Dr. Carlos Rafael Rodríguez Solera
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
El pasado miércoles 3 de agosto el INEE anunció las directrices para la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros migrantes, cuyo propósito es mejorar la calidad y la equidad de la educación que recibe esa población.
La necesidad de tomar medidas urgentes para mejorar la educación de los migrantes está más que justificada; esta población es la que sufre la peor situación de inequidad educativa en nuestro país, ya que la gran mayoría de estos niños y jóvenes están por completo excluidos del derecho a la educación. Un gran acierto del INEE ocuparse de este problema y proponer medidas concretas para resolverlo.
El INEE propuso cuatro directrices para mejorar la educación de los migrantes:
Directriz 1. Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social.
Directriz 2. Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia.
Directriz 3. Desarrollar un Sistema Unificado de Información Educativa y adecuar las normas de control escolar.
Directriz 4. Fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos.
Ante esta propuesta del INEE surgen dos grandes inquietudes: la primera es si las autoridades educativas van a adoptar este importante conjunto de medidas y la segunda es si, en efecto, las medidas propuestas tienen el potencial de mejorar la educación de niños y jóvenes migrantes.
Desde hace más de 30 años el Estado Mexicano ha impulsado acciones y programas para atender la educación de los migrantes, pero los resultados son raquíticos, en la actualidad, de acuerdo al documento publicado por el INEE sólo entre el 14 y el 17% de los niños y jóvenes migrantes asisten a la escuela.
¿Por qué los resultados han sido tan pobres? En mi criterio esto se debe a que ha faltado voluntad política para resolver el problema, se han asignado recursos insuficientes y, en este caso, el Estado ha evadido su responsabilidad de dar educación de calidad a todos sus ciudadanos, incluidos por supuesto a los migrantes.
El problema fundamental de la educación a migrantes es que muy pocos niños logran acceder al sistema educativo y permanecer en él hasta concluir su educación básica. Sería bueno contar con un modelo educativo intercultural, con personal idóneo, un sistema de información educativa en el que se fomente la innovación, como lo proponen las directrices 2, 3 y 4, pero eso no tendría sentido si se sigue atendiendo como máximo al 17% de los migrantes. Antes de pensar en las características ideales de una educación a migrantes, habría que garantizarles que tengan acceso y permanencia en el sistema educativo.
Por ello considero que la más importante de las directrices propuestas es la primera, porque coloca la necesidad de replantear las políticas de atención educativa de los migrantes. Sin embargo, aunque la directriz plantea una serie de medidas concretas, como la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la niñez migrante o el incremento del presupuesto público destinado a su educación, no es claro quién será el responsable directo de realizar ese diagnóstico o de ejercer ese presupuesto, toda vez que las autoridades educativas de la actual administración eliminaron el Programa de Educación Básica para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM), que era la principal iniciativa desarrollada por la SEP para atender a esta población.
La experiencia muestra que parte del problema de la atención a migrantes ha sido la duplicidad de funciones, la inoperancia de la coordinación interinstitucional e intersectorial y la falta de un programa al que se le dote de la autoridad y los recursos necesarios para asumir la responsabilidad de educar a los migrantes.
Habrá que esperar la respuesta de las autoridades educativas que, de acuerdo con la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuentan con un plazo de 60 días naturales para responder de manera pública a esas directrices e indicar la forma en la que se atenderán.
