El pasado miércoles 2 de marzo, la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), la Comisión de Educación del Senado de la República y la Secretaría de Educación Pública (SEP) organizaron mesas de debate sobre la necesidad de impulsar una nueva legislación en materia de educación superior. El objetivo fue “analizar la situación actual, los desafíos y las expectativas” del marco normativo que regula la educación superior de nuestro país.
Ante la figura del gran Belisario Domínguez, nos reunimos investigadores, rectoras, rectores, funcionarios de la SEP, legisladores y público en general para responder a las varias preguntas que nos plantearon los organizadores. Gracias a los colegas, rápidamente se despejaron los dos cuestionamientos iniciales. Primero, la legislación actual en materia universitaria ya no responde a las demandas actuales. Imagínese, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior data de 1978 y aunque se han hecho adecuaciones recientemente, ese ordenamiento es como una película en formato Beta tratando de ser vista en Blue Ray. La cosas cambiaron radicalmente.
Segundo, no todos los ámbitos de la educación superior pueden ser susceptibles de regulación, en virtud de que se violaría la autonomía de algunas instituciones de educación superior. Esto, sin embargo, ya ha ocurrido al aceptar y promover los actuales esquemas de evaluación institucional. Lo triste de esta historia es que, como lo ha reconocido la Comisión Especial Interinstitucional designada por el Consejo Nacional de la ANUIES, existe una separación entre los ejercicios de evaluación y la calidad. El documento de la ANUIES afirma que no hay “evidencia confiable” para asegurar que las evaluaciones realizadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), por ejemplo, contribuyen a mejorar el aprendizaje de los alumnos. ¿Podrá entonces una nueva ley ser punta de lanza para combatir la simulación en que hemos caído en las universidades mexicanas?
Uno de los temas más interesantes que resaltaron los investigadores y representantes de las diversas Instituciones de Educación Superior (IES), fue la necesidad de tener mayor claridad sobre lo que significa calidad en la universidad. ¿Una IES de “calidad” es aquella que forma profesionales que se insertan rápidamente en el mercado laboral? ¿O son aquéllas que satisfacen la necesidad del cliente? ¿Y cómo catalogar a las universidades que buscan, con recursos limitados, formar seres humanos críticos, sensibles y preparados académicamente? Aunque algunos argumentaron en contra de tener una definición de calidad, mi posición es que sin un concepto claro y consensuado —que lógicamente es disputable— seguiremos cultivando imaginarios de prestigio que poco tienen que ver con la realidad. Es en ese vacío conceptual en donde lamentablemente toman significado mediciones tan rudimentarias como los ranking.
Durante el foro tuve la impresión de que ante la desorganización social (o anomia) que vivimos, se busca afanosamente una solución basada en las leyes y en la normatividad sin reparar en dos cuestiones que me parecen básicas. Primero, que las leyes pueden “estructurar” las políticas públicas (Sabatier) y darles continuidad en el tiempo, pero no las dotan de efectividad, como lo mostró Pablo Latapí Sarre en su libro La Sep por dentro. Segundo, que las leyes —en tanto reglas formales— son limitadas para impulsar el cambio institucional. Habrá que pensar más a fondo en cómo esas reglas formales o leyes se complementan, chocan y se sustituyen con las reglas informales. Las reglas informales, como señalan Helmke y Levitsky, pueden ser definidas como reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, las cuales son creadas, comunicadas, sancionadas y refrendadas fuera de los canales oficiales. El tema de las “reglas informales” dentro del campo de la educación superior recibió mucho menos atención en el foro que la necesidad de regular por medio de leyes.
Pero sinceramente eso es peccata minuta, hay que celebrar que la SEP, ANUIES y el Senado de la República hayan organizado este ejercicio de discusión pública y abierta. Las leyes, para poder ser efectivas y aplicables, deben estar respaldadas por la legitimidad y ésta en gran parte se logra por medio del debate, la crítica y la argumentación razonada. No podía ser más alentador este ejercicio frente al ejemplo de Belisario Domínguez, político liberal y valiente opositor al gobierno de Victoriano Huerta, el usurpador. Su autonomía e independencia le costaron muy caro.
En resumen, se requiere una Ley de educación superior que combata la simulación, no que la amplíe; que reconozca a las universidades como órganos autónomos, no como apéndices de los gobiernos Federal y estatales. Una ley que presente conceptos claros y observables por medio de un esquema de evaluación radicalmente distinto del que ahora padecemos. Una ley para hacer avanzar el conocimiento dentro de nuestros contextos reales y diversos; no necesitamos entonces una ley que recree a la Universidad Imaginaria.
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro
Twitter: @flores_crespo
