataron.
La evaluación: de forma semejante, la valoración llevada a cabo por la SEP, con el aval del INEE, se realizó sin haber verificado, previamente, su idoneidad, debido a la necesidad de cumplir la ley aunque el plazo fuera insuficiente. Eduardo Backhoff —integrante de la Junta de Gobierno del INEE— ya había reconocido, en el Congreso de Investigación Educativa, en Chihuahua, que las pruebas se estaban realizando sin “haber piloteado” los reactivos.
Luego, en un texto publicado en EL UNIVERSAL a finales de 2015, escribió: “Está por verse en qué medida la información empírica proporcionada por los docentes sustenta la validez técnica y pertinencia educativa de los instrumentos utilizados”. A posteriori: ”el análisis de la calidad de los instrumentos, de su administración y de las condiciones sociales en que se llevó a cabo, que debe realizar el INEE pronto… se podrán identificar errores y poderlos subsanar a fin de mejorar el proceso de evaluación docente”. Incluso afirma que, de ser preciso, “habrá que hacer un alto en el camino” para corregir los problemas y “asegurar que los resultados de la evaluación del desempeño sean válidos y pertinentes, antes de tomar decisiones con base en ellos”.
A confesión de parte, relevo de pruebas: sin cumplir los requisitos para aplicar la prueba, asegurando su validez, se llevó a cabo. Los profesores fueron sometidos a un diagnóstico incierto. No guiados por el negocio, por supuesto, sino por el acatamiento de una (mala) ley que, sin dar oportunidad de hacer las cosas bien, había que cumplir, omitieron su tarea fundamental.
Para la SEP esta evaluación sí tendrá consecuencias: calificará y clasificará al personal docente como insatisfactorio, satisfactorio, bueno o destacado. Hay un peso simbólico y consecuencias materiales derivadas de este ejercicio técnicamente impropio: Sambenito para los “malos”; sobresueldo y vivienda preferente para los “muy buenos”.
Dice Backhoff, al inicio de su artículo: imaginemos a “pilotos de avión o médicos que no tuvieran que certificarse para ejercer su profesión. ¿Qué nos garantiza no poner en riesgo nuestras vidas?”. Tomando sus palabras: así como se hicieron las evaluaciones, ¿quién extiende un certificado a los evaluadores que aprobaron el proceso de ponderación del desempeño, de años de trabajo, a decenas de miles de profesores, sin haber realizado lo conducente, lo que les toca verificar? Han puesto en riesgo la apreciación adecuada del magisterio: ¿sin consecuencias? ¿Vale por parte de una institución autónoma, máxima autoridad en materia de evaluación en el país, acatar una ley que impide hacer bien las cosas? No lo creo.
Y sin embargo, el daño está hecho: el Gran Inquisidor y sus acólitos celebrarán los resultados como éxito de la reforma. Otros piden paciencia para que el INEE mejore las cosas en el futuro. ¿Paciencia frente al maltrato? Es absurdo.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
Twitter: @ManuelGilAnton
