Aún sin cifras definitivas sobre el saldo de muertos y heridos durante el enfrentamiento entre fuerzas federales y estatales y quienes mantenían el bloqueo carretero en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado fin de semana, lo cierto es que el evento añade otra página negra al curso del sexenio. Hasta ahora ocho muertos y un centenar de heridos, la mayoría civiles.
Declara Gabino Cué Monteagudo, gobernador en funciones, que ninguno de los muertos era maestro. ¿Ello atenúa o matiza la gravedad de los hechos? De ninguna manera. Pero, además, según el recuento de la CNTE, varios profesores fueron heridos, algunos no han sido localizados y otros se encuentran en la lista de detenidos.
Qué huecas parecen ahora las promesas del gobernador cuando tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 2010. Decía entonces: “Buscaré la unidad y la reconciliación entre todos los oaxaqueños a partir del diálogo, la negociación y la tolerancia democrática…”. Agregaba que su gobierno propiciaría una “interlocución constante con todos los sectores y grupos, al margen de su preferencia o filiación política, en la búsqueda de soluciones consensadas a sus problemas”. Y concluía: “Nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir. Nunca más el uso de la fuerza pública para callar demandas sociales” ¿Nunca más, gobernador Cué?
Cué Monteagudo, no sobra recordarlo, accedió a la gubernatura como abanderado de una coalición política anti-PRI que fusionaba fuerzas de oposición de partidos ideológicamente diversos, principalmente PAN y PRD. Termina su gestión decididamente alineado a los designios y decisiones de la autoridad federal. Termina tan mal que en ello estriba el retorno del PRI al gobierno oaxaqueño.
Las primeras explicaciones de los sucesos de Nochixtlán, expresadas conjuntamente por el gobernador Cué y por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en conferencia de prensa el lunes pasado, insistieron en la actuación de grupos extremistas, simpatizantes de la CNTE, que habrían atacado a la fuerza policiaca desencadenando la contienda. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, también participante en la conferencia de prensa, recalcó que “los policías no venían armados durante el primer enfrentamiento”, de lo cual, dijo, existe constancia notarial. Las imágenes y filmaciones captadas por medios de prensa y por particulares parecen contravenir esa última afirmación, cuya importancia es crucial en el discernimiento de los hechos.
Varias instancias, se ha informado, habrán de coadyuvar en la investigación. En primer lugar, la Comisión Nacional de Seguridad, órgano de la Secretaría de Gobernación que, por supuesto, no puede considerarse una instancia autónoma de la autoridad que hoy es cuestionada. En segundo término, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, según declaraciones de Osorio Chong, participará en la indagatoria. En tercer lugar, la Procuraduría General de Justicia en colaboración con la Fiscalía de Oaxaca. ¿De esta indagatoria se perfilarán responsabilidades y responsables de las autoridades federales o estatales? Porque en Nochixtlán no cabe discusión sobre si fue o no el Estado.
Más de cincuenta horas tardó en reaccionar el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para sentar posición ante la tragedia de Nochixtlán. Comunicó a la prensa, en primer lugar, que el previamente anunciado diálogo entre las autoridades federales y la representación de la CNTE, programado para el 22 de junio, no tendrá un enfoque educativo sino político. Añadió, que “la reforma educativa es un proceso que continúa y que no se va a detener, y es un proceso que tiene como gran finalidad, brindar una educación de excelencia a los millones de niñas y niños mexicanos que tienen todo el derecho de aspirar a un mejor futuro”. ¿De verdad lo cree así?
Porque las variables políticas están cambiando con celeridad. La estrategia de intransigencia y presión de la SEP para asegurar la implantación de las consecuencias laborales de la reforma no está funcionando, y ya no son solo los grupos radicales, la CNTE en primer lugar, quienes están exigiendo cuentas. Se suman los partidos de oposición, los legisladores, un amplio grupo de intelectuales y expertos en materia educativa, numerosas organizaciones civiles y hasta fracciones de la iglesia. El argumento de que la calidad educativa justifica cualquier cosa se está desvaneciendo inexorablemente.
Bueno, hasta la Junta de Gobierno del INEE se ha pronunciado al respecto. En un boletín dado a conocer el pasado lunes dice, entre otras puntualizaciones, que “rechaza la violencia porque atropella las leyes, niega la política y vulnera gravemente la democracia” y que “convoca a todos a que prevalezca la cordura y la razón para encontrar soluciones utilizando el diálogo”. El magisterio ha pedido e insistido en el diálogo y la negociación. La SEP ha condicionado esta opción al acatamiento cabal de la reforma y a la normalización de la actividad docente. ¿De qué lado está la cordura, dónde la sinrazón?
¿Después de Nochixtlán se puede más de lo mismo?
