“La evaluación docente no atenta contra los derechos constitucionales del magisterio y no tiene intención punitiva”, insistió la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
A través de un comunicado las y los consejeros manifestaron su preocupación “por el momento crítico que vive el país y por algunas de las expresiones del magisterio nacional, en sus diversas vertientes y organizaciones, respecto de la evaluación docente”.
El organismo llamó a que todas las partes del conflicto asuman su responsabilidad para que la reforma educativa “repercuta en una mejor calidad de los aprendizajes de todos los niños y jóvenes”.
El INEE ratificó que su papel es asegurar la solidez técnica de evaluaciones, vigilar su aplicación y propiciar su uso, principalmente formativo. Así como insistir en “que las evaluaciones sirvan para mejorar la formación inicial y continua, así como la puesta en marcha del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), de manera que tengan impacto favorable en la profesionalización de los docentes”.
Tras asegurar que la reforma educativa puede mejorarse y ratirifcar su apertura al diálogo, especialmente con docentes, para que las evaluaciones sean justas, pertinentes y válidas, el INEE, así como para “atender las características de distintos entornos y contextos de trabajo, sin establecer estándares diferenciados que propiciarían mayor inequidad”.
La Junta de Gobierno del INEE concluyó su comunicado manifestando que:
“defenderemos siempre el carácter público, laico y gratuito de la educación obligatoria, y expresamos claramente que es falso que la Reforma pretenda su privatización”.
