El petróleo es un bien fundamental para el país en lo económico y lo simbólico; dejar el control de este recurso clave para todos los procesos productivos en manos extranjeras es perder la riqueza y la renta del país, advirtió el doctor Juan Castaingts Teillery, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante el Foro Pemex el futuro de una nación que se llevó a cabo en la Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios.
El economista y antropólogo señaló que “el petróleo fue punto de partida para unificar a la sociedad mexicana y fundamentó la idea simbólica de lo que es un país, porque la sociedad se construye según creencias y políticas (…) Alrededor de Pemex, del petróleo y del nacionalismo, con sus pros y contras, se ha formado una mitología fundamental que da unidad, sostén y consistencia a nuestra construcción imaginaria de lo social, y no hay sociedad sin construcción y reproducción de lo imaginario, y sin su impulso”.
Calificó de error grave que la propuesta de reforma energética de la Presidencia olvide el aspecto simbólico clave de Pemex “porque no sólo se privatiza Pemex, también se destruye un proceso social y un imaginario social”.
Se pronunció por reconstruir el imaginario social alrededor del petróleo y de Pemex y hacer cambios fundamentales en esta empresa estatal, porque en el petróleo se encuentra la posibilidad de generar un ingreso nacional excedente y determinar el uso que se le dará para beneficiar a la sociedad mexicana.
Además de quitarle a Pemex la enorme carga fiscal que ha impedido su desarrollo, habrá que liberarla de la corrupción, la incapacidad administrativa y la mediocridad de la dirección para dirigirla a ser un instrumento para reproducir una sociedad y una economía global en beneficio de todos.
El Profesor Distinguido consideró que la propuesta de privatización del Ejecutivo es deplorable, oscura y sin sustento. “No hay propuesta de estrategia energética, ni explicación alguna de lo que implica un contrato de utilidades compartidas; pretenden que legitimemos algo que desconocemos completamente”.
El ingeniero Heberto Barrios, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, llamó la atención a lo que denominó la “avanzada” de esta reforma energética con el Tratado de yacimientos transfronterizos, que fue aprobado por el Senado mexicano en fast track y publicado en el Diario Oficial en mayo de 2012, y que aún no es aprobado por el Senado norteamericano, cuya bancada todavía estudia el Tratado.
El Tratado, fue calificado por algunos senadores norteamericanos como el instrumento idóneo para tener el acceso a los recursos del Golfo de México. En este documento se ingresa al régimen de concesiones; se propone la unificación de los yacimientos de ambas fronteras; la operación del yacimiento unificado por las empresas privadas; en el Tratado, Pemex no es un operador; las decisiones se privatizan y desaparece la presencia de poderes públicos.
La homologación autoritaria y a “rajatabla” de las condiciones de explotación de energéticos que se desarrollan en todo el mundo beneficiará sólo a los grandes consorcios petroleros, afirmó el experto.
Bajo este modelo los contratos no los dará Pemex, sino el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Energía lo que creará una gran discrecionalidad y corrupción, aseguró.
En México se producen 2 millones de barriles diarios, y más de 90 por ciento de las divisas que maneja el Banco de México proviene de Pemex, tomando esto en cuenta, esta cuota es suficiente.
Aumentar la producción en 2018 a tres millones de barriles diarios, y en 2025 a 3 millones 500 mil barriles diarios –que es lo que propone la reforma– sería un despropósito, porque hay pocas reservas probadas, sería carísimo e innecesario.
La ingeniera Silvia Ramos, miembro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, instó a impedir la chatarrización y desaparición de Pemex y presentó una propuesta para recuperar la industria petrolera que considera los siguientes puntos: reorientar con compromiso social, transparencia y rendición de cuentas el desempeño de la empresa hacia un desarrollo sustentable; restablecer la legalidad constitucional y detener la transferencia de operaciones y de la renta petrolera al sector privado.
Integrar a la empresa en una sola industria para instalar las cadenas productivas para volver a tener, entre otros, amoniaco y fertilizantes baratos; eliminar los precios de transferencia; dejar de quemar gas a la atmósfera; construir refinerías; disminuir la carga fiscal a Pemex y CFE; inversión del Estado en la producción de energía eléctrica con carácter sustentable; detener la inyección de nitrógeno al campo Cantarell; restablecer las cadenas productivas de metano, etano y propano.
Asimismo, cancelar los contratos de servicios múltiples y los contratos integrales y restituir a las comunidades de las zonas petroleras el costo ambiental que han pagado por la explotación del petróleo.
Comunicado de la UAM.
