En los últimos días mucho se ha hablado ya del conflicto que se vive en Oaxaca por los enfrentamientos entre la CNTE y la policía (federal y estatal). A pesar de que es un tema de interés para mí, me es difícil externar opiniones en medio de tanta desinformación que existe por parte de ambos bandos.
Aunque es claro que la pérdida de vidas es un hecho lamentable que pudo y debió evitarse. En el afán de condenar las acciones represivas del Estado (que estoy de acuerdo deben penarse y castigarse), se reaperturaron viejas discusiones en torno al contenido de la llamada “reforma educativa”.
Muchos especialistas lo habían señalado ya. La reforma promulgada en febrero de 2013 no era la que necesitaba el país por sus limitaciones a aspectos laborales y administrativos. A pesar de ello, las connotaciones que contempló no pueden considerarse del todo negativas. La creación del Servicio Profesional Docente y del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación (principales medidas a las que se opone el CNTE) son disposiciones insuficientes pero necesarias para mejorar la educación en México.
Es cierto que éstas atienden a un modelo de competencia economicista que promueven organizaciones como la OCDE. Sin embargo, es un sistema que busca resolver –sea por interés político o una genuina preocupación por la educación- la serie de inconsistencias que perjudicaban la llegada de buenos profesores (competentes y con los conocimientos suficientes) a las escuelas de todo el país.
Las prácticas han sido bien documentadas por distintos investigadores, entre ellas destacan: la venta y herencia de plazas, las dobles plazas, asignación directa puestos de trabajo para egresados de normales, excesivo número de comisionados sindicales, los aviadores, un sistema de incentivos que favorecía las labores políticas en detrimento de las educativas (véase constancias de participación sindical en Oaxaca), un esquema de adscripciones donde los “nuevos” maestros eran enviados a las zonas de mayor rezago y pobreza.
Estas irregularidades fueron causadas por el dominio que los sindicatos ejercieron sobre el sistema educativo en complicidad –y hasta estimulo- con los pasados gobiernos. La reforma a la educación fue una respuesta administrativa viable en la atención de estos problemas.
Con la instauración del Servicio Profesional Docente y el Sistema de Evaluación se pretende modificar el sistema de incentivos. Ahora se espera que el ingreso, ascenso, movilidad, reconocimiento y permanencia verdaderamente atiendan criterios profesionales y no políticos, económicos o de compadrazgo. Así podrá asegurarse “la idoneidad de conocimientos y capacidades de los docentes” que pregonan el artículo 3ro constitucional y sus leyes reglamentarias.
¿Cuáles son esos conocimientos y capacidades idóneos? ¿Quién tiene la potestad cognoscitiva y moral para decidirlo? Eso es un tema que requiere gran atención. Entre las principales críticas de la CNTE se menciona que las evaluaciones desestima la diversidad cultural y social de México.
Esto puede ser cierto, el propio INEE informó deficiencias en la conformación de la evaluación y en sus procesos de aplicación. No obstante, debe recordarse que una política o programa difícilmente alcanza precisión en sus primeras etapas. Ello cobra mayor complejidad si se considera que la implementación de dichos procesos requiere la coordinación de distintas instituciones como el INEE, la SEP y las secretarias estatales de educación.
Al respecto, los consejeros del instituto de evaluación han mostrado una postura reflexiva y abierta al dialogo. Ello permite pensar que los procesos evaluativos mejoraran año con año. Esto puede ser objeto de una crítica justificada ¿Si los instrumentos aun no son adecuados por qué se arriesga la estabilidad laboral y personal de los maestros?
Lo anterior constituye un cuestionamiento certero que debieron prever los legisladores y quienes impulsaron la reforma. Tal vez la prisa por hacer de la educación “la fuerza transformadora del país” sesgo la capacidad reflexiva de sus promotores.
A pesar de que la LGSPD les otorga tres oportunidades a los profesores para acreditar sus conocimientos y competencias en la evaluación, es evidente que existe una desatención sobre el modelo de permanencia.
Sin embargo, en el sistema de ingreso, ascenso, movilidad y reconocimiento caben otro tipo de reflexiones. Aun cuando en estos procesos también pueden existir deficiencias en los instrumentos o procesos de evaluación, ¿no son preferibles a los métodos anteriores?
Otro punto referido por la CNTE y que ha hecho eco –nuevamente- en la sociedad es el discurso sobre la privatización de la educación. Estas aseveraciones surgen por distintas enunciados en la legislación que promueven la autonomía de gestión en las escuelas públicas. Ello en sí mismo no evoca a la privatización. Alude a un modelo de administración donde se promueve que las distintas unidades organizacionales –en este caso las escuelas- sean quienes deciden cómo y en que se gastan los recursos recibidos.
Dicho supuesto funciona bajo el planteamiento de que los responsables de dichas unidades son quienes conocen las necesidades y carencias que vive cada una de ellas. Esto se contrapone al modelo administrativo tradicional, donde los altos mandos tomaban las decisiones sin conocer realmente las condiciones de cada entidad. Si bien esto tampoco es garantía del carácter público y gratuito de la educación, el artículo 3ro constitucional es claro al refrendar dichos valores.
Mi propósito al escribir estas líneas no es afirmar que la reforma educativa de 2013 fue la respuesta a todos los males del sector. Ni siquiera pretende sostener que con ella se van a lograr mejoras sustanciales en la educación mexicana. Su centralismo en los docentes descuidó aspectos sustanciales en los procesos de aprendizaje, como contenidos o estrategias de enseñanza. Incluso al concentrarse en los maestros omitieron puntos fundamentales como su formación inicial o continua; limitándose a la evaluación.
Mi intención radica en señalar que a pesar de sus grandes deficiencias, la reforma planteó cosas positivas para el sistema educativo mexicano. No debemos permitir que hechos circunstanciales (aunque no por ello dejan de ser lamentables) hagan retroceder los minúsculos avances que se han alcanzado en materia. Hasta ahora la lucha del CNTE no ha demostrado ser más que un esfuerzo por recuperar los privilegios de los que gozaban el sindicato y sus líderes.
Se puede criticar –otra vez- la injusticia de hacer una reforma que excluye a los maestros. No obstante, la historia demostró (con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, y más profundamente con la Alianza por la Calidad de la Educación) que los acuerdos con el magisterio no dan resultados pero si cobran facturas.
La reforma fue incompleta y no abordó muchos problemas de fondo. A pesar de ello, no considero que deban tirarse a la basura esos pequeños logros. Se debe condenar el uso de la violencia y castigar a los responsables de los muertos y lesionados en Nochixtlán; nada justifica tales actos de barbarie. Sin embargo, no puede haber marcha atrás con reforma.
Estudiante de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
