Hoy en día la reforma educativa y en especial, la evaluación docente, está siendo atacada por muchos detractores que ven en ella una amenaza para la estabilidad laboral de los docentes en servicio, así como un medio de control sobre el magisterio.
La evaluación, se ha dicho, es un instrumento que pervierte y debilita la profesión docente y que ayuda a denostar a una de las profesiones más nobles e indispensables para lograr que se formen los ciudadanos felices, productivos y participativos que requiere cualquier sociedad justa y democrática. Si bien la evaluación no es la panacea y es incapaz de resolver por sí misma los problemas educativos, sí representa un mecanismo que, bien utilizado, permite regular y poner las cosas en su lugar.
En concordancia con este mandato constitucional y con la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), en junio de 2014 se realizó el concurso de oposición correspondiente, en el cual participaron docentes de toda la República. En este ejercicio se identificó a los docentes de educación básica y de educación media superior que poseían las competencias pedagógicas y disciplinares para ejercer su profesión y tener la alta responsabilidad de dirigir las actividades pedagógicas frente a grupo. De acuerdo con la LGSPD los docentes que ingresen al amparo de estos mecanismos de selección tienen la obligación de presentar una evaluación a los dos años de haber ingresado al servicio público para obtener su plaza definitiva.
Dicha evaluación es equivalente a la evaluación del desempeño docente, que es obligatoria para permanecer en el servicio para todos los profesores, independientemente de la función que realicen (ya sea frente a grupo o de carácter directivo). Recientemente se publicaron los resultados de esta segunda evaluación de los docentes que ingresaron al servicio público en el ciclo 2014-2015.
Los resultados fueron gratamente sorprendentes, ya que cerca del 99.5% de los docentes evaluados mostró tener las competencias necesarias para ejercer su profesión en la educación obligatoria. Dicho de otra manera, sólo cinco de cada 1000 profesores seleccionados no cumplieron con las expectativas depositadas en ellos, lo que habla del reducido margen de error de los instrumentos empleados en los concursos de oposición.
Estos números contrastan con el 85% de docentes que, sin haber ingresado a través de este concurso de oposición, acreditaron la primera evaluación del desempeño docente en el ciclo 2015-2016, lo que en números llanos significa que de 1000 docentes 150 no poseen las competencias necesarias para ejercer su profesión.
Por lo anterior, los docentes que se ganaron el carácter definitivo de su plaza exclusivamente por méritos propios deben sentirse, además de satisfechos y orgullosos, liberados de compromisos, ya que no le deben ningún favor a nadie. Al mismo tiempo se deben sentir completamente empoderados de su situación laboral, ya que han mostrado que tienen las competencias pedagógicas y disciplinarias que les aseguran, no sólo su permanencia en el sistema, sino su posible crecimiento profesional a través de los mecanismos de promoción y reconocimiento, previstos en la LGSPD. Los demonios de la evaluación están en las mentes y en el imaginario de las personas, que ven intenciones perversas en la Reforma Educativa.
Sin embargo, nadie será capaz de quitarles la sonrisa y satisfacción a los docentes que se ganaron con su esfuerzo una plaza y a quienes todo el país debe felicitar.
