Las elecciones para cargos públicos siempre están acompañadas de expectativas; estas son signo de los tiempos, de la percepción que los ciudadanos tienen del sistema político y del afán reproductor/conservador del poder, entre otras cosas. En la perspectiva ciudadana, muchas elecciones para funciones federales, estatales y municipales han sido frustrantes, más pronto o más tarde en la administración pública, por el ineficaz desempeño del gobierno que, con todo, endeuda cada vez más a los mexicanos.
Las elecciones del pasado domingo 5 de junio se distinguieron, entre otras cosas, porque los ciudadanos llegamos a ellas hartos de los excesos del mal desempeño gubernamental: corrupción, impunidad, derroche de dinero público en publicidad y en obras inacabadas, mal hechas y afectadas por los moches. El diagnóstico del presidente Enrique Peña, aparentemente sensato, de que existe mal humor en la sociedad, en realidad fue una forma de negar los problemas. El mal humor es circunstancial; el hartazgo ha sido acumulativo por decenios y no lo quisieron ver. Varios partidos eludieron el problema y volvieron a ofrecer el paraíso post-electoral: sus candidatos aventaban soluciones, más dependencias, más intromisión del gobierno en la vida civil…, pero todo estaba en el esquema de más de lo mismo. Los candidatos que no eran oposición, no fueron críticos severos, integrales y convincentes de lo hecho por los hombres o mujeres de su partido. Quizá el signo más escandaloso de todos los excesos fue/es el gobernador Duarte, en Veracruz, protegido hasta ahora por la cúpula de su partido. La petición del presidente del PRI de no juzgar a Duarte y dejar esa tarea a la historia rebasó todo límite, si es que la impunidad y el cinismo tienen límites. La historia no ha juzgado a nadie.
En contraparte, la escuela acumula exigencias: es responsable de llevar a la sociedad, por la vía de la formación humana y técnica de los estudiantes, a las glorias del siglo XXI, que muchas veces no se precisan y son una huida, en realidad, de problemas heredados del siglo XX. La búsqueda del modelo educativo se ha convertido en algo análogo a la piedra filosofal y se le busca fuera de la Constitución, fuera de sus artículos 1o., 3o., 25, 26, 39 y 40, por mencionar algunos.
Pero en el extravío, parece haber una certeza: exigirles a los maestros y a las maestras. Mientras, el sistema político es ominosamente permisivo con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El que haya miembros de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno que son responsables como personas, no niega el problema estructural. La escuela es una institución vigilada; los partidos son una institución que se manda sola, pues se les olvida que son instituciones de interés público. No hubo una campaña política, hasta donde pude observar, cuyo centro de identificación, de análisis y valoración de las necesidades sociales y del ordenamiento de un eventual programa de gobierno, fuera la Constitución federal o la estatal; ambas en su relación jerárquica.
Con todo, solemos buscar lecciones en las elecciones. Algunas se mencionan a continuación. Unas son positivas, porque indican rumbos del cambio: la participación social modifica los planes de la clase política, en particular, su deseo de reproducirse al margen de los derechos de los ciudadanos; los ganadores -personas y partidos-, tienen que aprender. Así como la escuela debe crear ambientes de aprendizaje, los gobernantes y sus partidos deben crear ambientes para aprender a servir a los ciudadanos, para aprender esa maravillosa acción constitucional de gobernar con base en los derechos. De lo contrario, ya se conoce la cara de algunas alternancias: regresarle el poder al PRI o a otro partido en tres o seis años.
Aunque parezca contradictorio en los términos, se dieron también lecciones negativas: el lodo, como material electoral, sigue usándose a granel y suscitando la pregunta: ¿y esas personas/partidos pretenden gobernar? Además, sigue presente la compra multiforme del voto. Es terrible: se usa el dinero que tiene el partido, dinero que sustancialmente lo ponen los ciudadanos, para comprarle su voluntad o amagarle su libertad; ¿y pretenden gobernarnos? Finalmente, más a unos que a otros, a los partidos les falta la sociedad y les sobra el ego de candidatos y candidatas; se dirigen a ella no para escuchar sus necesidades, sino para hablarle de sus altas visiones.
¿Qué deben hacer los nuevos gobernantes? Ser constitucionales, no de ceremonia y calificativo, sino por principios y valores jurídicos. Como gobernantes, deben acercar escuela y gobierno. Aunque es claro lo que tienen que hacer en el ejercicio del poder público, poder que la sociedad les confiere para fines definidos, les hará bien ver los objetivos de la educación. Si tienen aprecio por la tarea de los maestros y maestras, aprenderán. Y los ciudadanos veremos que los gobernantes aprenden, por ejemplo, si logran que las comisiones estatales de derechos humanos se vayan haciendo innecesarias paso a paso. Habrán creado gobiernos de aprendizaje; habrán apoyado la sociedad del aprendizaje.
Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.
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