El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
La relación entre una parte sustancial del gremio magisterial y la autoridad educativa federal está cada vez más tensa. El clima se ha enrarecido y la frustración va montando en todos los actores involucrados. Ante esto, analistas y académicos hemos solicitado que se establezca un diálogo que no parece que vaya construirse ni pronto ni fácilmente.
Para comprender el presente es necesario revisar el pasado, que en su momento fue presente y definió las circunstancias de la actualidad. Para no ir muy lejos en la línea del tiempo, nos quedaremos en la construcción unilateral de la llamada Reforma Educativa del 2013, que fue diseñada e implementada desde la perspectiva del gobierno federal sin tomar en consideración a las demás partes actuantes en el sistema educativo y, lo más grave, se centra en responsabilizar a los docentes de la baja calidad de la educación mexicana, afirmando que sólo a través de la evaluación se logrará que los profesores mejoren y den mejores resultados o se vayan.
Las voces que han señalado la necesidad de una conversación profunda y productiva no han sido pocas, desde fines del año 2013 se ha buscado que en vez de una aplicación ortodoxa y punitiva, se busquen vías de diálogo pues ninguna reforma, innovación o cambio, dictado desde un ministerio tiene posibilidades de éxito si no es avalada por quienes la instrumentan. Parece que los hechos actuales lo demuestran.
El estado mexicano, a pesar de su aparente firmeza parece estarse quedando sin medios para la instrumentación de la reforma educativa. Hay focos rojos en Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca y múltiples luces amarillas en casi todas las entidades federativas ante la activa participación de los docentes en actividades de resistencia.
Una parte importante de maestros agremiados, tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han decidido que no se instrumentará verticalmente como se planeó y han tomado calles, carreteras, plazas y dejado las aulas para presionar al gobierno federal y algunos estatales. La respuesta ha sido cada vez más violenta. Inició con la amenaza de descuento de días no trabajados, pasó al despido de quienes no se presentaran a laborar, continuó con el arresto de líderes del gremio docente fincándoles cargos serios de desvío de recursos y operaciones fraudulentas con dinero público (como si no supieran que es el mismo gobierno federal quien asigna esas partidas presupuestales), para culminar con desalojos y zafarranchos en diferentes puntos de la geografía nacional que han dejado mexicanos muertos y heridos (tanto profesores como civiles e incluso personal uniformado de las fuerzas del estado).
Adicionalmente se han iniciado auditorías a las secretarías de educación de las entidades federativas más activas en el conflicto. Los docentes de la CNTE, con apoyo de colegas del SNTE, otros gremios laborales y diversos actores sociales, incluyendo a la sociedad civil, han redoblado la presión y recibido el mismo silencio del gobierno federal que se ha concretado a enviar un mensaje: “acepten la reforma, vayan a trabajar bajo las condiciones que ésta establece y habrá diálogo”. Lo que representa condiciones inaceptables para la parte magisterial.
El diálogo requiere, además de la consabida voluntad, varias condiciones indispensables para ser genuino y productivo. De entrada se necesita reconocimiento de la contraparte como interlocutor y el establecimiento de una meta común para solucionar el problema. Estas dos están haciendo falta en el actual conflicto entre el gobierno federal y los docentes. Desde finales del 2015, los académicos de este país hicieron un llamado a las autoridades aprovechando el foro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, se presentaron argumentos y se llamó a las autoridades a revisar la aplicación de las políticas derivadas de la reforma educativa del 2013. Hace unos pocos días, un nutrido grupo de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil hizo lo mismo a través de varios comunicados. La respuesta ha sido la misma: ninguna.
Desde aquí conminamos al estado mexicano y a los docentes a atender el llamado al diálogo pues: a) es razonable atender los llamados de los actores sociales y expertos en educación quienes han esgrimido propuestas claras sobre el tema, b) como en toda relación, es mejor escuchar e intercambiar ideas que imponer la voluntad propia (aunque jurídicamente se esté facultado para hacerlo), y c) es claro que ya no queda mucho espacio de maniobra, el camino de la tensión sólo va a generar más violencia.
No podemos dejar que la insensatez impere. Desde aquí lo decimos: ¡Diálogo ya!
