A partir de la firma de una carta de intención, el Senado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública, iniciarán la elaboración de una propuesta legislativa en materia de Educación Superior.
Tras la realización de las mesas de trabajo sobre “La Legislación Mexicana de Educación Superior”, en las que participaron académicos, legisladores y funcionarios, se consideró necesario revisar el marco legal vigente.
Las instituciones involucradas analizarán, discutirán y redactarán una propuesta legislativa en materia de educación superior. La carta fue firmada por Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación del Senado; Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; y por Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior, de la SEP.
Romero Hicks subrayó que se requiere caminar hacia una nueva legislación, que dé certeza jurídica, que garantice libertad académica y autonomía en cada casa de estudios, que permita la flexibilidad curricular y la búsqueda de excelencia de rigor académico, que dé responsabilidad social y claridad en el tema de financiamiento y que la evaluación, la acreditación y certificación tengan mecanismos de transparencia y sobre todo de diálogo.
Hizo énfasis en que la normatividad universitaria actual está rebasada, es contradictoria, dispersa, rígida y anacrónica; se carece de un sistema de educación superior universitaria, por lo que resulta importante construirla.
También, dijo, no contamos con un sistema de evaluación universitaria, aunque existen esfuerzos significativos y valiosos, pero se carece de este sistema; como tampoco, agregó, no se tienen normas en materia de financiamiento y también no existe, añadió, la posibilidad para que cada casa de estudios tenga un principio libertad académica y de autonomía.
Jaime Valls Esponda, sostuvo que la legislación vigente en esta materia ya no responde a la dinámica de los tiempos actuales ni a las nuevas condiciones socioeconómicas; particularmente en materia de financiamiento se considera vital la existencia de disposiciones que garanticen que las instituciones cumplan con la función social con lo que han estado históricamente comprometidas.
Las políticas públicas deberán estar sustentadas en la participación de autoridades, académicos y la sociedad, por tanto, se requiere de una nueva legislación acorde a las necesidades del sistema de educación superior. Debemos contribuir a que la educación superior se abra a nuevas posibilidades de desarrollo y finque pilares más sólidos a favor de un mejor país, añadió.
Jara Guerrero recalcó que a veces la ley puede ayudar mucho, pero también puede obstaculizar mucho una tarea, por lo que se debe plantear qué tipo de egresado se quiere de cada uno de los sistemas de educación superior.
Sostuvo que se necesitan formar diferentes tipos de perfiles, debido a que así lo requiere el país y también se requiere tener la facilidad de cambiar y ser flexible, porque el mundo cambia rápido y, hoy en día, tenemos una sola legislación que cuesta trabajo modificar.
Tenemos que adaptarnos a los tiempos y cambiarla, probablemente algo sencillo y general, y que toda la normativa secundaria o la reglamentación sea algo que se pueda cambiar y revisarse de forma obligatoria, tal vez cada tres o cuatro años.
