Pocos días antes de vencerse el plazo dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el estado de Oaxaca armonizara su ley de educación con la legislación federal de la materia, los diputados locales aprobaron la nueva ley. El hecho parecería, a primera vista, como algo qué celebrar, sin embargo, no acaba ahí la cuestión, pues contiene varios elementos que deben
La Ley General de Educación (LGE) establece, como uno de los fines de la educación, el de “Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad” (Artículo 7, fracc. V). En contraste con este propósito, la convocatoria a la sesión del congreso que aprobó la ley oaxaqueña no incluyó a la fracción perredista, declaró su líder Jesús López; sólo se convocó al diputado Jaime Bolaños, cercano al gobernador Gabino Cué (Reforma, 11 de abril de 2016, p. 3), aunque la oficialía mayor notificó la presencia de diputados del PRI, PAN, PRD, MC y Partido Unión Popular (Nota de Óscar Rodríguez, Milenio digital, 10 de abril de 2016).
Son conocidos los problemas que vive el sistema educativo de Oaxaca enmarcados en los problemas generales de gobierno de esa entidad, circunstancias en las que se produjo una incorrecta armonización legal que llevó a la intervención de la Suprema Corte, pero obedecer un mandato de este órgano judicial excluyendo a una fracción del congreso es un proceder negativo que continúa abonando elementos al conflicto político. ¿Cómo cumplirá el sistema educativo de Oaxaca el objetivo de la LGE si en el gobierno estatal no se practica la democracia para aprobar una ley que se refiere a la educación? La aprobación de la nueva norma era precisamente una oportunidad para mostrar a los oaxaqueños y a todo el país que los procedimientos de la democracia son eficaces para resolver los problemas sociales. Y no importaba sólo la eficacia de los procedimientos por sí mismos, sino que por ellos habría de manifestarse el rasgo de que la República es democrática por principio constitucional. Un asunto de coyuntura, pues, se vincula de manera esencial al proyecto de vida social y política del país y del estado de Oaxaca.
El gobernador, por las obligaciones que tiene, y las autoridades del congreso, por las suyas, debieron haber emprendido todas las acciones necesarias para que la sesión del poder legislativo se realizara sí, con seguridad, pero también con la cualidad tan preciada ahora en la jerga política y muchas veces incumplida, pero sobre todo exigida por la sociedad: con transparencia. ¿Se cumple ello con una sesión legislativa hacia la media noche de un sábado?
El Presidente de la Mesa Directiva del congreso declaró que se tomaron en cuenta varias iniciativas, “incluso, en lo general, el espíritu que busca la sección 22” (sic) (Reforma, Ibíd.). Ese proceder declarado contrasta con la reacción de la sección del magisterio, cuyo líder consideró en la misma noche de la aprobación que se había dado un albazo legislativo y aseguró que en las aulas seguirán ellos su plan educativo alternativo.
Por los antecedentes del conflicto y por las circunstancias de la aprobación de la ley de educación los problemas continuarán; han continuado. Cada actor político tiene una responsabilidad para salvaguardar el derecho a la educación de los oaxaqueños en el marco de un orden público que respete todos los derechos. En este estado como en otros del país con problemas similares o menores, el cuidado de la educación pone a prueba la actitud democrática que todos los actores declaran tener.
Dice el jurista Baltasar Garzón que “la discrepancia, en el respeto mutuo, da vida a la verdadera democracia” (Lección de Justicia, México, SNTE, 2015, p. 138). Si al maestro se le pide que eduque en el derecho, ¿no debe hacer eso con mayor credibilidad el legislador? Y gran responsabilidad tiene el gobernador -apoyado como candidato por partidos de derecha y de izquierda-, quien al tomar posesión dijo que su obligación primaria era honrar la confianza de quienes impulsaron el cambio con su candidatura: “honrar esta confianza, escuchar y entender con acierto esta definición de cambio y hacerla posible. ¡Un cambio hacia la Paz y el Progreso! ¡Gobernar Obedeciendo!, ese fue el mandato que recibí de esta tierra y de sus pueblos; obedecer sus reclamos por una paz real y duradera que posibilite y genere su desarrollo”.
Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.
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