En estos días, en los que la arena política se encuentra más que caldeada por los sucesos en lo que se ha visto envuelto el Presidente de México, el escenario educativo no podía quedarse atrás, resultado, como parece obvio, de la desmedida insistencia de un Secretario de Educación que busca posicionarse, a toda costa, en la carrera por la Presidencia de la República, no obstante que varios políticos le llevan la delantera.
Con su fiel aliado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Aurelio Nuño, ha emprendido una férrea lucha para hacer creer a propios y extraños, que el nuevo Modelo Educativo y las exigencias que plantea la misma evaluación, serán los elementos que vendrán a mejorar la vida de millones y millones de seres humanos que habitan mi México querido.
Falsa idea es ésta, y no me refiero precisamente a que la evaluación y el modelo propuesto – con todas sus inconsistencias e imperfecciones – sean los que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas. No, el asunto no va por ahí. Me refiero a la falta de eficacia que ha encontrado lo que a través del Pacto por México, conocimos como “Reforma Educativa”, mal llamada por cierto, y que fue aprobada por los legisladores de la mayoría de los partidos políticos, consumándose tal hecho, en lo que conocemos como Ley General del Servicio Profesional Docente. Me explico.
En esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, en su Título primero, Capítulo I, Artículo 1, párrafo tercero, se lee: “El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones necesarias con los ayuntamientos”. En el mismo apartado pero en el Artículo 4, sobre las definiciones que incluye el documento, en la fracción IV se menciona que por Autoridad Educativa Local se entenderá: “Al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación y del Distrito Federal, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para la prestación del servicio público”. Y si esto no fuera suficiente, en el Capítulo II de dicha ley, sobre la Distribución de Competencias, artículo 8, se refieren las acciones que les corresponden a las Autoridades Educativas Locales; de hecho, en todas sus fracciones se específica, las competencias que habrán de poner en marcha para lograr los propósitos normativos y educaciones en sus respectivas localidades.
Como podemos darnos cuenta, a los gobiernos de los estados, en el papel, les fue conferida una gran responsabilidad en la aplicación de la normal como tal; sin embargo, la realidad ha sido otra, porque si algo carece precisamente estos aspectos normativos, es de su aplicación y/o funcionamiento. Como es de pensarse, éste, más que ser un problema de naturaleza educativa, tienen que ver con un asunto eminentemente político dados los costos que de su ejecución pueden desprenderse. El asunto, vaya, es claro, ni los gobernadores quieren asumir el compromiso de aplicarla, ni el Secretario de Educación pretende echarse un round con éstos.
¿Por qué amedrentar y estigmatizar a los docentes cuando hemos hablado hasta el cansancio que el gran problema educativo no radica del todo en ellos? Desde mi punto de vista, es una salida fácil y simplista culpar al magisterio de los problemas sin que haya un serio y fuerte llamado de atención a quienes integran la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), por ejemplo.
Ahí es en donde me gustaría – y créame que a muchos nos gustaría –, que el Secretario Nuño apretara las tuercas y se pusiera rudo como lo hace con el magisterio ¿Por qué no exigirles a los mandatarios locales que cumplan y brinden los cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del personal docente y personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentren en servicio? (LSPD: 6). La respuesta es simple, no desea hacerlo y, si lo ha hecho, éstos no le han hecho caso. Peor aún, ¿por qué no exigirles a los gobernadores cumplan y brinden las tutorías que corresponden a cada uno de los profesores que no obtuvieron un resultado satisfactorio en la evaluación de su desempeño? Sería bueno que en este sentido, explicara qué pasa con estos aspectos en cada una de las entidades, pero también, que revisara cada una de los presupuestos, porque bien a bien, no se sabe a dónde va a parar el dinero que se destina para cada caso en específico.
Ciertamente la tarea educativa es inmensa. Mover al Sistema Educativo Mexicano, va más allá de un ataque frontal contra el magisterio. Varios investigadores, intelectuales, académicos, profesores y colegas de la pluma y las letras, lo hemos afirmado y constatado. ¿Será que en la calle de República de Argentina de la Ciudad de México no hay personas con la capacidad suficiente para tomar las riendas de una educación tan necesaria en un país tan vapuleado como el nuestro?
Me gustaría ver, ese choque con los gobernadores. Con seguridad, los costos políticos serían altos o altísimos pero… ¿acaso no es la educación una prioridad en el gobierno de Peña Nieto?
Tiempo al tiempo.
