¿Puede la crítica pública mejorar la educación de México? El objetivo con que he comentado los documentos sobre el Modelo Educativo es resaltar algunas ventajas y desventajas de las propuestas hechas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que cada lector —en tanto agente educativo— delibere al respecto. Esta tercera y última entrega sigue esta tónica.
Primeramente, quisiera comentar el apartado dedicado a la “Gobernanza del Sistema Educativo” que aparece como uno de los cinco ejes del Planteamiento Pedagógico de la Reforma Educativa. Hace dos años, escribí en estas páginas que la gobernanza describe las relaciones entre sociedad y gobierno (Luis F. Aguilar), en donde “se pierde el interés por el gobierno per se, privilegiándose su actuación por conducto de socios o mediante redes” (María del Carmen Pardo) (Campus, 04/09/14). Bajo la idea de gobernanza, se asumen al menos tres cosas: (1) existen actores relativamente autónomos que actúan de manera independiente en los asuntos públicos, (2) los actores operan en un marco de interdependencia (Gloria del Castillo); es decir, cada actor depende de los recursos de los otros para lograr los objetivos de las políticas y (3) la forma gobiernista para impulsar acciones públicas está condicionada por la pluralidad del escenario político.
Para la SEP, el “escenario plural” está compuesto por los siguientes actores: gobiernos estatales, poder legislativo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que, según el documento, “ha sabido modernizarse” y ser respetuoso de las atribuciones de la autoridad educativa. Además, están los padres de familia, la sociedad civil congregados en el Consejo Nacional de Participación Social y la “academia”.
¿Faltará en la propuesta de la SEP algún actor clave para gobernar de manera eficiente y democrática el sistema educativo mexicano? Si; a mi juicio, faltaron en este esquema de interdependencia y cooperación, las instituciones de educación superior (IES) del país. No hay que olvidar que no pocas universidades públicas mantienen sus propios sistemas de bachillerato. Es decir, la SEP depende de los recursos de esos organismos autónomos para poder cumplir con sus objetivos de política pública. Eso diría la teoría de la gobernanza. Pero al no incluir a las universidades en el nuevo modelo, ¿cómo se piensa hacer para que sus bachilleratos modifiquen sus procesos de enseñanza-aprendizaje? No olvidemos que hace tiempo algunas instituciones como el Instituto Politécnico Nacional —dependiente de la SEP— mostraron dificultades para adecuar su reglamentación a los lineamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente (Excelsior, 02/07/14 nota de Lilian Hernández).
Segundo cuestionamiento: ¿qué comportamiento real ha tenido la autoridad federal educativa en relación con los organismos como el INEE, los consejos de participación social o la “academia”? A pesar de que en el discurso se dice “respetar” la autonomía del Instituto, han habido varios intentos para pasar sobre éste en decisiones fundamentales. Asimismo, no es claro si la noción de gobernanza será aplicable en todos los temas educativos o solamente en los que la SEP elija. Me explico: cuando el INEE dio a conocer las directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica, la SEP respondió que sólo ella tenía facultades para introducir cambios en las escuelas normales. O sea, “no se metan”, interpretamos algunos. Esta reacción no sustenta lo que dice ahora el documento oficial: “No es concebible que un modelo educativo como el que se plantea quede sujeto a un concepto y un ejercicio de gobierno centralizado y vertical”.
Ese “gobierno centralizado y vertical” fue una realidad al momento de tratar de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación y no se vislumbra un cambio a medida que se han consolidado algunas cosas, al contrario. Hace tres meses, en este mismo espacio, comenté los nuevos lineamientos para la constitución y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. Ahí es claro que lo que se busca no es un esquema de gobernanza, sino una versión renovada de oficialismo. “[M]ientras hace dos años se proponía que el consejero presidente del Conapase fuera electo por votación mayoritaria de sus integrantes, ahora, sin rubor, se dice que será designado por el Secretario de Educación Pública. En esta misma situación caen los cinco representantes regionales y los tres representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. Hasta el investigador o académico especialista en estos temas será elegido por el titular de la SEP, luego de que la Red Nacional de Investigadores de Participación Social proponga una terna. En los estados, la fórmula será similar: la designación del consejero presidente recae en el secretario de educación de cada entidad federativa” (Campus, 18/05/16). Gobernanza con la venia del jefe no es tal.
Por último, es inusual que un gobierno del siglo veintiuno no utilice recurrentemente el conocimiento acumulado o la “evidencia de alta calidad” para proponer acciones. Pese a que los documentos introducen constantemente la frase “como la investigación ha demostrado”, no se citan las síntesis de investigaciones o Estados de Conocimiento que sustenten el punto. En ocasiones se toman solo uno o dos estudios para reforzar las propuestas y es el colmo que para ello se utilicen artículos periodísticos y ejemplos equívocos como pensar que los logaritmos son irrelevantes en la actualidad porque se generalizó el uso de las calculadoras de bolsillo (nota 22, página 55). Esto le resta legitimidad a las propuestas de la SEP y esperamos que se corrijan. Prescindir de los aportes acumulados de la investigación educativa será contraproducente.
En resumen, si la SEP desea persuadir a los ciudadanos de que sus propuestas son valiosas y realizables tendrá que dar un vuelco en la manera en como hasta el momento se ha comportado. Aún hay tiempo de corregir. Enterremos al Ogro Filantrópico y démosle vida al Pedagogo Democrático.
