Acontecimientos internos y externos han vuelto a destacar la urgencia de que la sociedad y el gobierno mexicanos tomen en serio el artículo 3o. de la Constitución. En lo interno, una de las señales graves es el hecho de que las élites políticas integraron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación según sus intereses para el 2018 y el 2024. Se trata de una acción grave del Senado que socava las bases institucionales de la democracia mexicana, uno de los principios fundamentales del artículo constitucional que fija los valores para la formación de los mexicanos. ¿Cómo puede la escuela trabajar con orientación a la democracia en un entorno legislativo adverso sobre un asunto tan trascendente? Es una señal, entre otras, de cómo la élite política desprecia a la sociedad.
En lo externo, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha hecho reales muchas amenazas que antes eran sólo posibilidades indeseables. Algunas reacciones del gobierno mexicano, en lugar de mostrar una clara voluntad de actuar para proteger los intereses del país, suscitan desconfianza. Es el caso, en particular, de haber recurrido al consabido discurso de que “México está preparado” para acontecimientos de esta naturaleza. Muchos especialistas, antes y después de las elecciones, han señalado la ausencia de un plan de acción en la política exterior y en la interior.
Así está el presente, mientras una reforma educativa sigue su curso sin que logre todo el apoyo social que necesita, no por el simple hecho de ser una política pública de la actual administración federal, sino porque en el mejoramiento de la educación reside uno de los factores que es fundamental tanto para la vida democrática como para el bienestar de los mexicanos, dos cosas interconectadas.
¿Por qué creer en el artículo tercero? Aunque el verbo creer puede llevar con facilidad al horizonte religioso, no es eso lo que ahora importa. El artículo mencionado contiene los valores que deben guiar la formación de los mexicanos y una acepción de valor es la de ser una creencia de que un modo de actuar es personal y socialmente preferible a otros. Para lo que señala el artículo tercero, están valores como democracia, dignidad de la persona, la educación misma reconocida como derecho de toda persona, con sus cualidades de integral y armónica, el valor de los derechos humanos como algo cuyo respeto debe promover la experiencia educativa, solidaridad internacional, independencia, justicia, laicidad de la educación pública, un nacionalismo que conduzca a la “comprensión de nuestros problemas”, al “aprovechamiento de nuestros recursos”, a defender “nuestra independencia política”, aprecio por la diversidad cultural, y varios valores más.
Creer en el artículo tercero significa tomarlo en serio no sólo para el trabajo de la institución escolar, sino para toda la acción de gobierno, porque no se puede pensar que se impulse una política pública acorde a los valores del tercero constitucional y que en otros campos de la responsabilidad gubernamental sean intereses particulares los que produzcan algunas decisiones, como la integración del tribunal electoral.
Creer en el artículo tercero significa que la política pública para la educación, es decir, el trabajo del gobierno para tener disponibles todos los medios necesarios para garantizar este fundamental derecho de los mexicanos, hagan posible una formación ciudadana en la que cada persona internalice, haga propios, los valores que prescribe el texto constitucional. De ese aprendizaje depende el desarrollo personal y el mejoramiento de la convivencia social en todos los ámbitos. Aquí está una aplicación específica de lo que ordena el artículo en términos de que la experiencia educativa tenga una calidad que garantice “el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. A algunas personas esta frase/propósito les parece vaga, insuficiente, inadecuada.
Sin embargo, la duda sobre ella no expresa más que una duda sobre la capacidad del gobierno para ocuparse de esa responsabilidad, bien por ineficacia gubernativa, organizacional, o bien, lo que es peor, por incapacidad moral. Por ejemplo, no puede un gobierno que no promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos, como ordena el artículo primero de la Constitución, dedicarse a fortalecer la escuelas para ese máximo aprendizaje en términos de la vida democrática, el respeto a la dignidad humana, el aprovechamiento de nuestros recursos, y así del conjunto de valores jurídicos de la educación.
Si bien la elección en Estados Unidos tiene consecuencias negativas para los mexicanos, no menos cierto es lo que ya padecemos: un conjunto de perjuicios sociales producto del mal gobierno por el uso indebido de los recursos públicos, por la impunidad o la justicia selectiva, por el descuido de los derechos humanos.
Creer en el artículo tercero constitucional y en su vínculo con el primero es importante por la formación ciudadana y para la transformación social que pueden alcanzarse en lo inmediato y en los años porvenir. Lo que ha vivido la nación mexicana en el pasado y lo que vivimos hoy nos hace darnos cuenta de la inmensa razón que tenían los constituyentes de Apatzingán: la educación “debe ser apoyada por la sociedad con todo su poder”. El gobierno, que tienen el encargo de la sociedad, debe ocuparse de ello.
