En relación al uso de la fuerza coactiva del Estado, México se ubica en una situación en extremo compleja y precaria. De hecho y en muchos casos, en una situación en la que, con recurrencia excesiva, el gobierno (y la sociedad entera de corbata) termina atrapado en callejones sin salida.
Si el gobierno no usa la fuerza para detener acciones violentas o criminales: mal; si la emplea: casi peor, con demasiada frecuencia. Coacción estatal fuera de control que resulta en la merma regular del poder potencialmente ordenador de la coacción como recurso ordenador de última instancia.
Vivimos en este círculo infernal hace ya demasiado tiempo.
Policías que generan temor por las peores razones. Es decir y entre otras: porque los ciudadanos no sabemos, con certeza, a quién sirven o representan esos agentes. O bien, por falta de controles elementales y efectivamente exigibles sobre su empleo de la fuerza.
Uso abusivo y, en el mejor de los casos, torpe e ineficaz de la coacción del Estado que lejos de pacificar, incendia. Los ejemplos abundan, pero baste aquí recordar los muy recientes y lamentabilísimos hechos ocurridos el domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.
Imposibilidad de identificar o discernir criterios claros y predecibles en relación a las decisiones de emplear o no emplear la fuerza pública, esa que debiera servirnos y protegernos a todos. Al respecto, algunos ejemplos a modo de pregunta. ¿Por qué se monta un operativo policiaco para desbloquear una carretera y no otra, o no todas las bloqueadas? ¿Por qué en algunos desalojos los policías portan armas y las usan, y en otros no? 
“Investigaciones” interminables –en tiempo y número de folios– que no consiguen aportar evidencia mínimamente sólida y creíble sobre lo ocurrido en concreto (sucesión específica de hechos, móviles de los participantes, etc, etc, etc) o sobre y muy particularmente: la identidad y responsabilidad de los actores estatales involucrados –de jure o de facto– en casos de esperpento como la guardería ABC o como Iguala/Ayotzinapa por citar sólo dos de una, tristemente, larguísima lista.
Como resultado de ello: impunidad de aquellos crímenes –los perpetrados por los agentes estatales– que más le cuestan en la legitimidad al Estado mexicano y acumulación de víctimas heridas, desconsoladas y furiosas.
¿Por qué el Estado mexicano tiene tantos y tan acendrados problemas para usar con legitimidad y eficacia su fuerza coactiva? Importa preguntarlo, pues ese problema, más allá de la teoría, nos afecta a todos, todos los días. Adelanto que no he encontrado una respuesta que me convenza. Tengo, acaso, algunas hipótesis e intuiciones. Se las comparto.
En el tiempo histórico largo, me parece que la respuesta a esta pregunta tiene algo que ver con las muy limitadas capacidades coactivas del Estado –mexicano desde 1821 y español, desde 1521 a esa fecha– y con la necesidad de “estirarla” por medio de dos vías principales. Primero, delegar informalmente su empleo en aquellos actores con fuerza efectiva en determinados territorios o sectores (caciques, hombres fuertes, organizaciones no estatales criminales o no).
Segundo, usarla discrecionalmente, dado que no se podía usar la fuerza para aplicar la ley –fundamento formal del uso del uso legítimo de la coacción– uniformemente ni en todo el territorio ni en todos los casos de violación de la ley o de amenaza al orden público del mismo tipo.
El problema fue que esa solución, al permitir ir lidiando con los problemas que requerían el empleo de la fuerza puntual, cotidiana y sucesivamente, terminó perpetuándo la debilidad de origen.
Básicamente, pues limitó los incentivos para construir capacidad coactiva suficiente para prescindir de “aliados” para su ejercicio o para transitar de la selectividad discrecional al uso de la fuerza regulado por reglas generales.
La imposibilidad material de sustentar el imperio de la ley en capacidad coactiva suficiente, combinado –centralmente– con una sociedad profundamente desigual en la que tal “imperio” además de materialmente imposible, resultaba profundamente amenazante para la sucesión histórica de pequeñas élites dominantes, puede ayudar a explicar las razones profundas de nuestra precariedad presente en lo que al uso legítimo y efectivo de la coacción del Estado se refiere.
En el presente, sigue habiendo importantes déficits materiales de capacidad coactiva. Lo que más urge hoy, sin embargo, es ordenar y regular la capacidad coactiva existente. En concreto, generar corporaciones policiacas que, primero, sepamos sean, en efecto policías y, segundo, agentes del orden que operen con normas predecibles y exigibles en los hechos. En suma y, para empezar, con normas legales y procedimentales –esto último es clave– que acoten y regulen creíblemente su conducta.
Twitter:@BlancaHerediaR
