Un amigo y colega de mi Casa Abierta al Tiempo me comentó que, de vez en cuando, lee alguno de mis artículos en Excélsior. Subrayó lo de de vez en cuando porque su trabajo académico tiene que ver con enfermedades y medicinas, no con problemas sociales. Pero en su hacer cotidiano se entera de la vida política por la prensa y las redes. Me dijo que le explicara en pocas palabras qué es el desempeño profesional docente y por qué causa tanto alboroto. Le pedí que leyera mi pieza de hoy.
En breve:
1. El concepto de desempeño profesional docente (DPD) era ajeno al lenguaje del sector educativo mexicano. Su origen se encuentra en el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, en su mensaje a la nación del 1 de diciembre de 2012.
2. Es la médula de la Reforma Educativa, es la parte central de lo que las fuerzas políticas que firmaron el Pacto por México denominaron una reforma laboral y administrativa.
3. Tras las enmiendas al artículo 3 de la Constitución, donde se plasmó su esencia, el Congreso federal elaboró la Ley General del Servicio Profesional Docente; entró en vigencia el 12 de septiembre de 2013.
4. En síntesis, esta ley regula ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de los maestros en servicio, directores de escuela, supervisores y asesores técnico-pedagógicos (a estos últimos les otorga personalidad que antes no tenían) de educación básica y media.
5. Al ser una ley general, obliga a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los particulares, a cumplir sus preceptos. Pone en un solo ordenamiento jurídico la regulación laboral de los trabajadores de la educación; antes había un sinnúmero de reglamentos.
6. La nueva ley perturbó los arreglos corporativos preexistentes, donde los dirigentes sindicales prevaricaban las normas y lucraban con la herencia, compraventa y renta de plazas docentes. Era un negocio de miles de millones de pesos.
7. Por esas razones, tanto la camarilla que encabezaba Elba Esther Gordillo como los corros disidentes, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se opusieron con fiereza, no sólo al DPD, sino a la reforma constitucional en su conjunto.
8. Como lo demuestran las primeras investigaciones que se han realizado, sobre todo en tesis de maestría y doctorado (de algunas escribiré más adelante), tanto por la falta de información (errores de comunicación que cometió la burocracia) como por la propaganda de los opositores, los maestros de base eran presa de angustia debido a las evaluaciones acerca de la permanencia; ésta se denomina evaluación del desempeño docente. ¿Qué pasará con mi plaza?, era la pregunta principal que se hacían.
9. Esas investigaciones revelan que los maestros sentían sobre sus hombros todo el peso de la reforma. Para muchos, los docentes eran los promotores de la “crisis” en la educación. Pero ellos se perciben como las víctimas de un sistema injusto, vapuleados tanto por autoridades y camarillas sindicales como por los medios y asociaciones civiles.
10. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lidiaron con cierta eficacia en las primeras evaluaciones para ingreso y promoción al servicio docente. Sin embargo, dado que la ley establece sanciones para quienes incumplan con la evaluación del desempeño docente o que las pruebas arrojen que no son “idóneos”, hubo protestas a granel, en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, contra la evaluación en 2015. La SEP y los gobiernos locales usaron la fuerza pública para proteger las sedes donde se realizaron los exámenes.
11. No obstante, muy al estilo de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, hubo negociaciones bajo la mesa. La Secretaría de Gobernación hizo concesiones a la disidencia que quiebran el principio de igualdad jurídica, ya que otorgó plazas (vía regularizaciones) a maestros que no pasaron por concurso.
12. La SEP, en su comunicado 502 del 27 de noviembre, se vanagloria de que la cuarta jornada de evaluación del desempeño de 2016 se realizó a escala nacional sin mayores problemas.
Más allá del enunciado de la ley, el propósito de la reforma es arrebatar el control que cultivaban (y que todavía ejercen en gran medida) los líderes de las camarillas del SNTE, sobre la trayectoria laboral de los maestros. Esta ley es la punta de lanza del gobierno que proclama que quiere recuperar para el Estado mexicano la rectoría de la educación. Asunto que sigue en disputa.
