Cuando leí los puntos acerca de la Reforma Educativa que expuso el Pacto por México, me pregunté hasta dónde llegaría el gobierno en su intento por retomar la rectoría de la educación. Malicié que detrás de ese objetivo expreso, se asentaban tres propósitos implícitos: recentralizar el poder en la institución presidencial, lindar —no extinguir— al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y acrecentar la legitimidad del Estado, no sólo del gobierno y los partidos firmantes.
El 2013 fue un año de beneplácito entre los reformistas: ya se habían procesado las enmiendas a la Constitución y a la Ley General de Educación, promulgado dos leyes nuevas, levantado el Censo Nacional de Maestros y Elba Esther Gordillo estaba en la cárcel. Sin embargo, se vislumbraban nubarrones en el panorama por el rango de interlocutor que la Secretaría de Gobernación le daba a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy puedo confirmar que me quedé corto al pensar en los límites de la reforma.
Rumié que el SNTE, con todo y la señora Gordillo fuera de circulación, seguiría siendo un hueso duro de roer; gracias a la colonización, continúa gobernando en la educación básica. Sus tradiciones le permitieron imponer frenos a los intentos descolonizadores, con disimulo, no como la CNTE, con la protesta callejera y violenta. También juzgué que la CNTE iba a librar todas las batallas para permanecer como fuerza beligerante (aunque no imaginé que fuera a lograr tanto) y que no sería derrotada en toda la línea.
También me parecía patente que, aun sin vociferar, los gobernadores se oponían a la reforma o, al menos, no la apoyarían con entusiasmo. El gobierno federal concentraba las decisiones, les arrebataba parcelas de mando y poco después el control de la nómina.
Con todo y el descontrol que causaba la CNTE, en aquel año parecía que el gobierno avanzaba en sus designios centralistas y en restringir al SNTE, ganaba en legitimidad, la plaza pública concedía credibilidad a las acciones reformistas.
Sin embargo, llegó 2014, un año de gracia que el SNTE consiguió para “conciliar” las nóminas y que sus secciones negociaran con los gobiernos estatales. Y, si la Segob hacía concesiones a la CNTE, ¿por qué los gobernadores no podrían hacer lo mismo con la parte institucional del SNTE? Permitieron la continuidad de la colonización y, desde la administración, los funcionarios fieles al SNTE dragaron la ejecución de la reforma. Aplicaron sus mañas. Lo comenté en varios artículos y ponencias. En resumen, juzgué que el SNTE es el freno y mal hace el gobierno en buscarlo de aliado.
A pesar de los avances en el terreno de la legislación, sobreviven fallas institucionales. La burocracia, en particular la de origen sindical, castiga a quienes ingresaron a la docencia mediante el concurso. Presto la voz a dos de mis corresponsales que creyeron en la promesa meritocrática y hoy resisten injusticias (por razones de espacio resumo sus denuncias).
En una respuesta a mi artículo del 4 de enero, don Ramón Díaz arguye: “Las plazas se siguen vendiendo, heredando, negociando. Pero no sólo las plazas, también las permutas y los cambios… Mientras los maestros que entraron limpiamente son relegados por sindicatos y autoridades magisteriales, se les niegan los cambios, se les manda a los peores lugares”.
Don Justo Arenas, el 8 de enero, me critica porque, según él, no denuncio: “El incumplimiento constante de las instituciones por basificar a los profesores de nuevo ingreso (por concurso)”; ni documento “los salarios miserables que se les ofrecen”; ni “sobre la casi imposibilidad de aumentar las horas de trabajo”. Pienso que se equivoca. Quizá con otras palabras, pero en decenas de piezas he criticado al gobierno y a funcionarios con nombre y apellido por permitir esas desviaciones. Incluyendo al presidente Peña Nieto. Pero tiene razón, no lo hago todos los días.
Los límites que no puede rebasar la Reforma Educativa son los que el mismo gobierno se impone: ya por miedo a la CNTE, ya por complicidad con el resto del SNTE. Hasta hoy, la centralización del poder en la Presidencia ha traído más penas al Presidente que eficacia al poder de mando. Ha circunscrito poco el papel del SNTE, le ha dado más potestad a la CNTE y, por los yerros institucionales, pierde legitimidad. En consecuencia, el gobierno no redimirá la rectoría de la educación.
RETAZOS
El único límite que tengo para mis artículos es el número de caracteres por pieza.
