“Aquí no hay delito que perseguir. Los niños no fueron violados ni abusados sexualmente”.
Esta fue la respuesta que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México entregó primero a los padres del kínder Matatena.
Y sin embargo, ayer se presentaron ante esa misma oficina las pruebas periciales en sicología que confirman la tragedia.
Son seis familias las que han denunciado y podrían llegar a veinte. Uno de los niños maltratados tiene síndrome de Down.
A finales del mes de marzo una madre que tenía a su hijo en el kínder Matatena, ubicado en la delegación Benito Juárez, escribió en el chat compartido con otras mamás que Rafa, el marido de la directora de esa escuela, Patricia Guipián, estaba abusando de los niños y que lo hacía a través de un recurso que hacía llamar “el juego del doctor”.
Otra mamá que veía con preocupación el deterioro en el estado anímico de su hijo de cuatro años decidió interrogar al pequeño sobre ese juego.
La respuesta fue devastadora por el lujo de detalle que el niño compartió. “Rafa usa su palo de carne para meterlo en mi boca.” “Rafa lo hace con varios de nosotros”.
Rafa es Rafael Leopoldo Duarte Pereda, un funcionario del gobierno de la Ciudad que hasta fecha reciente cobró en el sistema DIF de la capital mexicana.
Por los datos disponibles Rafa podría haber involucrado en su perversidad a por lo menos veinte menores de entre dos y seis años, niñas y varones, inscritos en el kínder Matatena.
Los padres del menor conversaron con otras familias que podían estar en la misma circunstancia. Así llegó a seis el número de menores abusados. No todas las familias respondieron; hubo quien no ha podido ni querido creerlo.
Desconocen que un menor es incapaz de narrar escenas sexuales con adultos si no las ha vivido.
Cinco de las seis familias acudieron el viernes 8 y el sábado 9 de abril a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención a Delitos Sexuales de la PGJ.
Ahí recibió primero a los niños un ministerio público entrenado para levantar reportes sobre teléfonos celulares robados.
Los atendió frente a un escritorio y un mobiliario que pertenecen al mundo adulto.
“Describa usted —interrogó a cada menor— cómo era el palo de carne? ¿De qué color? ¿Cuánto mide? ¿Qué forma tiene?”.
Preguntas que de ninguna forma podrían conectar con la vivencia de una persona con pocos años que es incapaz de distinguir entre un delito y el juego del doctor.
Luego vinieron los sicólogos. Según narran los papás, fueron unos ineptos. Los primeros reportes periciales de la fiscalía dicen cosas extraordinarias como “no es posible determinar si el menor sufrió abuso sexual pero es evidente que aun si sucedió, el niño no presenta afectación sicológica”.
En conclusión, la Fiscalía decidió que no contaba con elementos suficientes para proceder en contra de Rafa.
Fue entonces que los padres, la mayoría con estudios universitarios y con recursos económicos, optaron por recurrir a otra ventanilla: los medios de comunicación.
El miércoles 13 de abril, junto con su abogado Víctor Carrillo, una de las mamás acudió al programa que Martha Debayle tiene en XEW.
Fue ella quien ofreció interceder por las víctimas para que fueran atendidas por el procurador Rodolfo Ríos Garza.
Con ese impulso, un día bastó para que el funcionario recibiera a los padres. Sin embargo estaba convencido, porque así se lo informó la responsable de la Fiscalía Central, que no había ningún delito que perseguir.
Fue la parsimonia y la inteligencia con que los padres presentaron su caso lo que hizo cambiar de opinión al procurador.
A partir de ese momento la investigación tomó otro curso. Es muy probable que los responsables sean pronto consignados.
Cabe, sin embargo, preguntarse: si esta tragedia no hubiera sucedido en Benito Juárez sino en Iztapalapa, si Martha Debayle no hubiera invitado a los padres a su programa, si su producción no hubiese llamado al procurador y si Ríos Garza no se hubiera topado con familias de clase media, ¿dónde estaría hoy este caso?
ZOOM: El expediente Matatena puede todavía implicar mayor tragedia. Tiene elementos que llevarían a temer que no se trata de un hecho aislado, sino de una red de pornografía infantil.
Profesor de la División de Administración Pública y Coordinador de la maestría en periodismo en el CIDE.
