Alberto Sebastián Barragán*
Los profesores siempre han tenido un papel importante en la vida política del país, en diferentes momentos. En el trabajo de las aulas, van abonando capital cultural que germina en sus alumnos. Se fomentan valores cívicos y virtudes morales. Se trabaja la noción de democracia y sus valores. Se ejercitan Sociedades de alumnos, que son elegidas mediante votos de los estudiantes. Así, se les fomenta una cultura política de elección de sus representantes.
Esos contenidos educativos, se han trabajado en educación básica. Para el Plan 1993, la asignatura se llamaba ‘Educación Cívica’, y se asumía como “el proceso a través del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento”.
Para el Plan de Educación Básica 2011, la asignatura recibe el nombre de ‘Formación Cívica y Ética’, y entre sus propósitos prescribe que los alumnos: “Comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y de gobierno, por medio del análisis y práctica de valores y actitudes que se manifiestan en la convivencia próxima y mediante la comprensión de la estructura y funcionamiento del Estado mexicano para aplicar los mecanismos que regulan la participación democrática con apego a las leyes e instituciones, en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos, con un profundo sentido de justicia”.
Hice este recuento sencillo, sobre el trabajo en las aulas, para enfatizar ‘la necesaria evaluación de los maestros’, porque muchos mexicanos que cursaron las asignaturas del Plan 1993, son quienes se mantuvieron apáticos en las últimas elecciones, y otros de ellos, votaron por los actuales gobernantes y representantes. Entonces, parece que es muy necesario revisar el trabajo docente y el alcance de la educación básica.
La profesión de Estado.
Tanto en el Plan 1993 como en el 2011, aparece una lógica curricular en la que se pretende la construcción de una ciudadanía crítica. Si en la actualidad nos encontramos con esta realidad social, tal vez, una parte de la causa radica en los profesores. Pero ¿de dónde salieron estos profesores?
Recapitulemos. A principios del siglo XX, mediante el impulso de personajes como Justo Sierra, José Vasconcelos, Moisés Sáenz, Narciso Bassols, Jaime Torres Bodet, Profirio Muñoz Ledo, y Jesús Reyes Heroles; se fue configurando la carrera de maestro, como profesión de Estado.
El gobierno, signado como proveedor de educación laica, gratuita y obligatoria, desde el artículo tercero de 1917, empezó a ocuparse de la formación de profesores a través de las Escuelas Normales con mayor precisión. Y este sistema normalista, de la mano de la educación básica, se fue modificando según la versión de la reforma en turno del artículo tercero.
Cabe señalar, que Jesús Reyes Heroles, como secretario de Educación durante el gobierno de Miguel de la Madrid, impulsó el inicio de la profesionalización docente, elevando la “Normal elemental” al grado de licenciatura con el Plan 1984 para profesores de educación básica. Luego de ello, vinieron los Planes de 1997 y 1999 (que están por terminar), y la última reforma “curricular” de educación normal, empezó desde el sexenio anterior y se rige con el Plan 2012.
Este último Plan de Normales, implica sólo una nueva “malla curricular, y como es de advertirse, la simple modificación de planes en normales no puede considerarse como la solución de las necesidades del sistema educativo. Desde la lógica más simple, la prioridad radica en la formación de profesores, y luego en su evaluación.
Hace diez años, el entonces secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, convocó a los secretarios de Educación de las entidades a una discusión para definir la “política nacional de formación y desarrollo profesional de los maestros de educación básica”. Y como producto de ello la SEP publicó, en 2003 y 2004, los diecisiete “Cuadernos de discusión”, en donde se abordaron los principales temas de la formación docente en el país.
En el Documento Base se asumieron como retos: “la conducción, planeación y gestión de la formación inicial y permanente del magisterio, así como la conducción y regulación de la profesión docente” (SEP, 2003, pág. 38), de modo que consideraban grandes ejes para su transformación: federalización, salario, reforma curricular, y una diversidad y mixtura del magisterio.
Lo que se percibe en la actualidad, es sólo una aplicación de la reforma curricular, y la Ley del Servicio Profesional Docente. Lo que hace notar, que las modificaciones trazadas para la función docente, mentadas como “reformas educativas”, sólo enfrascan el interés por el control laboral de los maestros.
Si el cometido del gobierno federal implica la evaluación de docentes, provenientes en su mayoría de Escuelas Normales, formados con planes que el gobierno federal estipula, y con la formación continua que la secretaría de Educación Pública brinda; necesita estar estrechamente vinculada la evaluación docente, con la formación inicial y programas de actualización docente.
Volteamos la mirada otra vez a las Escuelas Normales. En donde hay un Plan 2011 (piloto), que quedó indeterminado con la expedición del Plan 2012, por la diferente distribución de cursos por semestre. En las Escuelas Normales permanecen inercias que escapan a la nueva malla curricular; por ejemplo: los formadores de docentes (que están fuera de la Ley de Servicio Profesional Docente), así como el trayecto de los investigadores (que muy pocos investigan), y demás deficiencias estructurales y administrativas que complejizan la formación inicial de docentes.
Si bien no están fuera de la reforma, por lo menos nos les ha llegado su hora. El compromiso 12 del Pacto por México, consiste en establecer el Servicio Profesional Docente, que aparece tras discusiones y el decreto de las Leyes Secundarias. Y el compromiso 13, menciona “Fortalecer la educación inicial de los maestros”, en donde se propone apoyar a las normales para impartir una educación de excelencia.
Este compromiso dicta: “aprovechar los conocimientos y el capital humano de las universidades públicas del país”. Por lo que el presidente Enrique Peña, al presentar las reformas del 11 de septiembre, instruyó al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, diseñar el “Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas que mandata la ley. Y proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, incluyendo sus planes y programas, así como sus materiales y métodos educativos”.
Si resultó tan apremiante la evaluación de los docentes, antes que su formación inicial, quiere decir que el gobierno federal “sospecha” que no se está cumpliendo con cabalidad con la formación de docentes dentro de las Escuelas Normales. Estaremos pendientes de las ocurrencias de los hechos de la política educativa siguiente.
* Jefe de redacción de Voces Normalistas.
